Casualmente en épocas preelectorales y en años recientes, algo pasa con el Verde. Si no descubren a Arturo Escobar con más de un millón de pesos en efectivo en un aeropuerto, previo a la elección de 2009, encuentran una liga de Jorge Emilio González con la muerte de una chica en 2011, o en 2015, antes de junio, la exigencia de partidos y ciudadanos de retirarle el registro al Partido Verde Ecologista de México, ante la violación sistemática de las reglas electorales. Hoy día, la Procuraduría General de la República que encabeza Arely Gómez, colaboradora de Enrique Peña Nieto, a través de la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), ha consignado a un juez federal un expediente para solicitar una orden de aprehensión por delitos electorales, el cual es considerado una falta grave que alcanza de 5 a 15 años de prisión, sin fianza. La averiguación que sostiene el expediente consignado al Juzgado se apertura por una denuncia que interpuso el Partido Acción Nacional -también el Partido de la Revolución Democrática- luego que revelaron una estrategia del PVEM para la elección de 2015 a diputados federales, donde los Verdes realizaron un padrón de votantes que recopilaron de una encuesta que hicieron con un centro de llamadas masivas. A esas personas, posteriormente les hicieron llegar una tarjeta de descuento en centros de productos y servicios, y además, el plástico contenía la leyenda “Gracias por ser Verde”. De eso es probable que Usted recuerde algo. Muchos ciudadanos denunciaron públicamente cuando sin pedirlo, sin registrarse y por supuesto sin activar una membresía, a sus casas comenzaron a llegar las tarjetas verdes. Dicha acción elaborada en la cúpula del Partido Verde Ecologista de México y encabezada por Arturo Escobar, hasta el miércoles 25 de noviembre subsecretario de Prevención del Delito en la Secretaría de Gobernación, constituye un delito en el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, “que castiga a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición legal para ello”. La sanción: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. “La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña elector”, indica el artículo. Increíblemente la PGR ha actuado con celeridad. Es decir, en este caso sí ha sido expedita en la elaboración de la averiguación, en la consignación al juez y la solicitud de orden de aprehensión, todo en menos de nueve meses. Pero hay un problema: que Escobar no fuese advertido, y que de hecho al hacer pública la solicitud de orden de aprehensión en su contra, le adviertan de lo que viene. Vamos, lo primero no se entiende porque la PGR está en la misma estructura del empleador de Arturo Escobar, el Gobierno Federal. Y lo segundo, porque las solicitudes de órdenes de aprehensión se hacen en sigilo, precisamente para que los presuntos criminales no huyan del país, como podría ser el caso. Lo otro sospechoso es que apenas en septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Escobar como titular de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Secretaría de Gobernación, y a pesar de la inconformidad social, de las miles de firmas recolectadas para dar marcha atrás a la designación y las manifestaciones físicas que hubo, tanto el Presidente como el secretario de Gobernación lo mantuvieron en el cargo. El propio Arturo Escobar dijo que él no se iría hasta que el Presidente así lo decidiera… y pues parece que de una forma poco extraña, ya lo decidió. A partir que se filtra la solicitud de orden de aprehensión contra Escobar, que de hecho se da a conocer por “alguien” del Gobierno Federal, éste se ve “obligado” a renunciar… O el Presidente esta vez sí castigará la corrupción, lo cual se antoja fantasioso, o el expediente contra Escobar y otros empresarios -los que emitieron los plásticos y los repartieron- acaso forma parte de una estrategia política para institucionalizar el actuar de los Verdes y del propio Peña en el pasado. Los mexicanos nunca debemos olvidar que la generosa repartición de tarjetas Monex durante la campaña presidencial de 2012 no constituyó delito alguno, por lo que uno se pregunta qué más puede pasar con los plásticos del Partido Verde, eterno aliado y comparsa del PRI, el mismo partido que dejó a Enrique Peña Nieto enquistado en Los Pinos. ¿Usted qué cree?
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