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viernes, febrero 16, 2024
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COVID-19: la crisis que AMLO no quiere ver

Ángela Merkel, canciller de Alemania, una de las diez naciones que se reportan en etapa de “transmisión activa” del coronavirus (COVID-19), donde están concentrando esfuerzos en reducir la velocidad de la propagación, declaró el 11 de marzo ante la prensa:

“Cuando el virus ya está aquí y la población no es inmune, no hay una vacuna ni terapia, entre el 60% y el 70% de la población acabará infectada”.


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En la conferencia mañanera del 12 de marzo,  el subsecretario de salud en México, Hugo

López Gatell, validó que el 70% de los mexicanos será infectado, pero agregó, 9 de cada 10 pacientes tendrá una manifestación leve, algunos ni cuenta se darán que tuvieron el virus, y únicamente el 5% presentará un estado “delicado” de la enfermedad que pudiera resultar en muerte. Sin embargo, de la capacidad del Sector Salud para atender a la pandemia, no dijo una sola palabra.

De acuerdo a esas cifras, mientras no exista vacuna, de los 127 millones de mexicanos, 89 millones terminarán infectados, y 6.3 millones se enfermarán gravemente y podrían morir. En el caso de Baja California, de una población de 3.7 millones estimada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  2.6 millones contraerán el coronavirus, y un promedio de 186 mil 400 padecerán de una enfermedad agónica. De nuevo, el Sector Salud en el Estado debería estar preparado para atender la crisis anunciada.


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Dentro del 5% de las personas con mayor riesgo de fallecer, están los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 5 años, las embarazadas -aunque no hay pruebas que las colocan en el grupo de riesgo-, diabéticos, hipertensos, gente con enfermedades crónicas del corazón, enfisema, bronquitis crónica, HIV, cáncer o enfermedades reumáticas que deprimen el sistema inmune.

Con el primer caso diagnosticado el 27 de febrero,  infortunada y estadísticamente en México y Baja California, la etapa de los contagios locales ya está cerca, en los próximos 15 días, como reconoció López- Gatell.

“Entre el 20 y 30 de marzo”, de acuerdo al modelo matemático para determinar la velocidad de los contagios, creado por el doctor Gustavo Cruz. A partir de entonces el número de personas enfermas crecerá de manera exponencial.

Mientras las autoridades en Estados Unidos ya recomendaron cancelar festivales, ferias, actos deportivos y conciertos  que congregarían a más de 250 personas para reducir la transmisión; y gigantes de la industria del entretenimiento como Disney Parks y Universal Studios ya respondieron a la emergencia cerrando sus parques de diversiones a pesar de las pérdidas económicas, en México, las autoridades locales reaccionan con mayor lentitud y menos restricciones que el resto de los países afectados. Se aferran, vaya, a la realización de eventos masivos como el festival musical Vive Latino o la Feria de San Marcos, ignorando el ejemplo de Italia, un país de 60 millones de habitantes que en estas fechas se encuentra paralizado.

El Gobierno Federal actúa como si las capacidades del Sector Salud mexicano fueran óptimas, como si poseyeran las pruebas y reactivos suficientes para diagnosticar a tiempo el novel virus, como si tuvieran las instalaciones y el equipo médico para atender con eficiencia las afecciones pulmonares y demás complicaciones de esos 6.3 millones de mexicanos que estarán en peligro de muerte, además de tantos pacientes que seguramente acudirán a los centros de salud en busca de atención por los malestares que provoca el coronavirus.

En medio de este escenario internacional, Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de los mexicanos, preocupantemente se limita a politizar el tema de salud, asegurando que sus opositores políticos “quieren que nos infectemos, yo estoy deseando que eso no pase, pero los conservadores quisieran para echarnos la culpa”, como si la contención de esta pandemia reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) girara en torno a su popularidad. Como si se tratara de buenas intenciones y deseos, y no de acciones para reducir la velocidad de la inevitable propagación. Otro complot de sus adversarios, diría en pocas palabras.

En la cargada morenista, la mayoría de los gobernadores tampoco ha actuado, ni siquiera Jaime Bonilla Valdez, a pesar que Baja California es frontera con California, y ocupa el cuarto lugar de contagios en Estados Unidos.

De hecho, los pocos mandatarios estatales como Martín Orozco, de Aguascalientes, que intentan ser precavidos, se ven obligados a contradecir a los funcionarios federales, al informar que “aún no deciden” si realizarán la Feria de San Marcos, mientras el subsecretario de Salud federal declaraba que no se suspendería.

En los aeropuertos de México no hay protocolos médicos, más allá de preguntar por fiebres recientes y en el mejor de los casos, verificar la temperatura de los viajeros provenientes de países con brotes activos, ignorando el hecho de que el virus tiene un periodo de incubación promedio de 14 días, donde ya es contagioso, aunque sin presentar síntomas.

Ante el riesgoso optimismo del gobierno lopezobradorista, y partiendo de la declaratoria de pandemia de la OMS, cada Estado, municipio y empresa debería tomar las medidas preventivas acorde a sus capacidades de respuesta ante una enfermedad que no precisamente alarma por su mortandad, sino por la rapidísima capacidad de propagarse, y, por ende, rebasar cualquier sistema de salud de primer nivel.

Particularmente  los gobiernos locales están obligados a actuar con responsabilidad y analizar las condiciones particulares de la entidad, más allá de la necedad política morenista. Las autoridades deben tomar medidas siguiendo el ejemplo del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, al suspender temporalmente las jornadas comunitarias de los sábados; o el Tecnológico de Monterrey al suplir las clases presenciales por educación vía internet.

Con la pandemia tocando la puerta, la obligación es generar acciones que hagan más lenta la propagación de la inevitable enfermedad, tan novedosa que los científicos aún no logran anticipar su evolución. El riesgo, señores del gobierno, es tan grave para la población que las grandes empresas del mundo optaron por cerrar operaciones, soportar pérdidas millonarias y tal vez la quiebra financiera. Qué señal más clara que esa.

Autor(a)

Rosario Mosso Castro
Rosario Mosso Castro
Editora de Semanario ZETA.
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