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sábado, febrero 17, 2024
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Llaman a comparecer a exfuncionarios de La Paz

Autoridades municipales argumentan que cuando el caso llegue ante la Auditoría Superior del Estado, se buscará esclarecer, y si corresponde, fincar responsabilidades por los pendientes que merman los datos de contabilidad que requiere el municipio

Como resultado de la evaluación correspondiente al proceso de entrega-recepción, la Comisión Especial Revisora del XVII Ayuntamiento de La Paz informó que se detectaron diversas irregularidades, como el incumplimiento en información financiera, contrataciones indebidas y un incremento de cientos de millones de pesos en la deuda pública.


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En estricto cumplimiento de lo que establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y 27 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de La Paz, la XVII administración en su primera sesión ordinaria integró la comisión encargada de revisar la transición entre gobiernos municipales, dotada de facultadas para conocer y evaluar la información contenida en el expediente integrado de la entrega-recepción de la administración 2018-2021.

En la quinta sesión extraordinaria de Cabildo, los integrantes de la Comisión Especial Revisora del proceso de entrega-recepción detallaron que, en los tres años de la administración que encabezó el ahora diputado federal de Morena, Rubén Muñoz Álvarez, la deuda pública municipal se incrementó en un 25.13 por ciento, que equivale a 350 millones de pesos aproximadamente.

Los resultados del análisis de los estados financieros arrojan pasivos totales al Ayuntamiento de La Paz, con corte al 28 de septiembre de 2021, por mil 741 millones 513 mil 273 pesos.


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Rogelio Martínez

Detallan que los funcionarios de la XVI administración no realizaron correctamente el registro de los compromisos contraídos con proveedores, partiendo del contrato formalizado por el sistema de armonización contable. Esto se traduce en que no existe certeza de la veracidad de los pasivos que contrajo el municipio con las empresas.

Describieron que, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Armonización Contable, se incumplió en la conformación de estados financieros debido a que “carecen de información sustantiva”.

Las autoridades municipales anteriores tampoco cumplieron con la entrega de la cuenta pública de enero-septiembre 2021, ni con el informe de avance de gestión financiera de agosto y septiembre de 2021.

En el informe también resaltaron la contratación indebida de cuatro trabajadores, que fueron dados de alta con base sindicalizada de forma interna. Subrayan que esto se llevó a cabo sin los dictámenes correspondientes de la Comisión Mixta de Escalafón del Ayuntamiento de La Paz. Cada uno de estos empleados gana como mínimo nueve mil 800 pesos quincenales, más diversos bonos y prestaciones.

En Cabildo mencionaron que esto contraviene al artículo 71 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipio de Baja California Sur, que regula las contrataciones con base sindicalizada.

Otro tema comentado en el reporte de la evaluación, expone que el sistema de programa de puntualidad y asistencia de Recursos Humanos para el debido control de la entrada y salida de personal no funciona correctamente.

Además, encontraron adeudos que hasta la fecha de entrega no se hicieron efectivos, tales como anticipos de sueldos, préstamos personales a terceros, gastos a comprobar y fondos de afectación específica.

Con respecto a contrataciones irregulares, el documento detalla las siguientes:

* Pago indebido a la empresa Centro de Consultoría, Auditoría y Desarrollo Profesional SC por concepto de creación el programa del proceso de entrega recepción.

* Contratación y pago indebido de la empresa Estratimex S.A.P.I. de C.V. el 7 de enero, por servicio de gestoría de cobro de cartera vencida.

El síndico Rogelio Martínez, explicó que el 16 de abril de este año, el entonces presidente Rubén Muñoz formalizó contrato con el representante legal de Estratimex, sin que se incluyera la firma de la exsíndica, Martha Páez, y el exsecretario general, Alejandro Mota.

Precisó que no tienen un monto exacto de cuánto dinero se pagó a esta empresa, sin embargo -comenta- números no oficiales refieren que durante 2019 se manejó un pago de hasta 20 millones de pesos a Estratimex.

Agregó que no se cuenta con el acceso a todas las transferencias para dar una cifra específica, además, no se contaba con toda la información en los libros de contabilidad.

Exfuncionario comparecen

En consecuencia con el informe, el Cabildo del XVII Ayuntamiento de La Paz ordenó que se citara a comparecer a cinco exservidores públicos involucrados con las irregularidades antes descritas. El síndico municipal expuso que, por solicitud de la Contraloría, los nombres de las y los exfuncionarios deben quedar en la confidencialidad hasta que el proceso llegue a manos de las instancias correspondientes.

Informó que en este proceso ante la Comisión Especial Revisora de entrega-recepción, se les cuestionó sobre la falta de datos necesarios en los estados financieros y se requirieron documentos a las y los involucrados.

“Todos los miembros de la comisión hicieron preguntas, nos entregaron información algunos de ellos; otros hicieron llegar las respuestas con la información que esclarece algunos cuestionamientos. Las comparecencias se desarrollaron de manera tranquila”, dijo.

Rogelio Martínez dio a conocer que al concluir con la comparecencia de exservidores que fungieron en cargos de dirección y jefaturas, la comisión trabaja en un dictamen que presentará ante el Cabildo.

Una vez que el órgano máximo de autoridad en el municipio apruebe el dictamen, se enviará a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS), en donde se desarrollarán las investigaciones correspondientes.

Autor(a)

Gilberto Santiesteban
Gilberto Santiesteban
Reportero sudcaliforniano, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Me dedico sobre todo a dar voz y cobertura a las causas ciudadanas en mi estado. Ante todo creo en la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluyendo las responsabilidades y retribuciones que estas conllevan.
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