Los primeros dos años en los que Morena asumió las riendas en Mexicali, se han registrado los peores índices en materia de homicidios, pues en sólo dos años se contabilizaron más de 450 asesinatos, un gran porcentaje de ellos ligados a la delincuencia organizada o narcomenudeo.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de nuevo demostró cómo la justicia en Baja California Sur no es expedita. Apenas se logró recapturar a uno de los más peligrosos sicarios generadores de violencia en la entidad de 2014 a 2020.
El jueves 21 de octubre, sicarios protagonizaron una persecución que terminó con el asesinato de Jorge Adrián Núñez Domínguez, de 66 años, y su esposa, Elvia Campos Mejía, de la misma edad. La mujer quedó dentro de una camioneta GMC Terrain, y él, a un costado de la máquina expendedora de gasolina en la delegación de Maneadero en Ensenada.
La violencia en el Valle de Mexicali es uno de los focos rojos en Baja California para las instituciones encargadas de la seguridad, que perdieron el control de la zona a mediados de 2020, cuando células de “Los Salazar” y operadores de los hermanos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar “Los Chapitos”, comenzaron su campaña por apoderarse de la limítrofe con San Luis Río Colorado, Sonora.
La tarde del sábado 19 de octubre, por órdenes provenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo de asesinos identificados como “Los Erres” intentó acribillar a Javier Antonio Rodríguez Rincón, subjefe de la Unidad de Inteligencia de Tijuana.
Desde beneficios que reducen condenas y otorgamiento de libertades que no se publicitan, hasta presunto cambio de identidad, son algunas de las prebendas que obtienen algunos narcotraficantes mexicanos que cooperan efectivamente con las autoridades de Estados Unidos de América al delatar a importantes miembros de las organizaciones criminales o entregar parte de sus fortunas ilícitas.
Sicarios de “Los Erres”, al servicio de Cártel Jalisco fueron detenidos por ataque al policía municipal y homicidio el homicidio de investigador en Tijuana
Veintitrés días han pasado desde el asesinato del joven ingeniero de 36 años, Juan Carlos Ojeda Solorio. Su familia y amigos han hecho saber de manera periódica y permanente, por diferentes vías, que no permitirán que su expediente se convierta en una estadística, ni parte del rezago acumulado en la Fiscalía General del Estado de Baja California.
En Baja California ya existe un grupo de Policía Metropolitana, pero es corrupta y opera fuera de la Ley. Hasta donde saben los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad de Baja California, es coordinada por Carlos Omar Barba Preciado, un delincuente ligado originalmente al Cártel Arellano Félix (CAF).
