La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó el 31 de julio de 2026 a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, a reunirse con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para atender las inconformidades del sector respecto a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
“Le pedí a Luisa María que pudiera entrar en contacto con la Cámara de Radio y Televisión, con todos aquellos que tienen dudas sobre la regulación y los lineamientos que se plantearon, que justamente están a consulta pública”, informó la mandataria nacional durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
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La titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que las sanciones contempladas en el anteproyecto no recaerían sobre periodistas ni estarían vinculadas al contenido de las transmisiones, sino al incumplimiento de obligaciones administrativas por parte de los concesionarios. “Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo como el nombramiento de un defensor de las audiencias”, afirmó.
Sheinbaum Pardo ejemplificó que una empresa podría ser sancionada si incumple la obligación de nombrar a la persona defensora de las audiencias, figura que sería seleccionada por el propio concesionario y que recibiría las inconformidades de radioescuchas y televidentes.
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La presidenta de la República rechazó que las medidas puedan emplearse para castigar a comunicadores y recordó que el documento aún puede modificarse como resultado de la consulta pública. “De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”, aseguró. Añadió que “todo esto se va a aclarar para que no haya ninguna referencia a la censura y no tiene nada que ver con sancionar a un reportero. Imagínense, sería absurdo”.
La CIRT advirtió que algunos apartados del anteproyecto podrían propiciar discrecionalidad en la aplicación de sanciones, afectar la libertad de expresión y abrir la puerta al control gubernamental de los contenidos. La organización empresarial pidió corregir o precisar disposiciones para evitar una regresión democrática y sostuvo que parte de las multas previstas carece de sustento legal. “Hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir o definir con pulcritud”, señaló la cámara.
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La propuesta de la CRT obliga a los concesionarios de radio y televisión a contar con un código de ética y a designar a una persona defensora de las audiencias. También establece obligaciones para distinguir entre información y opinión, diferenciar la publicidad de los contenidos editoriales y atender quejas por la difusión de información falsa, descontextualizada o presentada fuera de su momento histórico.
El anteproyecto prevé que radioescuchas y televidentes puedan presentar quejas ante las defensorías y que, si las recomendaciones no son atendidas, recurran ante la CRT. Los lineamientos serían aplicables a concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a empresas programadoras.
La consulta pública fue abierta por la CRT el 27 de julio de 2026 y recibirá comentarios de concesionarios, especialistas, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos hasta el 21 de agosto del mismo año.
Organizaciones como Artículo 19 han advertido que las disposiciones ambiguas respecto a la veracidad, la diferenciación de contenidos y el régimen de multas podrían permitir que el Estado intervenga como árbitro de la información.
