En su fracción VII, el Artículo 3º Constitucional consigna la facultad y responsabilidad que tienen las universidades de gobernarse y administrarse a sí mismas. La Carta Magna las define como organismos público autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con autonomía de decisión, de reglamentación, de gestión y presupuestaria.
De igual forma, les otorga autonomía constitucional para que las funciones que cumplen y el servicio especializado que ofrecen a la sociedad, no se subordine a intereses o consideraciones partidistas.
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Pero como en la vida real los partidos han preferido que la autonomía de las universidades y otros organismos sea únicamente de papel, han decidido no generar y promulgar las leyes, reglamentos y protocolos necesarios para crear el marco constitucional eficaz que defina las obligaciones y disposiciones específicas para que las universidades accedan de manera “directa” a los recursos públicos a los que tienen derecho, sin que la llegada del dinero dependa de las filias, fobias, creencias, objetivos, corrupciones o desvíos de los gobernantes en turno.
Para que los partidos o grupos en el poder no sometan a las máximas casas de estudio con argumentos patrimonialistas, condicionado bajo la amenaza de negar el acceso al dinero aportado en impuestos por todos los mexicanos -el cual debería servir también para la educación de sus hijos-, el tema viene a colación porque la autonomía de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) lleva más de un año siendo seriamente violentada.
Primero, por el gobierno estatal de Francisco Vega de Lamadrid a punto de terminar y cumplir doce meses sin entregar de manera regular la asignación de recursos a los que el Estado está obligado. Y desde hace diez meses, libra a una batalla a dos frentes ante la indolencia y manipulación política de la presidencia de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, desde donde han emitido boletines anunciando la llegada del dinero sin cumplir.
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En febrero de 2019, Movimiento Regeneración Nacional cumplía su primer trimestre en el Gobierno Federal cuando Jaime Bonilla Valdez, entonces súper delegado, ya mencionado por dirigentes del partido como precandidato a gobernador de Baja California por Morena, anunció que había conseguido 954 millones de pesos para la UABC. Era lo que hasta ese momento les debía la administración de “Kiko” Vega.
Hoy la deuda con la UABC es ya de mil 597.4 millones de pesos, y casi 700 de esos millones se han sumado en diez meses de promesas incumplidas por parte de Estado y Federación.
Con un manejo evidentemente político del tema, están esperando otros veinte días para que el 1 de noviembre de 2019, cuando Morena asuma la gubernatura del Estado, empiece a fluir el dinero, o por lo menos esa es la esperanza tras una nueva promesa, esta vez de Adalberto González Higuera, próximo secretario de Finanzas en la que será la nueva administración: el contador se comprometió a saldar todas las deudas que se tengan con diversos sectores, incluida la UABC.
Tras más de un año sin recibir el presupuesto de manera regular, y agotado el fondo de contingencia, las autoridades universitarias notificaron desde finales de 2018 que se verían obligadas a reducir la nómina, bajar matrícula, vender vehículos, terrenos y entrar en un plan de austeridad. En septiembre de 2019 implementaron la última, por ser también la que menos efectos negativos tendría directamente en la calidad de la educación. Anunciaron que subastarían ocho predios, cinco ubicados en Mexicali y tres en Tijuana, todos valuados cuantiosamente.
La reacción de los hoy empoderados morenistas fue feroz, con el Gobierno Federal controlando el futuro acceso a recursos, representados en lo local por el Poder Legislativo, el próximo gobernador y el futuro secretario de Gobierno, Amador Rodríguez, quienes pretendieron ningunear la maltrecha autonomía universitaria.
Acusaron al rector, a los ex rectores, funcionarios de primer nivel, al Patronato y a los patronos -entre otras cosas- de malgastar los recursos, generar pensiones onerosas y tramposas, y de intentar malbaratar los terrenos en perjuicio del patrimonio universitario.
Decidieron amenazar con ponerles un contralor de gobierno y reformar unilateralmente la Ley Orgánica de la UABC, promulgada en 1957. Aquí el problema fueron las amenazas y el abuso de poder.
Tras una serie de jaloneos mediáticos, los diputados se comprometieron a retener la reforma unilateral y a cambio la UABC aceptó no vender los predios, aunque recalcó que tenían el legítimo derecho, aseguró que no malgastaban recursos y que las pensiones de los rectores -reguladas por la Secretaría de Educación Pública- eran como trabajadores. Se ignora si la denuncia que presentaron ante Fiscalía General de la República y la solicitud de juicio político contra el actual gobernador, que debieron presentar meses atrás, fueron parte del trato.
Al final, estos hechos no hicieron más que evidenciar nuevamente la urgente necesidad de legislar la autonomía presupuestal de la Máxima Casa de Estudios, de regular su acceso a los recursos públicos.
El objetivo ahora es hacer de la autonomía constitucional una realidad: acabar con la posibilidad que tienen los poderes Ejecutivo y Legislativo de extorsionar a los responsables de mejorar la calidad educativa del Estado a través de los subsidios.
