La segunda deuda a 30 años que contratará la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, será con Banorte y COFIDAN; instituciones financieras que en conjunto prestarán 3 mil millones de pesos.
Ello, luego de que en febrero pasado fue promulgado el Decreto 221, que faculta al gobierno morenista a contratar financiamiento por hasta 2 mil 960 millones de pesos, conforme a lo aprobado por 19 legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Fuerza por México e independientes en el Congreso local.
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En el nuevo endeudamiento de largo plazo, Banorte otorgará financiamiento por 1 mil 490 millones 458 mil 375 pesos, con una sobretasa de 0.85% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo (TIEE) y una tasa efectiva del crédito de 8.763% Así como el monto del Fondo de Reserva por 9 millones 541 mil 625 pesos.
Mientras COFIDAN (institución perteneciente al Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank)) otorgará un crédito por 1 mil 490 millones 333 mil 572.26 pesos, con una sobretasa de 1% y una tasa efectiva de 8.913% Además del Fondo de Reserva de 9 millones 666 mil 427.74 pesos, según el Acta de fallo del Proceso Competitivo de Licitación Pública Número BC-SH-IPP-001-2026, fechada el 8 de mayo pasado.
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Para obtener el endeudamiento, el gobierno estatal afectará 5% de la recaudación del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (también conocido como impuesto sobre nómina) Los recursos del financiamiento serán destinados a mobiliario y equipo de administración; equipo e instrumental médico y de laboratorio; vehículos y equipo de transporte; maquinaria, otros equipos y herramientas; bienes inmuebles; así como obra pública.
De los ocho bancos que participaron en el proceso de licitación, Santander, Banamex, Banobras y BBVA presentaron cartas de negativa de participación, después de hacer diversos cuestionamientos y propusieron reducir el plazo máximo del crédito, de 20-25 años, disminuir a 18 meses (en lugar de 36), el periodo de gracia e incorporar como fuente de pago un porcentaje del Fondo General de Participaciones.
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Preguntaron si la Secretaría de Hacienda tenía conocimiento de algún acto de inconstitucionalidad, controversia constitucional, litigio o cualquier acto promovido en contra del Decreto 221 y/o del proceso de licitación; lo que fue negado por la Secretaría de Hacienda de Andrés Pulido Saavedra.
En 2023, el entonces secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía y Ávila Olmeda anunciaron el llamado Bono Verde, una deuda de largo plazo por 3,500 millones de pesos, el cual sería utilizado para atender el rezago hídrico de la entidad.
