Este 1 de noviembre comenzó el periodo constitucional de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, comprendido del 2021 al 2027, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el Poder Ejecutivo local; cargo que desempeñará, además, estando embarazada y ejerciendo la maternidad. Hito en la historia de nuestro Estado, que forma de la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres que rompe con el conservadurismo histórico de Baja California, el cual excluyó históricamente a las mujeres.
He conocido decenas de historias similares a lo largo de mi camino en la causa de buscar la justicia, la paz, la inclusión y la vida con dignidad, pero esta historia sí llegó a la justicia, hasta la justicia internacional.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el sistema regional y universal, respectivamente, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se establece que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombre; por tanto, constituye una violación a los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana.
El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del caso “Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco el 25 de agosto de 1974, cometida por el Ejército mexicano en el Estado de Guerrero; sentencia que vino a evolucionar todo el sistema jurídico mexicano, pues aceleró la armonización del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos a través de la reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011, principalmente.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de igualdad sustantiva (el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales)
La criminalización del aborto implica la ejecución de la idea de que la maternidad es una función obligatoria; la criminalización genera que las leyes penales establezcan condenadas privativas de la libertad a quienes intenten interrumpir el embarazo.
En México, los pueblos indígenas y originarios son portadores de identidades y cosmovisiones, por su cultura e historia que se constituyen como el cimiento de la nacionalidad mexicana multicultural. Un rasgo frecuente en los pueblos indígenas, es la vinculación de estos con la marginación; el país tiene una deuda social que se manifiesta con años de lucha contra la pobreza, la discriminación y la desigualdad, por lo que es hora de que se reconozca esta y se comience a transitar hacia una situación de inclusión y reconocimiento de sus derechos.
