Coparmex y Ocupa, que después de las elecciones disminuyeron su discurso contra Morena, organizan marcha por la seguridad que impulsa la clase ortodoxa de Mexicali
El próximo 27 de agosto, representantes de la iniciativa privada mexicalense arrastrarán a agremiados de cámaras empresariales, hijos de hombres de negocios allegados al PAN e integrantes de equipos de trabajo alineados a la derecha tradicional de Mexicali, a una manifestación para exigir algo que sin duda une a todas las clases sociales y políticas: seguridad.
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La noche del sábado será suya, cuando en punto de las 19:00 horas acudan al Parque Vicente Guerrero para unificar su fuerza y caminar hacia el Centro Cívico de Mexicali, con el objetivo de mostrar su repudio hacia los hechos violentos perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de la ciudadanía.
Así, la clase fifí -como los ha catalogado el Presidente Andrés Manuel López Obrador- saldrá a las calles para exigir que los gobiernos cumplan con la responsabilidad más importante en el encargo: garantizar la seguridad de sus representados.
En discurso, la manifestación que se llevará a cabo debería tener el respaldo colectivo, toda vez que la situación de violencia en la Capital del Estado puede palparse. Sólo la cifra de homicidios en los primeros ocho meses del año ha superado los 210, una realidad histórica para Mexicali.
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Desde luego, la protesta es legítima y pretende ser una medida de presión contra los gobiernos morenistas, que indudablemente han fracasado de forma garrafal con una inexistente política de seguridad.
Pero ¿qué intereses están detrás de todo esto? ¿Quiénes son los artífices? Déjenme decirles que los mismos de siempre.
Representantes de la agrupación Ocupa, alfiles allegados o pertenecientes a Coparmex y algunos colectivos de la derecha panista tradicional, formarán parte de esta manifestación que pretende llegar al corazón de los ciudadanos, pero que -nuevamente- la dirigen desde el privilegio.
El sector empresarial de Mexicali se ha perdido entre proteger los intereses de su sector y no participar en la ciudadanía, o bien, en dirigir una embestida contra los gobiernos morenistas. En ninguno de los dos casos piensan en la ciudadanía.
Jamás tendieron puentes con los colectivos feministas que han sido directos en pedir mayor protección y atención a sus causas, ni con los representantes del transporte público, que de hecho, fueron los principales afectados en los ataques; no tejieron vínculos con líderes de comunidades aledañas donde la violencia sí es un problema de vida o muerte, a diferencia de comunidades como Los Pinos, Colonia Nueva y Villafontana, de donde es precisamente una de las partícipes de nombre Irma Alicia Mendoza, quien hace dos años mostró su mayor nivel de clasismo cuando juntó firmas y orquestó manifestaciones en contra de la instalación de un albergue para migrantes que pretendía dar asilo a personas en contexto de movilidad provenientes de Centroamérica.
A un año, los empresarios y sus representantes no entienden que no entienden. Les resulta imposible comprender que los problemas de la ciudadanía están por encima de sus intereses personales y de grupo, continúan dirigiéndose como coach de vida hacia la ciudadanía, creyendo que discursos simples o un lenguaje llano, son suficientes para “llegarle a la raza”. Nada más alejado de la realidad.
Ese sector de empresaurios sostienen sus viejas prácticas, que no han renunciado a sus privilegios -ni los reconoce- y que se consideran personas honorables o de calidad moral para exigir, pero que les encanta sentarse junto al poder y gozar sus mieles.
En 2017 y 2018, un grupo de empresarios mostró una línea discursiva férrea y agresiva para hacer frente a los actos de corrupción de Francisco Vega de Lamadrid, para lo cual se unieron brevemente con colectivos como Mexicali Resiste. Pese a ello, durante el bonillismo, fueron relegados e incluso repudiados. Hoy extrañan bailar con el poder público.
Los financieros de Ocupa, que ya se conocen bien, buscan por todos lados tejer relaciones tersas con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa Norma Alicia Bustamante, pero por debajo envían a sus emisarios para causar inestabilidad en los gobiernos. Temen enfrentarse de frente porque necesitan al poder para continuar con sus beneficios, pero también dirigen tácticas para doblegarlo.
Podrán salir con sus atuendos blancos y sus discursos “apartidistas”, pero al final siguen sin entender a la sociedad, a la ciudadanía de la que dicen ser voceros, cuando ni siquiera la conocen. No entienden que no entienden porque siguen tomando decisiones desde su privilegio e ignoran las verdaderas causas sociales.
Utilizan el discurso de la violencia de género, pero no instauran políticas en sus empresas para combatir el acoso y abuso sexual laboral; usan a las familias de los desaparecidos en sus reclamos, pero nunca caminan en las búsquedas o apoyan económica o profesionalmente a las víctimas; reclaman por los asaltos, pero sólo se escandalizan cuando se comete en zonas acomodadas; buscan que la ciudadanía empatice con ellos, cuando ellos no empatizan con la ciudadanía. Ven los problemas locales y se aterrorizan de la misma forma como se cautivan con un documental de Netflix sobre la explotación del aguacate en Michoacán o la violencia en Guerrero.
Mientras los empresaurios y sus seguidores no salgan de su burbuja y crean que ayudar a la ciudadanía sólo es limpiar un parque público o hacer activismo en marchas oportunistas, Morena seguirá cautivando a los ciudadanos con promesas vacías y políticas asistencialistas… muy parecidas a las que también utilizó el PAN y el PRI para preservar el poder.
