Ciertamente, promover reformas constitucionales, es una de las facultades que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió usar desde la campaña, cuando anunció, entre otras, la reforma al Artículo 108 para eliminar el fuero; al 127 para que nadie gané más que el mandatario; y al Artículo 4, para dar rango constitucional a los programas sociales.
Aunque no está planteado como exigencia en la Ley de Bienes del Estado de Baja California, “la autoridad tiene que justificar el fin legítimo, debería de haber un estudio científico para ver si el beneficio que se dará a la UABC justifica el perjuicio que se le daría a la ciudadanía al mover las dependencias”, expuso el 12 de marzo ante el Grupo Madrugadores, Sergio Bravo Gibert, doctor en Derecho Constitucional y miembro certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
Con dos años de gobierno y la próxima elección encima, frente a sus contrincantes políticos, el mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, juega a los resultados a “corto plazo”. Promueve procesos que afecten a sus enemigos en lo inmediato, aunque sabe que en el largo plazo tiene pocas posibilidades de ganar.
En quince meses de gobierno de Jaime Bonilla, se han cometido 3 mil 929 homicidios, “Los Chapitos” entraron a Baja California como nuevo cártel a la pugna territorial, la violencia se detonó en Ensenada y Tecate y se redujo en Tijuana.
En Baja California, las mujeres son más productivas que los hombres y con menos oportunidades, comentó el secretario de Economía Sustentable y Turismo: “De las más de 32 mil solicitudes de créditos-apoyos que recibimos para reactivarse, más del 60 por ciento fueron de mujeres”.
Una vez más, Karla Ruiz Macfarland tomará las riendas del Ayuntamiento de Tijuana. Esta vez, de manera definitiva para cubrir los siete meses que restan de la administración de Arturo González Cruz, quien solicitó licencia de manera indefinida.
En mayo de 2020, tras conocerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no respaldaba la inconstitucional ambición del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para ampliar su periodo de dos a cinco años, lo que intentó solapado por el poder que despliega sobre el Congreso de mayoría morenista y los ayuntamientos -a excepción de Tecate, que votó en contra-, el alcalde electo por Tijuana, Arturo González, tuvo una gran osadía.
La crisis de inseguridad que prevaleció durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, representó una oportunidad de negocios para la empresa privada SeguriTech, que durante los seis años del priista, obtuvo más de diez convenios millonarios con gobiernos estatales, para la instalación y funcionamiento de Centros de Inteligencia y Video vigilancia. Opacidad, incumplimientos a las Leyes de Adquisiciones, sobreprecios y resultados deficientes, son algunas de las inconsistencias que comparten estos contratos
