Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se busca frenar los abusos de la autoridad. En teoría, las instituciones de seguridad irán por calidad, no por cantidad, y buscarán bajarle a las que llaman “detenciones basura”. El problema es que para lograrlo deberán combatir muchos malos hábitos, y en el proceso de aprendizaje de las fuerzas del orden, las víctimas de los delitos serán y se sentirán más vulneradas. Como ha sucedido en Mexicali, donde el NSJP funciona desde 2010. Para que los residentes de la Zona Costa de Baja California vayan asimilándolo, con la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, solo los criminales que cometan delitos considerados graves tendrán prisión preventiva. Esto significa, por ejemplo, que las personas detenidas por arma blanca y narcomenudistas -en Tijuana 6 de cada 10, según cifras de la PGJE-, aunque sean sorprendidas en flagrancia, seguirán en la calle hasta que los citen y se presenten a un juicio oral; y si hay elementos suficientes, si la Policía Municipal y el Ministerio Público del Fuero Común hacen bien su trabajo, serán vinculados a proceso (se les iniciará un juicio, aunque no necesariamente lo seguirán en prisión). Lo mismo sucederá con los ladrones que no usen armas de fuego. Para tener una idea, estos robos sin violencia, cuyos perpetradores permanecerán en libertad mientras no sean vinculados -en algunos casos seguirán en libertad-, representan actualmente el 30 por ciento de la incidencia delictiva en Tijuana, el 50% de la incidencia en Tecate y Rosarito, y un 60% de los delitos cometidos en Ensenada. La prisión preventiva oficiosa quedará reservada para delitos graves como el homicidio, el secuestro, el robo violento, violación, corrupción de menores, entre otros. En ese esquema, las víctimas denunciantes de los delitos no graves, acostumbradas al viejo sistema, que en flagrancia apresaba a estos presuntos delincuentes -aunque después los liberaba por falta de pruebas- sentirán que los están revictimizando y se están burlando de ellos. Pero el aumento de garantías a favor de los presuntos responsables, es precisamente uno de los principales sellos del nuevo sistema que obligará a las autoridades a realizar investigaciones científicas, para las cuales no están preparados, acaso han tomado algunas clases teóricas. El próximo miércoles 11 de noviembre finalmente entrará en operación el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tecate, “entre febrero y marzo de 2016 en Ensenada y Tijuana, y Playas de Rosarito a más tardar en junio de ese año” (narcomenudeo será partir del 18 de junio de 2016, el plazo límite), según declaraciones públicas del secretario general de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda. Dado que la Presidencia de la República enfatizó esta semana, a través de su página electrónica, que no habrá prórroga en la entrada en vigor de los Juicios Orales, es de suponer que esta vez sí cumplirán con los plazos. Gerardo Sosa Olachea, subprocurador de Tecate, donde el NSJP entrará en vigor el próximo miércoles, se manifestó optimista porque, de acuerdo a sus estadísticas, la mayoría de los delitos en ese municipio se resuelven por la vía de la Justicia Alternativa. Y tiene muy pocos delitos graves, que son los que pasarán por Juicios Orales. Ahora falta ver qué sucederá en la realidad de esa municipalidad que representa apenas el 4% de la incidencia delictiva en Baja California. Pero en Tijuana, donde se comete el 43% de los delitos, se vislumbra una historia diferente, de inicio el 98% de las detenciones las hace la Policía Municipal, no los investigadores. La mayoría de las consignaciones no son resultado de investigación, sino de confesiones, algunas de ellas obtenidas con tortura, de acuerdo con denuncias de los defensores. Adicionalmente, el Ministerio Público tiene saturado el Poder Judicial con casos de indigentes en posesión de armas o adictos con pocas dosis de droga, presentados por policías municipales que los entregan solo para justificar trabajo. Otro problema es que por cuestiones de trámites, la Municipal tarda más de tres horas en consignar, lo que resulta en que un alto porcentaje de las detenciones se califiquen como ilegales por los jueces que argumentan fallas al debido proceso, violación de garantías individuales y aprehensiones indebidas. Restan menos de ocho meses para combatir estos y otros vicios, Es evidente que para los presuntos responsables las condiciones mejorarán, pero dadas las circunstancias actuales, las víctimas no serán favorecidas, a menos que la Policía Municipal aprenda a procesar, y los agentes ministeriales y el Ministerio Público aprendan a investigar profesionalmente en los próximos 146 días para Ensenada-Rosarito, y 225 días para Tijuana.
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