Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
El proyecto para instalar una planta fotovoltaica propiedad de la empresa Next Energy de México, SA de CV, que el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha promovido insistentemente como una alternativa para dotar de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana, se encuentra al borde del colapso.
En la comparecencia del secretario Salomón Faz Apodaca ante el Poder Legislativo, comentó que se solicitó una revisión ante la CRE para determinar sí el cobro de energía eléctrica por el acueducto es el correcto. El adeudo restante podría ser de entre 105 y 220 millones de pesos.
La institución federal expuso a través de un comunicado de prensa que no respalda las acciones, debido a que el Poder Ejecutivo estatal carece de facultades
Desde inicios de septiembre se solicitó que se incluya el estado que guardan los organismos de agua en los trabajos de transición, pero el actual Poder Ejecutivo se ha negado
La gobernadora entrante Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó un oficio, vía su Coordinador de Transición, donde exige que cubra el adeudo y advierte sanciones sí contrata a una tercera empresa para abastecer la energía.
La pasada administración de Guadalupe Mora Quiñónez intentó -de último momento- aprobar los permisos para la instalación de la planta propiedad de Next Energy.
Un pago de 58 millones de pesos fue lo que cubrió el Gobierno del Estado al Ayuntamiento de Mexicali, luego que la Presidenta Municipal, Norma Bustamante Martínez, presentara un oficio para cobrar los más de 550 millones de pesos en participaciones federales que ha omitido pagar.
El combate a la corrupción es uno de los ejes centrales en los que se basa el discurso combativo de Jaime Bonilla Valdez. Al igual que todos los gobiernos ligados a la Cuarta Transformación (4T), este emblema los ha llevado a tener gran aceptación popular, la cual reconoce a este mal como uno de los más severos en el país.
Durante la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, las agresiones a integrantes de los medios de comunicación se agravaron, se hicieron más evidentes e incluso se justificaron por la propia autoridad. Sólo ZETA ha recibido más de 15 ataques directos por parte del mandatario estatal, en su agónico bienio.
