El año pasado, la mayoría morenista de Baja California en el Congreso de la Unión, no supo defender el presupuesto del Estado. Por el bien de la economía, a los californios les urge que los once legisladores federales que los representan, tengan habilidades de liderazgo y participación protagónica, para que no se pierdan entre la multitud de 500 representantes federales.
Los primeros minutos del 1 de agosto, Baja California estrenó diputados… bueno, a medias. Resulta que de los 17 electos -todos como parte de la ola de Morena-, ocho son reciclados o reelectos, lo que no deja de ser alarmante, porque la Legislatura saliente no dejó un precedente de pulcritud, responsabilidad, solidaridad con los gobernados o profesionalismo.
Julio Hernández López “Astillero”, columnista de La Jornada, estuvo presente en la conferencia mañanera del miércoles 28 de julio, para reclamarle de frente al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La consulta del próximo 1 de agosto, que espera la participación de 2 millones 916 mil 017 bajacalifornianos, y costará 528 millones de pesos en todo el país, tiene varios inconvenientes. De entrada, no preguntará lo que realmente quería el Presidente Andrés Manuel López Obrador: si los mexicanos están de acuerdo en investigar y juzgar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
“El pueblo se siente muy protegido en Baja California, gracias a las gestiones que se han hecho, a la idea de haber creado una Guardia Nacional, que ha venido a darle tranquilidad y paz social al Estado de Baja California, porque en este Estado, señor Presidente, hay paz social, Usted lo ha visto.
Si no le están aplaudiendo, dejándose grabar en video para agradecerle, o pidiéndole algo que sus brigadas enviadas -previo a las jornadas- ya hayan analizado que puede prometer y cumplir; si no es en un espacio controlado, donde pueda destacar como si fuera todopoderoso, entonces el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, no quiere nada con los ciudadanos.
“Asfixia por sofocación en la modalidad de compresión toracoabdominal”, fue la causa de muerte del mexicoamericano Rubén Naranjo Cervantes, de 37 años, tras haber sido “sometido” por elementos de seguridad del bar Manguito en Avenida Ruiz de Ensenada, la noche del 3 de julio.
En diciembre de 2020, previo a las reuniones de Navidad y Año Nuevo, la Universidad de Tecnología de Queensland en Australia, anunció la creación de AIRC, una herramienta que calcula el riesgo de la carga viral de sujetos asintomáticos del nuevo coronavirus de acuerdo al tamaño de la habitación, el tiempo de permanencia, la ventilación y el uso de mascarillas, y el tema se retomó ante la expectativa del regreso a clases.
Para junio de 2017, en Baja California se registraron mil 015 asesinatos. Los mismos seis meses, pero de 2021, se contabilizan mil 563. 548 ejecuciones más de las sucedidas hace cuatro años. El dato es relevante porque, en estos cuatro años, el empresario Juan Manuel Hernández Niebla ha encabezado el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, y debido a la ausencia de políticas públicas para combatir el crimen, reconoce que el homicidio va en aumento.
Han pasado seis meses desde el 22 de diciembre de 2020, cuando se reformó la Ley de Seguridad, y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, así como el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informaron que se había aprobado un fondo de 400 millones de pesos “para empezar a pagarle a los policías lo que se merecen, lo que el Estado le debe dar en reciprocidad de su trabajo”.
