Entre la noche del lunes 30 de septiembre y la mañana del martes 1 de octubre, Marina del Pilar Ávila Olmeda en Mexicali, Luis Arturo González Cruz en Tijuana, Armando Ayala Robles en Ensenada, Olga Zulema Adams Pereyra en Tecate y Araceli Brown Figueredo en Rosarito, tomarán las riendas de los cinco ayuntamientos bajacalifornianos de manos de sus antecesores, en teoría, todos de partidos opositores.
Pero la relación de los munícipes entrantes con sus predecesores, es diferente en cada caso.
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Por un lado, Ayala y Brown simpatizan con los que se van y decidieron no acusarlos de corrupción, lo que provocó que los ex candidatos panistas en esos municipios, reclamaran voz en cuello que Marco Novelo, alcalde porteño por el PRI -coaligado con el PVEM, PT y PANAL- y la alcaldesa del municipio de playa, Mirna Rincón, del PAN, operaron y trabajaron para que los morenistas fueran electos. Al final la señora fue expulsada del blanquiazul y se integró al equipo del gobernador electo por Movimiento Regeneración Nacional, Jaime Bonilla Valdez, mientras el hermano de Novelo es el senador suplente de Bonilla.
En el otro extremo quedaron Ávila, Adams y González, quienes usaron las irregularidades denunciadas por los ciudadanos en los ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Tijuana durante el trienio, como discurso de campaña.
González incluso llegó a las reuniones del proceso de entrega-recepción con una lupa para advertir que sería puntilloso. Adams ya informó que no dejará pasar la supuesta pérdida de partes de la información de la Hacienda en computadoras supuestamente robadas. Y en Mexicali, Ávila adelantó que revisará las “oscuridades” en los contratos de arrendamientos y las afectaciones de la complicidad de Sánchez al no denunciar las irregularidades panistas del ex alcalde Jaime Díaz.
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Más allá de las promesas emuladas del discurso lopezobradorista, de transparencia, severidad en la supervisión de la Hacienda pública y la lucha contra la corrupción, la realidad es que la Ley de Entrega Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos, exige a los presidentes municipales entrantes -incluidos Brown y Ayala- a investigar a quienes los antecedieron y a sancionarlos administrativamente, o denunciarlos si encuentran delitos o irregularidades. De no hacerlo, se convierten en corresponsables y culpables de encubrimiento.
Los funcionarios salientes “están obligados en los términos de esta Ley a entregar al servidor público entrante un informe resumido de su gestión y mediante acta administrativa, los asuntos y recursos a su cargo”, instruye el ordenamiento.
De igual forma, “… la verificación física o revisión que se haga del informe (…) se realizará dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la firma del documento”. Y “… durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten”, expone respecto a los detalles.
“En caso de que el servidor público entrante detecte irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro del término señalado en esta Ley”, plazo que concluirá el próximo lunes 2 de diciembre a las doce de la noche, “…deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control a que corresponda la dependencia o entidad de que se trate, a fin de que el servidor público saliente pueda proceder a su aclaración dentro de los treinta días naturales siguientes”. Esa fecha límite será el 1 de enero de 2020, de nuevo hasta las doce de la noche.
O también, 15 días después en caso de que algún ex funcionario se vaya sin entregar nada y la Sindicatura deba requerirlo. Esas son las consideraciones en cuanto a los tiempos.
Cumplidos los plazos, la Sindicatura como representante legal del Ayuntamiento está facultada para iniciar los procedimientos administrativos y/o los expedientes por delitos cometidos por servidores públicos.
Entonces, aunque en el tema penal los plazos son más amplios, si el gabinete entrante hace bien su trabajo, entre enero y febrero de 2020 deberían estar en posibilidad de tomar las medidas legales necesarias para imputar las responsabilidades administrativas o penales que pudieran formalizar en contra de los ex funcionarios, así como buscar la restitución de los daños.
Ampliar los plazos significaría perder un tiempo que no tienen. Saben, porque ha sido tema público, incluso motivo de denuncias ciudadanas, que van a encontrar ayuntamientos con finanza desaseadas. Ciertamente deberán hacer que los responsables paguen, pero solo tienen dos años y no pueden pasar los 730 días echándole la culpa a las administraciones pasadas.
Frente a una sociedad que desconfía de los políticos, cansada de los abusos de autoridad y el ejercicio indebido del poder, con períodos acortados y la ansiada reelección como posibilidad, los cinco ediles entrantes están forzados a usar su poder y energía en sanear las fianzas, adelgazar las nóminas, aumentar los ingresos propios, reducir la incidencia delictiva, fortalecer la infraestructura y generar desarrollo sin justificaciones ni excusas, sin pretextos y sin voltear atrás.
