“No podemos ir a ciegas. No podemos luchar contra esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un mensaje muy simple a todos los países: pruebas, pruebas, pruebas. Hagan una prueba de cada caso sospechoso. Si dan positivo, aíslenlos y descubran con quién han estado en contacto cercano hasta dos días antes de que desarrollaran síntomas, y hagan pruebas a esas personas también”, declaró el 16 de marzo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respecto al virus COVID-19 o coronavirus.
Explicó que el riesgo de hacer pocas pruebas radica en que el número de casos confirmados es irreal, lo que impide tener un panorama certero para generar las estrategias que permitan enfrentar y frenar la pandemia con mayor efectividad.
Publicidad
A pesar del antecedente, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha decidido que en México siga siendo un privilegio acceder a las pruebas de diagnóstico.
Corea del Sur, uno de los países más afectados por el virus y con el modelo más exitoso de combate, tuvo su primer caso positivo el 20 de enero, la primera semana de febrero los casos se duplicaron y el Estado empezó a realizar pruebas masivas.
El 6 de marzo ya habían aplicado 260 mil pruebas. Con 51 millones 635 mil habitantes, informaron que están controlando un promedio de 10 mil personas al día. Esto les permitió detectar el virus en etapas más tempranas, aislar a los enfermos, comprimir la curva de contagio, frenar la tasa de mortalidad y reducir el número de hospitalizaciones al 10% de los afectados, y así evitar el colapso de su sistema de salud.
Publicidad
Para los mexicanos no es así, el gobierno mantiene el poder y la discreción para decidir quién merece o no ser revisado, por lo que José Ramón Narro Robles, médico, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex secretario de Salud en tiempos de Enrique Peña Nieto, al igual que otros expertos, pidió al Estado encontrar el modo de realizar “más pruebas, más rápido”, a todos los casos potencialmente sospechosos que no están en los grupos de riesgo, para evitar que continúen propagando la enfermedad de manera exponencial.
Como sucedió en el caso de la esposa de Carlos, el primer hombre fallecido en México el 18 de marzo, víctima del coronavirus. Tras nueve días de internamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria, ni la mujer ni el resto de la familia habían sido monitoreados, a razón de que “…esa prueba está reservada para personas que realmente están propensas al virus”, les dijeron, a pesar del antecedente de China, donde el 75% y el 80% de los contagios ocurrieron entre familiares.
En ese contexto, el 22 de marzo se dio a conocer que la señora de Carlos, resultó positiva al virus, pero se encontraba asintomática.
Con 127 millones de habitantes, el Gobierno de México informó que para atender la primera etapa del coronavirus había adquirido 9 mil 100 pruebas, de las cuales, al 18 de marzo, se habían aplicado 2 mil 300 y quedaban disponibles 6 mil 800. En esa fecha, anunciaron la compra de 35 mil pruebas adicionales.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al 24 de marzo en México habían ocurrido: cinco defunciones por COVID-19; 405 casos confirmados; 2 mil 161 que resultaron negativos y estaban revisando a mil 219 sospechosos, lo cual suma 3 mil 790 pruebas y deja alrededor de 40 mil 310 pruebas para la Fase 2 del contagio, a la que entró el país el domingo 22 de marzo, de acuerdo a lo que anunció la OMS. El mismo día que el Presidente López Obrador invitaba a los mexicanos, a través de un video, a hacer una vida normal y no paralizarse de manera exagerada.
Ante la dificultad para acceder a las pruebas, la tercera semana de marzo algunos ciudadanos se la realizaron en laboratorios particulares -con precios de 3 mil 200 a 3 mil 700 pesos-, pero esas empresas fueron desacreditadas por la Secretaría de Salud, que solo había autorizado a 32 laboratorios estatales, cinco laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica (LAVES) y dos laboratorios particulares para efectuar el procedimiento.
Ante el reclamo ciudadano, por un gobierno que ni hace ni deja hacer, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseveró que a pesar de no ser necesario aún, descentralizar el diagnóstico era parte de la estrategia, y desde el 16 de marzo trabajaban en conjunto con 16 laboratorios y dos hospitales privados para capacitarlos y darles el aval del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Al cierre de esta edición ocho laboratorios privados habían sido aprobados.
A prácticamente un mes de haber confirmado el primer caso de COVID-19 en México, la postura oficial sigue siendo reacia a la masificación de las pruebas.
López-Gatell insiste en que no son “estrictamente necesarias”, y declaró que a partir del 22 de marzo, cuando se entró oficialmente en la Fase 2 de contagio, toda persona con síntomas tiene el virus y automáticamente se les pone en aislamiento, que es la repuesta clínica a la enfermedad con o sin prueba. Y para fortalecer su versión, agregó que 7 de cada 10 de los contagiados, tendrán síntomas menores y quedarán vacunados. Ante el avance del virus, gobernadores como el de Jalisco, Enrique Alfaro, o el de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ordenaron medidas para aumentar el número de pruebas. El primero autorizó la compra de 20 mil pruebas rápidas, y el segundo anunció que tienen 15 mil y los laboratorios privados otras 30 mil. Sin embargo, la mayoría de los estados emulan la política federal.
Así, los contagios continúan en natural aumento, frente a un gabinete mexicano que sigue sin disposición a entender lo que expertos internacionales han dejado claro: el aislamiento social no es suficiente. Que la arrogancia del gobierno es un estorbo si quieren proteger a los ciudadanos, porque tienen la obligación de reducir al mínimo esas cifras de 400 a 2 mil fallecimientos pronosticados según el gabinete.
Ciertamente México no posee la capacidad económica de Corea del Sur, pero de acuerdo a los discursos presidenciales, cuenta con una reserva económica y un Congreso dispuesto a aprobar endeudamientos, más de 40 mil pruebas en existencia en uno de los meses de mayor contagio al frente y la evidente responsabilidad de ampliar la capacidad de “diagnóstico temprano” para reducir la curva de contagio y la mortalidad de la población.
En particular, ante la evidente falta de control de la autoridad para hacer realidad al 100% el aislamiento y distanciamiento social, con una parte de la sociedad decidida a emular el irresponsable desenfado de un Presidente proclive a los abrazos, los besos y fascinado por los actos tumultuarios.
