La municipalización de San Quintín era una decisión tomada por la mayoría morenista en la XXIII Legislatura en el Congreso de Baja California, y no permitirían que nada se interpusiera. Los diputados releyeron las leyes y decidieron que jurídicamente, no había nada que les impidiera, ni que los obligara, a realizar un plebiscito u otro procedimiento que garantizara el deseo independentista de la comunidad, o la sustentabilidad de la nueva municipalidad.
Están haciendo un sexto municipio porque pueden.
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El diputado Juan Manuel Molina explicó que la Ley les otorga la facultad plena: “El plebiscito podría resultar negativo, la opinión del Ayuntamiento afectado podría ser negativa, e igual el Congreso podría convertirlo en municipio por razones económicas, geográficas u otras que determine la Legislatura, estamos obligado a pedirlos, pero no son vinculantes”
Además, “no existe ninguna disposición que diga que se debe tomar en cuenta tal o cual cosa. Estamos obligados a considerar todo lo necesario para poder mediar un criterio congruente con la necesidad de la población, pero es responsabilidad de cada diputado tomar la mejor decisión”.
El Congreso anunció la municipalización de San Quintín -y de San Felipe- el 19 de agosto de 2019, meses después, el 21 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó el Estatuto Territorial y el Periódico Oficial lo publicó el 3 de enero de 2020. El 29 de enero, el Ayuntamiento de Ensenada votó a favor, el 6 de febrero la Comisión de Gobernación analizó y aprobó el dictamen de municipalización y, de acuerdo a los planes, el 12 de febrero en el poblado de San Quintín se realizará la sesión ordinaria para entablar mesas de diálogo con dictamen en mano. No han especificado si entonces votarán la aprobación.
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Desde la década de los noventa, cuando los congresos se han enfrentado al tema de crear más municipios bajacalifornianos, los legisladores se han dedicado a reducir los requisitos legales que se habían establecido para garantizar la sustentabilidad de las nuevas alcaldías. Y han decidido fabricar trajes a modo para lograr su objetivo.
Entre 1993 y 1995, los legisladores redujeron el porcentaje de participación para que fuera aprobada la municipalización de Rosarito, lo que se logró después de varios estudios, con participación del sector académico y de algunas interpretaciones legales, pero fue hasta un tercer plebiscito que echaron a andar un municipio que gastaba más de lo que recaudaba. Fueron más de tres años en el proceso.
Ahora, en el caso de San Quintín los legisladores morenistas decidieron hacerlo de forma exprés, informaron que no existe la obligación de plebiscito, porque tratándose de municipalizaciones no aplica la Ley de Participación Ciudadana- en Rosarito los diputados lo hicieron porque quisieron y firmaron un acuerdo-, pero la XXIII Legislatura ya manifestó no estar de acuerdo en gastar en una consulta de este tipo que no consideran obligatoria.
“Solo la Legislatura puede realizar los plebiscitos de municipalización y no están regulados los temas de porcentajes de participación, salvo la opinión que debería ser la mayoritaria, favorable o desfavorable” reiteró el diputado Molina en referencia al contenido de la Ley Orgánica.
Luego siguieron reinterpretando y, para cumplir con la Ley de Régimen Municipal que les ordena, “… se procederá a realizar el plebiscito correspondiente, conforme a la Ley de la materia”. Decidieron retomar el plebiscito realizado en 2012, en el que no se reunieron los votos suficientes para que fuera válido.
Hace siete años, de los 270 mil residentes de Ensenada y 60 mil de San Quintín, solo participaron 25 mil 351 votantes- ni el 10%, y 17 mil 580 votaron por el “sí”. Efectivamente se trata de la mayoría de esta participación no representativa, pero como el plebiscito ya existe y la Ley de Régimen Municipal no menciona porcentajes, ni les prohíbe remitirse a una consulta antigua, para fines de municipalizar a la brevedad posible, con su mayoría en el Congreso decidieron que con eso se cumplía el requisito.
Como la “petición” de municipalizar ya la recibieron, conformaron una comisión, reciclaron el plebiscito y consideraron suficientes los 17 mil 580 mil votos por el sí, y ya obtuvieron la opinión favorable del Cabildo de mayoría morenista de Ensenada.
Para cumplir con los requisitos legales para la Creación o Supresión de Municipios, solo les resta analizar y aprobar un dictamen en el Congreso, y de una lista de personajes propuestos por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, elegir a los integrantes del Consejo Municipal Fundacional, que, según el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, ya fue designado en enero con la venia del Ejecutivo estatal y está plagado de regidores morenistas de Ensenada. En esas condiciones el Congreso lo validará como mero trámite.
Aunque públicamente se conoce poco de la sustentabilidad de lo que será el sexto municipio de Baja California, la regidora Miriam Cano ha mencionado estudios de la Universidad Autónoma de Baja California y de análisis presentados por el Ayuntamiento de Ensenada que muestran que, con sus 115 mil 268 habitantes, 12 mil 017 de ellos en pobreza extrema y el 50% del total considerado indígena, San Quintín será un municipio sustentable.
Lo plantean mientras presentan cálculos de recibir 36 millones en Impuesto Predial, el cobro más importante en las finanzas municipales. Un número en exceso esperanzador, si se toma en cuenta que el año pasado recaudaron apenas 9 millones, 14.3 millones, incluyendo otros impuestos y derechos. También corroboraron que el Municipio regresa poco de lo que genera a la región, apenas 5.2 millones de pesos en 2019.
Pese a que en medio de la crisis económica, Baja California no ha recibido todos los apoyos monetarios prometidos en campaña por el Gobierno de México, la diputada Cano finca gran parte de sus esperanzas de soportar la sustentabilidad de San Quintín en la obtención de recursos federales y el “cariño” que Andrés Manuel López Obrador le tiene a esa región.
“Precisamente por el nivel de marginación y la forma de trabajar de este gobierno, dar más al que menos tiene, y aparte Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho muchísimas veces: ‘hay que apoyar a las zonas donde hay una gran mayoría de indígenas’, eso está contemplado,. Estamos trabajando, este 2020 tendremos los datos reales para poder recibir mayor recurso de la Federación”, aseguró.
En ese contexto, a pesar del evidente apoyo de las autoridades locales, ante las bajas expectativas de recaudación y sin un apoyo federal garantizado, el parto de San Quintín luce políticamente forzado, prematuro y complicado.
