Inmersos en la pandemia, el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador está tan preocupado, que no ocupado, por tratar de reducir el enorme impacto económico que tendrá el COVID-19, que desestima las ventajas de iniciar de manera temprana la etapa del distanciamiento social que permitió a países como Corea del Sur y Australia combatir la enfermedad mejor que Italia o China.
Mientras las naciones del primer mundo cerraban fronteras y limitaban el cruce entre países al tráfico esencial y comercial, cuando los expertos epidemiólogos insistían en la simple y efectiva medida de “mantenernos alejados unos de otros” como la herramienta más eficiente para disminuir la velocidad de la inminente propagación, provocador, el Presidente de los mexicanos siguió repartiendo besos, abrazos y planeando giras donde la aglomeración es el denominador común.
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Caso similar el del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien siguió con sus jornadas públicas y no reaccionó hasta después del 15 de marzo, cuando la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, anunció que suspenderían clases del 20 de marzo al 20 de abril. Estaba en el proceso de adherirse al plan nacional cuando el día 17 se confirmaron los primeros dos casos del virus importado: dos mujeres que estuvieron en Estados Unidos, y se ordenó la interrupción anticipada de clases.
Hasta entonces, los “preparativos” estaban limitados a la capacitación teórica del personal médico en el Estado.
Esta semana, tanto Bonilla como López Obrador establecieron conferencias periódicas para que los funcionarios de Salud mantengan a la población informada de los avances de la pandemia. El de Baja California finalmente entendió la importancia de evitar organizar actos multitudinarios, y ordenó el cierre de los espacios de reuniones públicas.
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Por su parte, AMLO ya reconoció una emergencia al hablar de la instalación del Plan DN-III, pero los dos servidores del pueblo insistieron esta semana en que no es momento de tomar medidas más activas.
De hecho, la cancelación de actos deportivos, conciertos y ferias en los diversos estados de la República se ha dado en contra de la voluntad y las instrucciones del máximo representante del Ejecutivo federal, y por decisión de representantes de la iniciativa privada.
La necedad ha llegado al extremo, y como muestra, el festival Vive Latino, donde algunos de los protagonistas de los espectáculos, como la banda estadounidense She Wants Revenge, a la que pertenecen los músicos Justin Warfield y Adam Bravin, tomó la responsabilidad de cancelar “por salud y seguridad”.
La más reciente muestra de despreocupación de AMLO fue precisamente la tardía instalación del Consejo General de Salubridad el 19 de marzo, hasta entonces empezó a funcionar el organismo responsable -por Ley- de emitir las medidas para prevenir, controlar y combatir los daños a la salud, cuando el país padece un grave caso de enfermedades trasmisibles, Medidas que, por cierto, el Presidente está facultado para rechazar. Lo convocó 21 días después de haber detectado el primer caso de coronavirus, cuando el país ya sumaba 118 pacientes positivos.
La situación se complica, porque a pesar de que está preocupado por el aspecto financiero, resulta que tampoco se ha decidido a tomar medidas más enérgicas para reducir el desastre económico, y el efecto que tendrá en las economías familiares.
En medio de reportes de analistas económicos como Goldman Sachs, que estiman que la contracción del crecimiento de la economía para México este año será de 1.6% frente al 1.2% que se contraerá en toda América Latina, el mandatario alborotador decide hablar de las obras de conectividad del proyecto de Santa Lucia. Y rechaza el decálogo de propuestas del sector empresarial, que sugiere, entre otras cosas, fortalecer la inversión e infraestructura en los sectores privados y de gobierno, y apoyos del gobierno a las empresas para que estas puedan dar un mejor sueldo a los empleados.
Mientras que, como si fuera ocurrencia y sin un plan estratégico, Jaime Bonilla anunció que en esta etapa de confinamiento, los bajacalifornianos no tendrán recargos por no pagar el servicio de agua a tiempo. Luego se aventuró y fue más lejos, ofreciendo lo que no está en su facultad: no recargos ni sanciones por no pagar el recibo de luz. “Le pediré al delegado federal que hable con la CFE”, agregó.
El 18 de marzo, una mujer, pariente de la primera persona que murió de COVID-19 en México, lo padeció y lo declaró: su familiar, un hombre de 41 años con diabetes, fue mal diagnosticado, ellos tuvieron que comprar el medicamento para atenderlo, no le hicieron pruebas a los consanguíneos cercanos en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), el principal centro de atención en el país.
Con estos antecedentes y un virus que va a contagiar al 70% de la población -con 15% de gravedad-, resulta evidente que seguirá siendo responsabilidad de los mexicanos y de los bajacalifornianos velar por su salud, más allá de instrucciones gubernamentales, atendiendo las medidas dictadas por la Organización Mundial de la Salud.
Lávese las manos frecuentemente; estornude cubriendo la boca con el antebrazo, evite tocarse ojos, nariz y boca; si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Desinfecte superficies de muebles y, ante todo, mantenga el distanciamiento social, permanezca en casa. Si es necesario salir, manténgase por lo menos a un metro de distancia de las demás personas. Reduzca sus gastos al máximo y si tiene la posibilidad, ahorre.
