El día que mataron al Jefe Policíaco Margarito Saldaña Rivera se supo que no era un policía deshonesto. Los asesinos de la mafia habían llegado de madrugada hasta su casa, una hechiza construcción de madera que no pudo resistir mínimamente las ráfagas de metralleta que escucharon los vecinos de una colonia de bajos recursos de Tijuana. Los sicarios también asesinaron a la esposa de Margarito Saldaña, a una de sus hijas, y dejaron heridos a otros familiares. Más allá de las condiciones en las que vivía el Jefe de Distrito Policíaco, en las cuales era evidente que no había dinero sucio, ni recursos del narcotráfico que todo lo corrompe; Margarito Saldaña había intentado horas antes de su muerte, detener a unos presuntos delincuentes. No le perdonaron lo que consideraron una afrenta. Al Policía lo asesinaron por cumplir con su deber, y en ello se llevaron a su familia. Era 2008 y en Baja California estábamos en medio de una guerra de cárteles. El de Sinaloa le disputaba esta zona fronteriza al cártel Arellano Félix que la regenteaba para el tráfico de drogas desde 1985. Las células criminales divididas, empistoladas y con generoso recurso de la venta de droga, el secuestro y la extorsión, tenían azorada a la ciudadanía. Entonces Felipe Calderón desde la Presidencia de la República, había emprendido dos años atrás su “guerra contra las drogas”, cuyo legado fue de más de cien mil ejecutados en seis años. Por aquel tiempo hubo también asesinatos a Policías que estaban infiltrados por parte del narcotráfico. Que engolosinados por la delincuencia y la ambición del dinero fácil, se habían convertido en narcotraficantes unos, y en protectores de los mafiosos la gran mayoría. Se inició una limpia de las corporaciones que, francamente, quedó a medias. Ciertamente se instauraron herramientas como los exámenes de control, evaluación y confianza que sirvieron para identificar, un poco pero lo hicieron, a los policías corruptos. Se les persiguió, se les encarceló y ahora están de regreso. No hay muchos Margaritos Saldaña, pero sí abundan los policías corruptos. Otra vez, o más que antes, los Policías de México están comenzando a coludirse con el crimen organizado y el narcotráfico. El ejemplo mejor sería la huida de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, del penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Resulta imposible, aun cuando se ha detenido y perseguido a funcionarios de segundo y hasta quinto nivel, que la fuga se hubiese podido llevar a cabo sin la colaboración de alguna o varias corporaciones policíacas o miembros de las fuerzas armadas. Fue notorio en 2009 cuando el Gobierno de los Estados Unidos le perdió la confianza al Ejército Mexicano. Aparte que no tenían una buena experiencia (¿Recuerdan al General Jesús Gutiérrez Rebollo?), ya eran muchos los pitazos que les habían dado para detener a “los grandes capos” y estos siempre terminaban huyendo a tiempo. Así el Gobierno de los Estados Unidos se estrenó con la Marina en diciembre de aquel año. Les alertaron de la presencia en el centro de Morelos de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, jefe del cártel que lleva su apellido. Ensoberbecido, el narcotraficante intentó ganar el enfrentamiento a los marinos y lo pagó con su vida. Los suyos, inconformes y molestos, arremeterían días después –como lo hicieron con Margarito Saldaña- con la madre y tres familiares de uno de los marinos que participaron en el operativo contra Beltrán Leyva y había perdido la vida en ello. En contraparte, a José Ramón Velázquez, un Comandante que fue de la Policía Judicial de Baja California, los criminales lo capturaron, lo torturaron y le videograbaron en una confesión criminal. Acusaba las relaciones que existían entre el cártel de Sinaloa y la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Los asesinatos que habían cometido, los crímenes por venganza contra Policías que no eran afines al ala criminal de Ismael Zambada García “El Mayo”, y los lugares donde los habían desaparecido. Días después de la confesión que fue distribuida bastamente entre medios locales y nacionales, el cuerpo del ex Comandante fue arrojado por sus verdugos, frente a la casa de la entonces novia del Procurador. Y cómo borrar de la historia reciente la emboscada que sufrieron 15 elementos de la Fuerza Única de Jalisco en abril de 2015 por obra del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales que registra mayor crecimiento en el territorio mexicano y que el Gobierno Federal no ha podido contener. Los narcotraficantes, los criminales organizados, matan a los policías por una de dos razones: Porque los combaten, o porque están coludidos con ellos o con alguna otra organización criminal. He conocido y documentado casos de Policías Federales que fueron acribillados después de haberse robado un cargamento de droga, o haber secuestrado al narcotraficante equivocado. En México existen –según el informe de la Secretaría de Gobernación- 431 mil 246 Policías entre Municipales, Estatales y Federales; en las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un General de División, el número promedio –varía por razones administrativas- es de 200 mil elementos. En el mismo apartado de la Secretaría de Gobernación del III Informe de Gobierno Federal, dan cuenta de únicamente haber practicado exámenes de control, evaluación y confianza a 71 mil 511 Policías, un escaso 16.58 por ciento de la totalidad de Policías en el País, lo cual puede ser un indicador de los elementos, deje usted no evaluados, sino que están una probabilidad de ser corruptos o infiltrados. Enrique Peña Nieto le sigue debiendo pues, a los mexicanos, una depuración en las corporaciones policíacas. Ni la inversión federal en las mismas, ni las capacitaciones producto de la Iniciativa Mérida, ni los incentivos económicos serán suficientes para tener una Policía Efectiva que pueda repeler las agresiones, investigar y capturar criminales y asesinos de las calles de México. Otro ejemplo del nivel tan pobre de depuración y supervisión entre elementos policíacos es el apartado –en el mismo informe de Gobernación- de los casos consignados: “Se puso a disposición del Ministerio Público Federal y del Fuero Común a 91 integrantes de la corporación policial, con el propósito de sancionar la comisión de actos de corrupción. Se presentaron 412 denuncias penales en contra de integrantes de la corporación policial, entre las que destacan 393 por uso de documentos falsos y fraude, cuatro por ejercicio indebido del servicio público y peculado; ello derivó en la consignación de 89 elementos ante jueces penales federales, mismos que libraron 60 órdenes de aprehensión. Por su parte, el Órgano Interno de Control en la PF realizó 16 auditorías aplicadas a distintas áreas de la corporación policial. Se aplicaron 1,011 sanciones a 946 servidores públicos de la PF”. Nada pues, en comparación con los 431 mil 246 Policías en el País, que ejercen su labor sin haber sido evaluados correctamente para ello. En los últimos meses, en varios estados de la República Mexicana, Policías Federales, Estatales y Municipales han caído a manos del narcotráfico y el crimen organizado. En Baja California, en los últimos cinco días han matado a tres y la alerta está al máximo. No todos son Margarito Saldaña. Tampoco Juan Ramón Velázquez. Pero sí es evidente, por las cifras de Gobernación y la pobreza en la evaluación, que estamos en manos de Policías no adecuados para protegernos del crimen organizado que está mejor armado y tiene mayores recursos para corromper Matar Policías en México, se está convirtiendo en un juego de poder para delincuentes agrupados –en su mayoría por el narcotráfico- en el País de la impunidad que Enrique Peña Nieto no quiere, no puede o no le interesa corregir.

Casualmente en épocas preelectorales y en años recientes, algo pasa con el Verde. Si no descubren a Arturo Escobar con más de un millón de pesos en efectivo en un aeropuerto, previo a la elección de 2009, encuentran una liga de Jorge Emilio González con la muerte de una chica en 2011, o en 2015, antes de junio, la exigencia de partidos y ciudadanos de retirarle el registro al Partido Verde Ecologista de México, ante la violación sistemática de las reglas electorales. Hoy día, la Procuraduría General de la República que encabeza Arely Gómez, colaboradora de Enrique Peña Nieto, a través de la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), ha consignado a un juez federal un expediente para solicitar una orden de aprehensión por delitos electorales, el cual es considerado una falta grave que alcanza de 5 a 15 años de prisión, sin fianza. La averiguación que sostiene el expediente consignado al Juzgado se apertura por una denuncia que interpuso el Partido Acción Nacional -también el Partido de la Revolución Democrática- luego que revelaron una estrategia del PVEM para la elección de 2015 a diputados federales, donde los Verdes realizaron un padrón de votantes que recopilaron de una encuesta que hicieron con un centro de llamadas masivas. A esas personas, posteriormente les hicieron llegar una tarjeta de descuento en centros de productos y servicios, y además, el plástico contenía la leyenda “Gracias por ser Verde”. De eso es probable que Usted recuerde algo. Muchos ciudadanos denunciaron públicamente cuando sin pedirlo, sin registrarse y por supuesto sin activar una membresía, a sus casas comenzaron a llegar las tarjetas verdes. Dicha acción elaborada en la cúpula del Partido Verde Ecologista de México y encabezada por Arturo Escobar, hasta el miércoles 25 de noviembre subsecretario de Prevención del Delito en la Secretaría de Gobernación, constituye un delito en el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, “que castiga a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición legal para ello”. La sanción: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. “La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña elector”, indica el artículo. Increíblemente la PGR ha actuado con celeridad. Es decir, en este caso sí ha sido expedita en la elaboración de la averiguación, en la consignación al juez y la solicitud de orden de aprehensión, todo en menos de nueve meses. Pero hay un problema: que Escobar no fuese advertido, y que de hecho al hacer pública la solicitud de orden de aprehensión en su contra, le adviertan de lo que viene. Vamos, lo primero no se entiende porque la PGR está en la misma estructura del empleador de Arturo Escobar, el Gobierno Federal. Y lo segundo, porque las solicitudes de órdenes de aprehensión se hacen en sigilo, precisamente para que los presuntos criminales no huyan del país, como podría ser el caso. Lo otro sospechoso es que apenas en septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Escobar como titular de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Secretaría de Gobernación, y a pesar de la inconformidad social, de las miles de firmas recolectadas para dar marcha atrás a la designación y las manifestaciones físicas que hubo, tanto el Presidente como el secretario de Gobernación lo mantuvieron en el cargo. El propio Arturo Escobar dijo que él no se iría hasta que el Presidente así lo decidiera… y pues parece que de una forma poco extraña, ya lo decidió. A partir que se filtra la solicitud de orden de aprehensión contra Escobar, que de hecho se da a conocer por “alguien” del Gobierno Federal, éste se ve “obligado” a renunciar… O el Presidente esta vez sí castigará la corrupción, lo cual se antoja fantasioso, o el expediente contra Escobar y otros empresarios -los que emitieron los plásticos y los repartieron- acaso forma parte de una estrategia política para institucionalizar el actuar de los Verdes y del propio Peña en el pasado. Los mexicanos nunca debemos olvidar que la generosa repartición de tarjetas Monex durante la campaña presidencial de 2012 no constituyó delito alguno, por lo que uno se pregunta qué más puede pasar con los plásticos del Partido Verde, eterno aliado y comparsa del PRI, el mismo partido que dejó a Enrique Peña Nieto enquistado en Los Pinos. ¿Usted qué cree?

El mismo día que sin una justificación oficial, válida y de peso, el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, dejó plantados a los secretarios de Seguridad Pública que en Tijuana realizaron su reunión regional conjunta Noroeste-Occidente, Kiko Vega inauguró en el Centro Estatal de las Artes de esta ciudad, una pintura de Ángel Alfonso Valenzuela Ramos, que tiene como figura central, la imagen del mandatario. En efecto, la obra de arte se encuentra en instalaciones propiedad del Gobierno del Estado, y refleja una imagen de desolación. En primer plano un desierto terregoso color naranja, con sus respectivos cactus, escenario de nueve figuras humanas de espalda que se aprecian en el abandono. Sin ropas visibles, delgados todos, parecen estar expectantes a un cielo azul rematado con cerros también de colores vivos, sobre los cuales, en lugar del sol que da sombra a las endebles figuras, destaca la imagen del Gobernador Francisco Vega. Vega fue pintado con su clásica vestimenta. Camisa azul a rayas, chamarra, gesto fruncido, adusto, observa a los flacos personajes que a lo lejos parecen saludarle. Los ve sin vida en su mirada. El retrato del Gobernador con su pelo rubio y su característico bigote, está en la parte superior derecha del cuadro obra de Valenzuela Ramos, conocido en el mundillo cultural como Val-Rá. No se ha aclarado si la obra fue encargo del Director del Centro Estatal de las Artes en Tijuana, José Aguirre Lomelí -muy dado a eternizar en obras pictóricas a los personajes de la vida política y social del Estado-, o si fue una ocurrencia del pintor, o acaso ordenada por otro funcionario que pretendió quedar bien con el Ejecutivo estatal. Lo que sí, es que el solo hecho de ubicar la obra en un edificio oficial, inaugurarla acompañado de alcaldes y otros funcionarios, hace de Francisco Vega un gobernador propenso al culto a la personalidad. Vaya, está compitiendo con esta acción política y moralmente incorrecta -aprovechar los espacios oficiales para promover su figura- con quien fue Gobernador de Baja California pero del PRI en los ochenta, Roberto de la Madrid Romandía. Le explico. En 1982, el Gobernador Roberto “Bob” de la Madrid inauguró en la Zona del Río, acompañado del Presidente de la República, José López Portillo, el monumento de un charro montado a caballo. Lo instalaron en la glorieta frente a Palacio Municipal, donde hoy día una figura de Miguel Hidalgo engalana la glorieta del Paseo El Centenario. Pero hace 33 años, la obra del charro tenía dos peculiaridades: primero, el rostro había sido esculpido a imagen y semejanza de López Portillo. Segundo, aun cuando la versión oficial fue que el Gobierno del Estado pagó 8 millones de pesos por la obra, el escultor Humberto Peraza Ojeda, comprobó con documentos que él cobró y le pagaron, 5 millones de pesos… Nunca se supo quién del gobierno de Bob de la Madrid, se quedó con 3 millones. Aquel gobierno de extracción priista había ejercido al máximo el culto a la personalidad al que son tan afectos los políticos de todas las épocas. Pero ni la ciudadanía ni los gobiernos futuros habían de quedarse tranquilos. Años después, la estatua del charro con rostro de López Portillo fue cambiada de lugar. Enviada a un almacén primero, al Ejido Chilpancingo después, al Bulevar Industrial en Otay más tarde y hasta a Playas de Tijuana fue a parar. La inconformidad de la sociedad, fue -aparte de los 3 millones de sobreprecio que no se sabe dónde quedaron-  que se utilizara recurso y espacio oficial para honrar a José López Portillo. Incluso hubo pintas de inconformidad. Pero eso no fue todo. Roberto de la Madrid fue más allá. Por los mismos años inauguró en una de las esquinas más céntricas y concurridas de Mexicali, una estatua a Lázaro Cárdenas. “El Tata” aparecía en lo alto, y dos ciudadanos, un hombre y una mujer, le presentaban honores. Justo en la esquiva de Lázaro Cárdenas y Bulevar Benito Juárez, muy cerca de la Universidad Autónoma de Baja California, fue inaugurada la obra. No pasó mucho tiempo hasta que ciudadanos se dieron cuenta. Las dos personas que complementaban la escultura de Cárdenas, tenían los rostros de los dos hijos de Roberto de la Madrid… otra vez, el ego político. El culto a la personalidad. A diferencia del exiliado charro José López Portillo de Tijuana, que fue cambiado de lugar, a la estatua de Lázaro Cárdenas se le hicieron modificaciones para quitar los rasgos de los hijos del entonces Gobernador a las estatuas. Pero vaya, 33 años después, tras ser derrotado el PRI en el Gobierno del Estado y el PAN ocupar la oficina gubernamental principal, las viejas costumbres regresan a Baja California. Con Francisco Vega el culto a la personalidad ha llegado a su máxima expresión. Si Bob de la Madrid quiso rendir honor al Presidente de la República y a sus hijos, Kiko Vega lo hizo a sí mismo. Pues aun cuando él no hubiese ordenado la obra, como mandatario responsable, pudo solicitar no ser exhibida en un edificio oficial, o pudo negarse a inaugurar una obra donde él es el personaje principal, y que además, retrata el panorama desolador de los bajacalifornianos en este momento, y lo erige a él como un frustrado salvador. O el ego del Gobernador es mayor al que fue de Roberto de la Madrid, o quizá cree Vega que es justo honrarse a sí mismo, y que la ciudadanía estará tranquila y complaciente con la oficiosa obra del pintor tijuanense, al que dicen, no le pagaron por su trabajo. Por cierto, la obra se titula “El Mandato”…

Pasándose de listos, en un hecho inédito, diputados del PRI controlados -todavía, pues entonces Chris López no había tomado las riendas del tricolor- por René Mendívil, denostaron la lista que desde el Tribunal Superior de Justicia les hicieron llegar para la selección de un Magistrado que integre ese poder. Aliado con Enrique Acosta Fregoso, apoyado aun cuando por otros intereses, por el diputado Juan Molina, e incluso por algunos panistas que fueron lampareados, Mendívil se encargó de que ninguno de los cinco aspirantes que aprobaron los tres exámenes -una en el formato original, cuatro en una segunda evaluación- obtuviera la mayoría de votos (17) para ser nombrado Magistrado. La grilla política, electoral, judicial y de partido la inició Mendívil incluso antes que la lista llegara al Congreso, cuando solo una de 25 originales aspirantes había pasado los tres exámenes, el teórico, el práctico y la presentación. Se trató de la jueza Lourdes Molina, de quien Mendívil dijo, era recomendada del Secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, y del hijo del director de El Mexicano, Eligio Valencia Alonso. Esa presunción, no necesariamente una realidad, fue suficiente para que el diputado priista denostara la capacidad de la jueza y forzara, junto con sus diputados afines, impulsar a dos aspirantes que aprobaron en la reevaluación: Víctor Flores y Marcelino Zepeda. Los otros dos aspirantes, de plano, no tenían ni oportunidad desde el punto de vista del legislador. En un escenario político, de una elección interna de partido, de una selección de jefe de sector o de representante de partido, la estrategia de Mendívil sería adecuada, finalmente en los institutos políticos no están los más capaces ni los más preparados, sino los mejores conectados, los que tienen más relaciones y están cerca del poder central; pero cuando se trata de la selección de un representante de uno de los tres poderes que integran el Estado Mexicano, la actitud pandilleril asumida por el priista refleja la pobreza en las representaciones populares y los intereses ajenos a la justicia y la equidad, que debieran imperar en las decisiones de un Congreso cuyos miembros fueron electos para representar a los gobernados, no para defender causas personales o intereses particulares. Debido al poco compromiso que los diputados encabezados por Mendívil tienen por el derecho y el recinto camaral, por primera vez una lista fue regresada al Tribunal. Y no refleja este acto un escenario de competencia feroz entre aspirantes capaces que, de tan preparados, dividen opiniones, sino una lucha feroz desde el Poder Legislativo para controlar al Poder Judicial. “La decisión en el Congreso se politizó”, dijo acerca de la acción de regresar la lista al Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vázquez, Presidente de dicha instancia y titular del Poder Judicial en Baja California. Pero como la medida fue legal… Vaya, los diputados actuaron con el interés que si no ganaban a la primera cualquiera de sus dos candidatos, mejor tronaban el proceso, para lo cual estaban facultados, ahora en el Tribunal deberán reponer el proceso en general. Hace unos días, otra vez se publicó la convocatoria dirigida a los especialistas del Derecho para que se inscriban y participen en la selección de un Magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de Baja California. Para llevar a cabo el proceso y la integración de una nueva lista. En el Poder Judicial tienen 30 días, ni uno más. En ese lapso recibirá las nuevas solicitudes, supervisará validez de documentos, entrevistará a los postulantes, realizará el examen psicométrico, el de valores, el de conocimientos, el práctico, la entrevista y quienes aprueben todos, sus nombres serán integrados a los cinco de la lista que fue rechazada por el Congreso del Estado. De esa nueva lista, cuyo orden se integrará en primer lugar a quien más puntaje tenga, considerando todos sus méritos y resultado de exámenes, y de ahí el resto de los participantes, los diputados deberán votar otra vez y otorgarle a uno los 17 votos necesarios para convertirse en Magistrado. Pero si los diputados, como fue el caso del jueves 5 de noviembre de 2015, no se ponen de acuerdo y truenan una vez más la votación para que ninguno alcance la mayoría, la Ley indica que de esa segunda lista, en automático, al no haber acuerdo entre los legisladores, se nombra Magistrado al primero de la lista y punto. ¿Y quién está hasta el momento en primero de la lista? Marcelino Zepeda, uno de los dos candidatos de René Mendívil y Enrique Acosta. Es decir, no lo aprobaron en la primera ocasión y si en la segunda no se ponen de acuerdo, será Magistrado y ya. A pesar que en la evaluación original no aprobó el examen práctico.  Por supuesto, el primer lugar de la lista no lo tiene asegurado el juez de Ensenada, falta ver que de los nuevos aspirantes alguno obtenga una mejor puntuación, o los números de los que ya fueron seleccionados se muevan. Pero la estrategia del priista ha funcionado -de no moverse la tabla- para en la segunda ocasión, ahora sí, ubicar en el Poder Judicial a un aliado (con respeto para el juez Zepeda, a quien han arropado los priistas). Entonces legará Mendívil, un Poder Judicial infiltrado por la política y la negociación, justo antes de renunciar a la diputación para dedicarse de lleno a su aspiración -ya frustrada en tres ocasiones- de ser candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Tijuana.

Un día como ése, pero de 1979, las huestes de la Confederación de Trabajadores de México que manejaban la maquinaria en la prensa del diario vespertino abc en Tijuana, fueron instruidas por el Gobierno del Estado de Baja California, para irrumpir en la administración del periódico y, a la larga en juicios, acabar con él. El diario lo dirigía Jesús Blancornelas y el Gobierno Roberto de la Madrid. A la postre, acompañado de Héctor “El Gato” Félix Miranda y otros periodistas independientes como ellos, fundarían el semanario ZETA meses después, justo en abril de 1980. Pues por alguna razón, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) determinó en el año 2014 y por primera ocasión, que el 2 de noviembre sería el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Justo pues, y ya a título personal y de interés de esta Editorial, que un Gobierno arrebató un diario a periodistas independientes encabezados por don Jesús Blancornelas, hecho que incluso le llevó al exilio en los Estados Unidos, apoyado por la organización Amnistía Internacional durante dos años, hasta haber librado los problemas legales que Sindicato y Gobierno le crearon para reprimirle su libertad de expresión. Justo también el 2 de noviembre cuando en México, se celebra el Día de Muertos, el mundo lo toma como el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, y nos toca en un país considerado como uno de los de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo. De acuerdo a la organización Artículo 19, durante el sexenio de Felipe Calderón se documentaron mil 92 agresiones contra periodistas y 54 fueron asesinados; y en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, han registrado 656 agresiones contra periodistas, y 10 han sido asesinados. Mientras el CPJ (Comité para la Protección de los Periodistas) señala que México es el quinto país con más periodistas asesinados en el mundo, donde en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han sido desaparecidos. El nivel de impunidad, de acuerdo al CPJ y a Artículo 19, en los casos de crímenes contra periodistas, ronda el 98 por ciento. Poner un alto a la impunidad en este sentido es pues, de extrema urgencia. Este 2 de noviembre de 2015 en la Ciudad de México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que comanda el licenciado Luis Raúl González Pérez realizó la conmemoración del día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas; lo hizo en el espléndido Polyforum Siqueiros, y ZETA fue invitado en mi persona, a participar en el foro Libertad de Expresión en México. Siendo el propósito de la reunión poner un alto a la impunidad a los crímenes contra periodistas, la oportunidad fue para recordar nuestros casos. Nuestros muertos a quienes en esta oficina se recuerda esta semana con un altar de muertos, y de manera permanente con la adopción de sus compromisos, sus principios y su ética para continuar ejerciendo, con la venia de nuestros lectores y sociedad, la libertad de expresión. El caso de Héctor Félix Miranda, asesinado por dos escoltas de Jorge Hank Rhon –hoy los dos en libertad y de nueva cuenta trabajando para Hank– que permanece impune al no haber juzgado al autor intelectual del crimen, que siempre ha sido ubicado en calidad de sospechoso, precisamente, Hank Rhon. El atentado a Jesús Blancornelas en 1997 y donde arrebataron la vida a Luis Valero, en cuyo caso la Procuraduría General de Justicia de Baja California y la propia CNDH, concluyeron la participación de nueve sicarios del cártel Arellano Félix, de los cuales ninguno está en prisión por el atentado al periodista y los hermanos han sido extraditados o han fallecido. Y el sensibilísimo caso del asesinato del licenciado Francisco Javier Ortiz Franco en 2004 a manos de sicarios del mismo cártel y crimen por el que nadie, ninguna persona ha sido procesada, mucho menos encarcelada y sentenciada. Los casos de ZETA, como los del 98 por ciento de los periodistas asesinados, atacados o amenazados en México, permanecen en la impunidad, ante un Gobierno Federal, hoy administrado por Enrique Peña Nieto, que carece de compromiso para preservar la libre expresión y ejercer el Estado de Derecho para perseguir, procesar y sentenciar a los asesinos, de miles de mexicanos y de cientos de periodistas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez hizo el mismo llamado a acabar con la impunidad, y presentó un programa de protección a periodistas llamado “Alerta 6” (en relación al Artículo 6 de la Constitución, que garantiza la libre expresión), que consiste en un sistema de apoyos, protección, supervisión y seguimiento para llevar tranquilidad y justicia a los periodistas en riesgo. Cualquier voz es importante cuando de hacer un llamado a la justicia se trata, especialmente cuando esa expresión se da un 2 de noviembre, Día de muertos.