El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado en 1992 mediante la resolución 47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta conmemoración tiene por objeto reconocer la importancia de garantizar que las personas que experimentamos una discapacidad temporal o permanente ejerzamos plenamente nuestros derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación.
Escribo sobre este día a fin de visibilizar las desventajas históricas, particularmente las de las mujeres con discapacidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1,000 millones de personas, tienen alguna forma de discapacidad. Igualmente, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país; de ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres. Al respecto, las previsiones indican que esa cifra aumentará, como consecuencia del envejecimiento de la población y de la creciente prevalencia de las enfermedades no transmisibles.
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo primero, reconoce que las personas con discapacidad son aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Para avanzar, es necesario visibilizar que las personas con discapacidad continuamos experimentando diversas barreras que nos impiden acceder al entorno físico, social, económico y cultural en igualdad de condiciones, así como identificar los retos pendientes. El resultado de no contemplar la inclusión de las personas con discapacidad se evidencia mediante menores índices de acceso a salud, menores logros educativos, menor participación económica y mayores tasas de pobreza.
Las personas con discapacidad enfrentamos discriminación y otras barreras que limitan nuestra participación en la sociedad en términos de igualdad. Se nos niega sistemáticamente el derecho a participar en el sistema de educación pública, a obtener un empleo, a vivir en la comunidad de manera independiente y desplazarnos libremente, a votar, a participar en actividades deportivas y culturales, a acceder a la justicia.
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No obstante, no todas las personas con discapacidad enfrentan los mismos obstáculos. Desde una mirada interseccional (término acuñado en 1989 por la abogada afroestadounidense Kimberlé Crenshaw), existen categorías socioculturales como el sexo-género, la edad, nacionalidad, preferencia sexual, entre otras, que al sumarse suponen mayor vulnerabilidad. El resultado de ser, por ejemplo, una niña indígena con discapacidad proveniente de Honduras, implica cuatro formas de discriminación.
Incluir la perspectiva de género implica identificar las discriminaciones vinculadas al hecho de ser mujer. Significa reconocer que las mujeres con discapacidad experimentamos mayores dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, ejercer el derecho a la ciudad, a la educación y a la formación profesional. De acuerdo a datos de Naciones Unidas, las mujeres con discapacidad tenemos menor tasa de contratación, ascensos y a la misma remuneración por igual trabajo. Es un deber de los Estados prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia hacia las mujeres, y lo es aún más, al tratarse de todos aquellos grupos con lo que se tiene una deuda histórica.
Como parte de los compromisos internacionales como el cumplimiento de la CDPD y la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, debemos asegurar educación inclusiva, promover el crecimiento económico inclusivo, reducir las desigualdades, erradicar todas las violencias de género y hacer las ciudades inclusivas. Recordemos que no hay desarrollo sostenible sin inclusión.
Hay una necesidad urgente de ampliar los servicios destinados a las personas con discapacidad, por ello debemos mejorar el acceso a los servicios y programas de salud, el derecho a la ciudad de las mujeres y las niñas, el diseño universal, reforzar y extender los servicios de rehabilitación, mejorar la investigación científica y la obtención de estadísticas sobre la discapacidad; pero, sobre todo, romper los estereotipos tan arraigados que hacen ver a las personas con discapacidad como objetos de asistencia y caridad, cuando somos personas con derechos.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
