Lo que contó como punto a favor cuando los presidentes de la República fueron panistas, hoy es una cruz sobre la espalda de los californios. De diciembre a la fecha, a los bajacalifornianos se nos está castigando por tener un gobernador blanquiazul. Como si para los gobernados no fuera suficiente el hecho de padecer una de las administraciones estatales calificadas entre las más corruptas del país, esto, de acuerdo a diversas encuestas de opinión realizadas a los ciudadanos.
Al Presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y a sus representantes en el Estado, parece importarles muy poco que esta entidad haya sido una de las que expuso su hartazgo en las dos más recientes jornadas electorales, dado a que su partido, Movimiento Regeneración Nacional, tuvo el mayor voto de confianza.
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Aunque la gestión lopezobradorista cumplirá ya un año, resulta evidente la decisión de no empezar a beneficiar al Estado hasta que tengan el control y carro completo. Hasta que el gobernador y los alcaldes electos morenistas tomen posesión, lo que sucederá en unos días, entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre.
Los pocos apoyos han sido a cuentagotas. Una medio Zona Libre, una reducción del Impuesto al Valor Agregado que no termina de termina de amarrar, mientras Hacienda pone trabas al retorno de impuestos. Y el envío de militares y elementos de la Guardia Nacional para mejorar las condiciones de inseguridad y combatir -hasta ahora sin éxito- el tema de homicidios violentos. El único resultado ha sido el control de la ola de inmigrantes, por el cual han recibido críticas frente al aplauso del Presidente de Estados, Unidos Donald Trump. Pero hasta ahí.
El resto se ha quedado en compromisos, promesas y anuncios de recaudación de fondos hechos en boletines. Y la razón fue recientemente expuesta de manera pública, justo por el gobernador electo de Morena, el ingeniero Jaime Bonilla Valdez, resulta que están esperando a que él llegue.
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Fue en una transmisión en vivo a través de su página de Facebook el jueves 12 de septiembre, cuando se reunió con integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, donde les habló de “todo” lo que le ha conseguido al todavía gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
“400 millones de pesos que le están dando y que no puede tocar. Solo para maestros, porque ya me lo han hecho muchas veces…”. “Mil 300 millones de pesos les conseguí en diciembre del año pasado y lo tronaron…”.
De acuerdo a este dicho, los kikistas han recibido mil 700 millones de pesos -equivalentes al 22 por ciento, o la quinta parte del Presupuesto de Egresos 2019 de Tijuana- y no lo han aplicado correctamente en solventar deudas.
“Les acabo de conseguir otros 500 millones de pesos hace 15 días para que pagaran, y ayer hablé con el oficial mayor y me dijo: ‘No les vamos a dar ni un centavo que tú no seas responsable’. Le dije, es que yo no tengo facultades, no puedo firmar, él es el gobernador. Me dijeron: ‘Pues tiene que hacer un convenio por fuera para que lo respete y con eso, si no, van a tener que rendir cuentas’” concluyó su idea el poderoso morenista.
“No les vamos a dar ni un centavo que tú no seas responsable”, insistieron a Bonilla desde la Federación, lo que daría la razón en parte a la eterna justificación del gobernador Vega, esa de “no llega el dinero de la Federación”.
Y como si no existieran candados y no estuvieran a cargo, los de la 4T le sugirieron al futuro gobernador una ilegalidad: “Hacer un convenio por fuera”. Con la advertencia “si no, van a tener que rendir cuentas”, lo que resulta increíble y sospechoso es: ¿Acaso no tienen planeado hacerlos rendir cuentas? Para empezar, por esos mil 700 millones de pesos que, dicen, les envió el gobierno del “Peje” y “tronaron”.
Esta espera del arribo bonillista ya había tenido otra muestra reciente, donde los hechos se manifestaron más absurdos. Se dio tras el apagón del 2 de septiembre que dejó sin energía eléctrica a 300 mil usuarios en cuatro de cinco municipios bajacalifornianos. Caso en el que el delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe declaró el 4 de septiembre saber que se requiere de la construcción de un nuevo generador en el área de Cerro Prieto. Pero como si no se tratara de un tema federal y Ruiz no fuera el máximo representante y principal responsable del gobierno “pejista” en funciones, fue necesario que el electo Jaime Bonilla anunciara el 6 de septiembre, dos días después en la Mesa Técnica de Seguridad, que será “él” quien tramite el mentado nuevo generador y “dar solución” al problema.
En este esquema, todos los acreedores del Estado, incluidos los maestros, los que necesitan medicamentos, deberán dejar en suspenso sus apremiantes necesidades, también detenida la búsqueda de soluciones al el problema de abastecimiento de agua en Zona Costa. Todos a esperar a que Bonilla tome posesión el 1 de noviembre.
Otro punto para medir las consecuencias de las filias y las fobias de la 4T, sería comparar las diez visitas que AMLO ha realizado al Estado de Veracruz gobernado por el morenista Cuitláhuac García, contra las dos giras por Baja California. Aunque en este punto vale agregar que tal desdén lo padecen en general todas las entidades federativas norteñas.
Por un lado, porque el esfuerzo de su gente generadora de desarrollo los deja, de acuerdo a la concepción del mandatario, fuera de ese grupo de estados por los que AMLO y su gabinete han manifestado predilección, “primero los pobres”. Y por otro, porque ninguno de sus siete proyectos de infraestructura prioritarios está en la frontera norte, están en la ciudad y en el Valle de México, el Istmo de Tehuantepec, de Cancún a Palenque, en Oaxaca y Guerrero.
