“Cuando la criatura manifiesta física, emocional o expresamente no quiere declarar, en ese momento debe acabar cualquier cuestionamiento”, advierte Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, tras menor torturada psicológicamente en juicio
¿De qué será capaz la justicia en Baja California Sur para buscar culpables de delitos? Un ejemplo se registró el 10 de noviembre en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, cuando Héctor Manuel Chávez Aparicio denunció a la juez de Control y a la subprocuradora de la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia por el presunto delito de “tortura psicológica” en agravio de su nieta de 5 años, menor de edad ante la Ley y la justicia.
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“Presentamos esta denuncia por una única razón: la tortura sometida a la menor una vez que manifestó de viva voz, hasta por tres ocasiones en una audiencia, a donde la llevaron a declarar, a rendir su testimonio, que ya no quería estar en ese lugar”, expresó Beethoven Castrejón García, abogado litigante.
En la denuncia bajo el expediente SJC/2585/2021/NUC, quedó plasmado que la menor de edad refirió hasta en tres ocasiones “Nana, no quiero estar aquí”; pese a ello, tanto la juez como la subprocuradora, la sometieron a interrogatorios de 50 minutos en promedio.
De acuerdo con los testimoniales, todo inició cuando la menor respondió de manera negativa a los cuestionamientos del Ministerio Público y, al no obtener la contestación esperada, la parte acusatoria insistió por 44 minutos el primer día, al día siguiente 56 minutos y posteriormente citaron para un tercer encuentro.
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“El suscrito hizo de conocimiento que estaban violentando los derechos humanos de la niña, fue hasta entonces que decidió, por el momento, parar el interrogatorio al cual estaba siendo sometida la menor por parte de la subprocuradora de la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, y a consecuencia, creímos que eso ya había sido superado, pero oh sorpresa. La juez pregunta a la subprocuradora qué iba a hacer con la menor, si la liberaba o qué iba a hacer, entonces la subprocuradora dijo que no la liberaba y quería que la citaran para el siguiente día, para tomar nuevamente otra declaración, porque no había obtenido la información que ella necesitaba”, expresó el abogado de la víctima.
El defensor del señor Héctor Manuel hizo de conocimiento a la juez que demandarían a las servidoras públicas por el abuso, delito conocido como tortura psicológica en agravio de la menor. Pese a saber a lo que se enfrentaban, la juzgadora instruyó continuar.
Pareciera que todo estaba arreglado, sólo faltaba que la víctima declarara lo que “ellas” querían, pero como la subprocuradora no tuvo la pericia para plantear las preguntas adecuadas a la menor, no obtuvo la información que pretendía, violentando los protocolos establecidos para la atención cuando se trata de atender a menores, niñas y niños que participan en un proceso penal.
“Al siguiente día, antes que iniciara eso, a la juez le hicimos saber que nos oponíamos rotundamente a continuar con el interrogatorio hacia la menor, toda vez que se estaba revictimizando y lo estaban haciendo ellas mismas. La menor ya había contestado que no le había sucedido nada, pero evidentemente no era la información que (las funcionarias) querían, sin embargo, independientemente de ello, volvemos a la palabra revictimizar o victimización secundaria, que no es otra cosa que los propios servidores públicos estén sometiendo a la menor a lo mismo. Nos opusimos y aun así le hicimos saber a la juez y a la subprocuradora que las denunciaríamos por la tortura psicológica a la que estaban sometiendo a la menor, no así, ignorando esto”, comentó Castrejón García.
Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el caso en investigación, pero por tratarse de un menor involucrado, se mantendrá el sigilo de la misma, hasta acreditar el delito demandado.
En cambio, la parte que demandó la falta de profesionalismo expresó que la juez se extralimitó en sus funciones, ya que sólo está a cargo de la diligencia y no puede intervenir activamente o determinar el estado de salud de algún participante, por lo cual quebrantó los protocolos de atención a un menor.
“Desde la primera vez que le tomaron la supuesta denuncia a la menor, se hubiese realizado el video que sugiere el protocolo, no hubiese necesidad de llevarla ni siquiera a atestiguar. Independientemente del origen que tiene la presencia de la menor ante el tribunal, es lamentable que no se cuide, que no se proteja al menor, y una juez abusando, extralimitándose de sus facultades. Ella decía: ‘Si yo veo que la menor está llorando, entonces detengo el interrogatorio’, pero no es necesario que un menor llore, no todos los menores lloran ante una situación de presión, no todos reaccionan igual. Se debió haber solicitado un dictamen previo a la testo del menor, para saber si podía o no estar en esa circunstancia”, denunció el abogado, para reiterar que “se violaron todos los pasos del protocolo y los derechos esenciales de la menor”.
VÍCTIMAS DE LA AUTORIDAD
En el supuesto de que un menor haya sido víctima del delito, no es necesario que esté presente ante un juez, ni es primordial que rinda su declaración o presencial, sino a través de un especialista y en video, y eso no se hace en Baja California Sur.
Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, habló del protocolo a seguir en menores de edad involucrados en algún caso penal, priorizando en todo momento la salud del infante.
“Baja California Sur está fallando terriblemente en este sistema, que se aprueba o se permite lo que se llama prueba anticipada, es decir, en lugar de llevar a la criatura al Juzgado y traumatizarla, con todo el protocolo que implica enfrentar un procedimiento de ese tipo, es llevando a la criatura a un ambiente amable, afable, cordial, menos traumante y en presencia un familiar cercano, que no tenga relación directa con quien la haya victimado.
“En caso de un programa vinculación familiar, con un especialista, un psicólogo experto en psicología infantil, la autoridad que quiere interrogarlo lo puede hacer de manera indirecta, no tiene que estar ahí. A través de un experto puede hacer la entrevista, se videograba y se guarda, y se exhibe de ser necesario en juicio”, explicó Rubio Ruiz.
Quedó claro que en el caso de la menor de 5 años, las servidoras públicas ignoraron todo procedimiento, exhibiendo su ignorancia y falta de profesionalismo, tres días para casi obligar a una menor a declarar en contra del supuesto victimario, cuando expresamente se dirigió a los presentes en que ya no quería estar en ese sitio.
Incluso la comunicación de la menor la hizo a un familiar directo, con las autoridades y partes presentes.
“En el momento en que el menor establezca por lenguaje físico, corporal o expreso, que ya no quiere seguir siendo interrogada, en ese momento debe suspenderse; un peligroso criminal, el más sanguinario de los criminales, no está obligado a declarar si no quiere, si los criminales, si los tipos que son socialmente lesivos no están obligados a declarar, con mayor razón una criatura, con mayor razón una víctima no puede ser obligada”, lanzó el representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
En un juicio es vital que los servidores públicos vean siempre por los derechos de los pequeños, ya que “es probable que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que bien, no pueda referirse con precisión al mismo; es decir, hay esferas como el tiempo, el lugar y las circunstancias”.
En su Artículo 4, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura menciona:
“A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta”.
“Es muy importante en víctimas de abuso sexual, son las más delicadas siendo menores”, afirmó Arturo Rubio Ruiz.
Obligar a un menor de edad a declarar ante un juez en forma personal y directa, puede ser verdaderamente traumático, cualquier evento reviviría el supuesto delito al que fue sometido.
“Toda la participación de un menor de edad en un proceso -estamos hablando del Sistema Acusatorio- debe abordarse desde la premisa de máxima cautela, hay que salvaguardar no sólo la identidad e imagen de la criatura, sino su intimidad, es decir, si no quiere declarar, no la puedes forzar. Cuando una criatura ya no quiere seguir declarando, ya está cansada o ya está afectada emocionalmente y se insiste en seguir interrogando, se está cometiendo un acto de tortura”, remató el especialista.
NO MÁS VIOLACIONES A MENORES
Entre 2019 y 2020 se tuvo un incremento del 7% en delitos contra la libertad y la seguridad sexual, así lo establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en los primeros nueve meses de 2021, comparado con el mismo periodo de los dos años anteriores, supera por un 5% más registros.
La PGJE ha incrementado notablemente las detenciones por delitos relacionados a la libertad sexual, mientras en las calles, el narcomenudeo y robos están al alza.
“Lo que buscamos con esta circunstancia, es sentar un precedente para que a posteriori, todas las actuaciones se hagan con estricto apego a la normatividad, no podemos estar so pretexto de buscar una sentencia condenatoria vulnerando derechos humanos, y menos de personas que se encuentran dentro de un grupo vulnerable, como son los menores”, indicó Beethoven Castrejón.
La pequeña de apenas 5 años es la víctima en ese sentido, no sólo del caso por el que llegó al tribunal, sino que las propias autoridades la están revictimizando, violando todas sus garantías para obtener una condena contra alguien a quien ni siquiera se ha logrado configurar el delito.
Las autoridades están más preocupadas pisoteando los derechos de una menor de edad, que investigando los supuestos de la agresión que llevó a la niña ante la autoridad.
“Ante la ignorancia, vienen las ofensas, y en este caso ante la ignorancia, la falta de conocimiento de protocolos se hacen las cosas como se puede, y si se trata de culpar por culpar, volvemos al tema de tortura. Cuando no sabes interrogar a una persona u obtener la información que necesitas con tecnicismos, pues recurres a la tortura, como lo vienen haciendo en el caso que nos ocupa”, añadió el abogado Castrejón García.
El personal que está procurando la justicia en Baja California Sur está mostrando la falta de oficio, de conocimiento de todos los protocolos en defensa de las víctimas, y mucho tiene que ver que la llegada a puestos clave de “abogados recién egresados de las universidades”, evidenciando “la falta de conocimiento, de preparación, que lleva a cometer este tipo de errores”.
Definitivamente, la denuncia de estas violaciones contra la menor de edad sentará un precedente, pero primero debe escalar un peldaño más, al ser atraído el caso por la Fiscalía General de la República. La PGJE no puede investigar a una juez y a una subprocuradora local, porque no se harían bien las ejecuciones.
Por tratarse de un delito federal, se debe dar aviso a las autoridades correspondientes. Al cierre de esta edición, la autoridad estatal no había puesto sobre entendido a la fiscalía especializada.
“Vamos a buscar la forma, primero, de presentar una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos, a solicitar en la medida de lo posible y que la Ley lo permita, que la Fiscalía General de la República atraiga el asunto. Estamos denunciando a una subprocuradora y una juez de Control ante la procuraduría estatal, evidentemente no va a haber imparcialidad en este asunto, por el alcance ya debería estar en la fiscalía especializada en tortura, lo cual no ha sucedido, y ese es el primer indicador de que las cosas no se van a hacer como deben hacerse”, afirmó el abogado del denunciante.
DETENER PARA INVESTIGAR
En México, particularmente en Baja California Sur, se están llevando malas prácticas en la procuración de justicia, no sólo en delitos sexuales, delincuencia organizada y homicidios. Los sudcalifornianos hemos atestiguado que personas son detenidas sólo por mostrar resultados, y al paso de semanas o meses, son liberados por malos procedimientos o falta de pruebas. Mucho tiene que ver la falta de preparación y no armar bien los casos, “se caen con una buena defensa”, dicen los expertos.
“Ojalá pudiéramos hacer eco en esto, no sólo por el asunto de esta menor, Sino hacer eco por todos los asuntos que pasan y lo lamentable, lo peligroso que ha resultado estar en manos de estas gentes que inventan delitos. Imagínate que de pronto se enoja la esposa de alguien y decide inventarle un delito, pero como tenemos gente que no conoce la esencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que la encomienda es procurar justicia, no son una fábrica de delincuentes, se supone que tienen la facultad de investigar si el hecho es cierto o no, si hay elementos o no, lo cual hacen. Si llegan, Dios guarde a quien denuncia delito sexual, porque no investigan, aplican, al primero detienen y luego investigan”, denunció el abogado.
Hay delitos que falta investigar a detalle, no sólo tomarlos como culpables, sino llegar a fondo en cada investigación, pero la falta de personal lleva a conclusiones rápidas, a una justicia exprés.
“Que la PGJE se pusiera a investigar si realmente no es un acto de represalia, de coraje, de odio en contra de, si efectivamente sucedió el hecho en contra del menor o la víctima, no lo hacen así, lo dan por hecho desde el primer momento, aunque no hubiese ocurrido así. Cuánta gente queda libre, que es culpable, porque no se hacen adecuadamente los protocolos”, refirió Beethoven Castrejón respecto a las violaciones del procedimiento.
El Sistema de Justicia Penal en el Estado no está mal, es un sistema garante que abona a llevar a la justicia a aplicarse a los presuntos responsables, sin embargo, están fallando aquellos que aplican la Ley, los procedimientos y captura de delincuentes.
Desde siempre ha sido una queja muy sentida del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, ellos directamente ofrecen capacitación del personal, asistencia psicológica y legal, pero la autoridad ignora todo tipo de asistencia.
“Los policías no tienen preparación, los policías primeros respondientes no tienen la menor idea, los policías investigadores no tienen la preparación suficiente, el Ministerio Público, encargado de dirigir la investigación, va saliendo de la universidad, los psicólogos los vuelven especialistas saliendo de la universidad, los vuelven peritos expertos en materia, cuando no habían hecho un dictamen. Todo lo hacen a base de formatos, si lees el formato de la denuncia A, la 1, la 2, la 3 o la 4, por el delito de violación, todos los dictámenes psicológicos son exactamente iguales, sólo le quitan los nombres y las generales, son iguales, sólo copian y pegan”, finalizó Castrejón.
