Bastaron 70 días de administración de Víctor Manuel Castro Cosío para confirmar que la nueva estrategia de seguridad pública está fallando; no basta con reunirse todos los días a las ocho de la mañana para “salvar a Baja California Sur”.
El 26 de noviembre de 1997, a balazos, despojaron de la tranquilidad y la salud al codirector fundador de ZETA, Jesús Blancornelas. A su escolta, Luis Valero, le arrebataron la vida. Fueron asesinos al servicio de los hermanos Benjamín, Ramón y Javier Arellano Félix, cabezas del cártel que se identifica con sus apellidos. Como evidencia, uno de los jefes de sicarios del CAF murió en la escena.
Desafortunadamente, el gobierno de la República, no solo el actual, actúa a su conveniencia y provecho, porque seguramente, si alguno de los antecesores de López Obrador, hubiese emitido tal decreto, él habría sido el primero en manifestarse, en dudar, en presumir opacidad y corrupción.
¿De qué será capaz la justicia en Baja California Sur para buscar culpables de delitos? Un ejemplo se registró el 10 de noviembre en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, cuando Héctor Manuel Chávez Aparicio denunció a la juez de Control y a la subprocuradora de la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia por el presunto delito de “tortura psicológica” en agravio de su nieta de 5 años, menor de edad ante la Ley y la justicia.
La miscelánea fiscal del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, levantó incertidumbre en distintos sectores, la sociedad civil organizada es uno de ellos. Líderes de asociaciones advierten que las medidas de recaudación que se aplicarán a partir del próximo año, ponen en riesgo a organismos no gubernamentales que coadyuvan a la población.
La escuela primaria Emiliano Zapata se convierte en sitio donde se concentran las historias marcadas por la pobreza y el abandono institucional que viven las y los habitantes de El Pescadero. La desigualdad abraza a los niños en cada una de las aulas, para después proyectarse en cada una de las calles de esta comunidad de migrantes de Baja California Sur
El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió, este lunes 22 de noviembre, un decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones.
Las 10 grandes empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, acusadas por el Gobierno de México de supuestas prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano, pidieron, este lunes 22 de noviembre, a la Corte Federal del Distrito de Massachussets que se desestime el caso.
