Los niveles de seguridad no se pueden reportar como estables ni la violencia contenida cuando los policías de los diferentes órdenes de gobierno, los responsables de cuidar la seguridad, son víctimas de la delincuencia.
En Baja California, un alto porcentaje de los homicidas andan armados por las calles y, sin temor alguno, se les ha vuelto costumbre usarlas en contra de los policías para evitar ser detenidos, sea en operativos de captura, en recorridos de vigilancia, persecuciones o en ataques directos.
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Cifras recientes indican que diez policías fueron asesinados en 2018 y doce durante 2019 en el Estado. Localmente, el mayor número de estos enfrentamientos entre uniformados y criminales sucede en Tijuana, municipio que con 652 asesinatos, acumula el 78% de los 845 homicidios dolosos cometidos en BC en los primeros 119 días del nuevo gobierno estatal, encabezado por funcionarios del partido Movimiento Regeneración Nacional.
Como ejemplo, la mañana del 28 de enero agentes municipales fueron agredidos a balazos por un hombre en la colonia El Lago. Al ser este detenido, el Ministerio Público informó que estaba vinculado a varios delitos. La noche del mismo martes, otra pareja de uniformados fue baleada cuando circulaban sobre Bulevar Rosas Magallón en las inmediaciones de la colonia Obrera. Los atacantes huyeron en dos autos sin ser detenidos.
Y de manera más reciente, el 27 de febrero, dos hombres acompañados de una mujer, fueron detenidos en posesión de un rifle AR-15 entre las calles Azafrán y Lilia de la colonia El Florido cuarta sección, después que dispararan en contra de agentes municipales.
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Pero como los agentes no resultan lesionados o muertos, usualmente el Ministerio Público acostumbra obviar estos ataques y no incluir el delito de tentativa de homicidios contra los uniformados, porque a pesar de las patrullas baleadas mientras los oficiales están dentro o tratando de refugiarse detrás de las unidades en medio de una lluvia de balas, dicen “es difícil de probar la intención de matar”.
Muestra de esta renuencia de responsabilizar a los delincuentes por atacar a los uniformados con intenciones homicidas, fueron las balaceras protagonizadas entre policías municipales de Tijuana y la célula criminal de cinco hombres encabezados por Octavio Leal Hernández, uno de los cabecillas del Cártel Arellano Félix en Tijuana, la tarde miércoles 19 de febrero, tras robar tres carros en el lote de autos semi-nuevos D Lux de esta ciudad.
En el Informe Policiaco Homologado se acreditó que los municipales que iban a bordo de las patrullas P-1599 y BC-2676 fueron baleados – y respondieron el ataque- cuando circulaban sobre la calle Rosario Castellanos. Los responsables del ataque eran los hombres que se transportaban en los autos Cherokee y pick–up posteriormente asegurados.
Con esos elementos de prueba, la Fiscalía General del Estado prefirió acusar a Octavio Leal y dos de sus cómplices por los delitos de disparo de arma de fuego contra personas y delitos cometidos contra funcionarios públicos” por considerar que probar el intento de homicidio sería complicado y más fácil para los delincuentes liberarse del cargo.
Al final, la constante en este tipo de actos criminales es la impunidad, esa que envalentona a los homicidas que no dudan en realizar ataques directos.
Como el 22 de enero, cuando balearon a seis elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación mientras comían, y en el ataque fue asesinado el agente Marco Antonio Reyes Nahon. Todo por orden de los jefes criminales de una célula del Cártel Arellano, según informó a las autoridades uno de los matones detenidos.
O el ataque armado en que el 27 de febrero, a Edgar Salto Tinoco, acompañado de Fernando Aarón Villagrana, les pareció fácil dispararle al agente de la Policía Federal, Diego Aarón Vargas German, cerca de la caseta de cobro en la delegación Playas. Delito del que habrían resultado impunes, de no ser porque el compañero del agente herido reaccionó, capturó al cómplice e hirió al atacante que después fue detenido por la Policía Municipal.
Entonces, si el sistema no puede proteger a sus agentes si no es capaz de detener a los criminales que intentan matarlos, si no tiene la eficiencia y sagacidad para castigarlos por atentar contra sus vidas. Mientras que, para el ciudadano común, es inevitable la percepción de indefensión e inseguridad.
Los miembros del crimen organizado y los matones a sueldo en Baja California, ya les mostraron los colmillos a los representantes del gobierno recién estrenado de Jaime Bonilla Valdez. Es cuestión de esperar a saber si la autoridad se conforma con la captura de los homicidas materiales -quienes seguramente ya fueron reemplazados dentro de los cárteles- o decide realmente proteger a los suyos, y acompañados del apoyo federal que presumen, ir por los autores intelectuales, los criminales que realmente están ordenando y provocando la inseguridad estatal.
