La gobernadora entrante Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó un oficio, vía su Coordinador de Transición, donde exige que cubra el adeudo y advierte sanciones sí contrata a una tercera empresa para abastecer la energía.
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Una exigencia directa por parte de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda hacia el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, fue presentada vía oficio a través de su equipo de transición, para exigir al Poder Ejecutivo que cubra el adeudo de más de 163 millones de pesos que sostiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo del acueducto que transporta el agua del Río Colorado a Tijuana.
La Presa del Carrizo se encuentra en una situación crítica ante la falta de flujo del vital líquido y se compromete el abasto de agua en Tijuana.
Este 7 de octubre, el coordinador General de las Comisiones de Enlace de la Autoridad Entrante del Estado de Baja California, Catalino Zavala Márquez, presentó un documento formal de dos páginas ante la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), titulado por Salomón Faz Apodaca, donde simplemente le exige al Poder Ejecutivo de Baja California, que cumpla con sus obligaciones pendientes con la CFE, con el objetivo de que se mantenga el abasto del acueducto Río Colorado-Tijuana, que anualmente traslada más de 80 millones de metros cúbicos de agua para cumplir con alrededor de la mitad de la demanda del recurso hídrico del municipio.
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El documento le recuerda a Faz Apodaca que debido a que se encuentra a escasos días de concluir la administración, no está en posibilidad de signar ningún contrato con una tercera empresa para cubrir las necesidades de energía.
“En este sentido, de materializarse la contratación del suministro eléctrico con un tercero, sin contar con la autorización previa del Poder Legislativo, se incurrirá en una falta grave que podría provocar responsabilidades administrativas, así como un severo daño patrimonial al Estado, con motivo de una actuación ilegal, lo anterior en perjuicio de otras conductas u omisiones en que pudieran incurrir en términos de la Ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones aplicables”, refiere el documento en poder de ZETA que fue presentado en las oficinas de la CEA, en Mexicali.
