Sociedad civil, activistas y periodismo, han exhibido deficiencias gubernamentales e incluso actos de corrupción. Caso de “Brutalidad en el DIF”, el más reciente, pero no el único
Utilizar el término “gobierno transparente” es parte del guion de casi todos los discursos políticos en los últimos años, como una presunción o un mecanismo que garantiza que no existen omisiones, abusos o actos de corrupción dentro de las administraciones gubernamentales.
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Transparencia tradicional y gobierno abierto son dos posturas en torno a la máxima publicidad de las acciones de gobierno, donde la primera pretende dosificar y controlar la información pública, mientras que el segundo concepto es más una visión utópica que nos dirige como sociedad hacia un manejo libre de la información que permita una democracia mucho más participativa. En otras palabras, que la información esté disponible aunque no la pidamos.
En las últimas semanas, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha sido exhibido por la opacidad y el manejo discrecional del recurso público.
Ha sido a través de reportes periodísticos, filtraciones y acciones directas de la sociedad civil organizada como Obserbc, Coparmex y trabajos propios de auditorías, que se ha podido obtener información sobre los puntos negativos del actual Gobierno del Estado de Baja California.
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El caso más preocupante es -sin duda- la exhibición del video publicado por ZETA, en el cual se observan las agresiones que se viven dentro de las instalaciones del albergue de DIF Tijuana. La gobernadora dijo que la directora del Sistema ya estaba enterada del tema y que tomaría cartas en el asunto.
Sin embargo, los abusos dentro del DIF fueron cometidos -dicho por ellos- en octubre de 2021, pero no fue hasta que se hizo público el video en el mes en curso, que emprendieron acciones de remoción de trabajadores implicados que atestiguaron la agresión, pero no intervinieron. Lo peor es que el procedimiento no fue mediante una investigación seria, sino un arrebato que puede ser impugnado mediante un juicio por parte de los trabajadores, quienes de alguna forma también son víctimas ante la falta de protocolos y cuidados por parte del DIF para atender este tipo de situaciones.
Reportes periodísticos de este Semanario también han exhibido que la administración de Ávila Olmeda ha “bloqueado” información pública importante como los detalles de la rescisión del contrato con Next Energy y los compromisos con la empresa Seguritech Privada, para la adquisición de tecnología por un monto superior a 1.2 mil millones de pesos.
En ambos casos se pudo constatar la opacidad hasta que, mediante peticiones de Transparencia, en las que se negó a compartir la información bajo argumentos jurídicos obsoletos cuya única intención es -dolosamente- restringir la información pública.
Otros casos como la revisión de los estados financieros que lleva a cabo la agrupación Obserbc, donde gracias a la obligación que se tiene por parte de los gobiernos en brindar información de oficio, se pueden evaluar de forma general las finanzas de los entes públicos. Ahí se han demostrado quebrantos, malas prácticas financieras y crisis que los gobiernos han intentado ocultar.
Mediante solicitudes de información, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también ha exhibido malas prácticas, adquisición de camionetas con cargo al erario e incluso triangulación de recursos materiales para beneficiar a funcionarios, como la compra de cuatro camionetas para la Policía Municipal que terminaron en manos de funcionarios de primer nivel, cuando existía escasez de patrullas.
Todo esto ha sido descubierto gracias a que medios de comunicación y organizaciones civiles han asumido el compromiso de revisar las acciones de gobierno, puesto que este tipo de decisiones se tomaron en la opacidad.
En un contexto en el cual la sociedad civil y privada ha tomado un rol activo para vigilar las acciones de gobierno, el órgano que garantiza el acceso a la información se encuentra bajo una intensa pugna política.
Y es que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIP) se encuentra en conflicto tras el ingreso de Rodolfo Muñoz, comisionado suplente que asumió -ilegalmente- un espacio vacante.
Tiene como madrina política a la oficial mayor, Rocío López Gorosave, quien respalda sus acciones, en las que también participa la comisionada Lucía Ariana Miranda Gómez, en contra del actual presidente del ITAIP, Alberto Sandoval Franco.
El control del ITAIP por parte del gobierno complicaría aún más el acceso a la información de la ciudadanía y, ante la falta de opciones políticas discrepantes con el régimen actual, la sociedad civil organizada ha ocupado el espacio de contrapeso del poder.
