Durante la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, las agresiones a integrantes de los medios de comunicación se agravaron, se hicieron más evidentes e incluso se justificaron por la propia autoridad. Sólo ZETA ha recibido más de 15 ataques directos por parte del mandatario estatal, en su agónico bienio.
El medio de comunicación que representa el autor de esta columna, así como la mayoría de los compañeros de esta casa editorial, fuimos víctimas -en mayor o menor medida- de ataques directos, desde ofensas, groserías, exclusiones de conferencias de prensa o eventos, ataques a la vida personal; o bien, directamente hacia las páginas de este Semanario que por más de 40 años ha hecho periodismo libre y de investigación, independientemente de partido o gobernante que se encuentre en el poder.
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Sin embargo, no sólo los compañeros de ZETA fuimos víctimas de los berrinches y desplantes del gobernador y de sus funcionarios, pues periodistas como Aline Corpus, de Reforma; Jorge Heras, de Televisa y Rosela Rosillo, de Medrano TV, han recibido agresiones directas en el programa de variedades conducido todos los días por el mandatario estatal desde su cuenta de Facebook.
Bonilla Valdez ha denostado a las personas como una forma de desviar la atención hacia los señalamientos de ineficiencia gubernamental, puesto que en ningún momento ha desmentido los trabajos periodísticos expuestos.
Sin embargo, el motivo de esta columna no es contar el desbordado comportamiento de Bonilla -cuyo gobierno concluye en cuatro semanas-, sino exhibir que, durante todos estos ataques, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, dirigido por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y la mayor parte de la administración por la subsecretaria Rocío López Gorosave, no sirvió para absolutamente nada.
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Las promesas de un mecanismo eficiente que garantizara la protección de este sector que profesionalmente es vulnerable por el simple hecho de defender causas sociales o por publicar con rigor y veracidad, no se cumplieron, y lo peor es que ni siquiera se intentó, pues la propia ignorancia de los funcionarios les impidió entender que los arrebatos de su jefe son inconcebibles en una democracia como la que se busca alcanzar.
Amador y Rocío solaparon ciegamente los abruptos ataques de Bonilla y -una vez más- priorizaron el servilismo antes que cumplir con su responsabilidad, optando por nulificar o suprimir las quejas del gremio hacia los arrebatos de Bonilla.
El mecanismo, donde además participan algunos integrantes de los medios de comunicación, no funciona, no garantiza la protección de nadie y se encuentra en manos del principal agresor de la prensa en Baja California, convirtiendo el esfuerzo en una mala broma.
Ante ello, es urgente replantear un nuevo esquema para garantizar el respeto a los periodistas, los cuales tenemos la obligación de someternos al escrutinio público y que se revise la veracidad de nuestras publicaciones, pero no a denostar nuestra persona por el hecho de hacer publicaciones incómodas.
Me solidarizo con mis compañeros arriba mencionados, pero esto no puede quedar en un simple apapacho. Se debe buscar un nuevo mecanismo que cumpla con lo que no pudieron hacer Bonilla y Amador.
La obligación del próximo gobierno es no repetir la historia del actual titular del Poder Ejecutivo estatal y ser respetuoso hacia periodistas, medios de comunicación y activistas, los cuales fungen como herramientas para abonar a los debates sociales.
