Banorte y Corporación Financiera de América del Norte (COFIDAN) serán las instituciones financieras que otorgarán sendos créditos por un monto conjunto de 3 mil millones de pesos a la administración estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda, que serán pagados en 30 años a partir de que se firmen los contratos.
Banorte prestará 1 mil 490 millones 458 mil 375 pesos, con una sobretasa de 0.85% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo (TIEE) y una tasa efectiva del crédito de 8.763% Además del monto del Fondo de Reserva por 9 millones 541 mil 625 pesos.
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En tanto COFIDAN -institución perteneciente al Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank)- otorgará un crédito por 1 mil 490 millones 333 mil 572.26 pesos, con una sobretasa de 1% y una tasa efectiva de 8.913% Además del monto para el Fondo de Reserva de 9 millones 666 mil 427.74 pesos, según el Acta de fallo del Proceso Competitivo de Licitación Pública Número BC-SH-IPP-001-2026, fechada el 8 de mayo pasado.
El gobierno estatal utilizará el recurso de ambos créditos por más de 2 mil 980 millones para mobiliario y equipo de administración; equipo e instrumental médico y de laboratorio; vehículos y equipo de transporte; maquinaria, otros equipos y herramientas; bienes inmuebles; así como obra pública.
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Para obtener dichos créditos el estado afectará 5% de la recaudación del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (también conocido como impuesto sobre nómina) durante el periodo de vigencia de los financiamientos.
En el proceso de licitación, Santander, Banamex, Banobras y BBVA presentaron cartas de negativa de participación, luego de que hicieran diversos cuestionamientos, entre los que destacaron si la Secretaría de Hacienda tenía conocimiento de algún acto de inconstitucionalidad, controversia constitucional, litigio o cualquier acto promovido en contra del Decreto 221 y/o del proceso de licitación.
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“No se conoce de acciones de inconstitucionalidad del Decreto o del proceso competitivo, así como de ningún otro instrumento jurídico relacionado”, indicó la dependencia encabezada por Andrés Pulido Saavedra.
BBVA solicitó, entre otras cosas, que el Fondo de Reserva fuera de dos meses sobre el servicio de deuda mensual, reconsiderar el plazo máximo del crédito a 25 años (en lugar de 30) y disminuir a 18 meses (en lugar de 36) el periodo de gracia del crédito e incorporar como fuente de pago un porcentaje del Fondo General de Participaciones; lo cual fue denegado.
Una perspectiva similar plantearon Santander y Banamex. Santander interrogó: “¿Cuál es el motivo de establecer un periodo de gracia a 36 meses? Excede el periodo restante de la administración actual” En respuesta, la Secretaría de Hacienda señaló que, no es posible modificar el periodo de gracia y que éste “va en línea con el plazo de ejecución estimado de las obras”.
Banobras pidió, “en caso de contar con él”, el Programa de Inversión preliminar mediante el cual se describan las obras y/o adquisiciones que se pretende efectuar con el financiamiento, así como el desglose de los montos que le corresponda a cada obra y/o adquisición.
La Secretaría de Hacienda enviaría a las instituciones financieras un listado de obras preliminar, cuyo desglose de los montos se encuentra sujeto a modificaciones o ajustes, sin embargo, no precisó si dicho listado se compartiría antes o después del fallo, según se lee en el acta del taller de aclaraciones de la licitación.
Luego del fallo, el gobierno estatal planteó 5 días hábiles para firmar los contratos de crédito con Banorte y COFIDAN.
El 24 de febrero de 2026, fue promulgado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 221 que faculta a Ávila Olmeda a contratar financiamiento por hasta 2 mil 960 millones de pesos, después de que 19 legisladores de Morena, Verde Ecologista de México, Fuerza por México e independientes avalaran el nuevo endeudamiento en el Congreso local.
