Entre 2022 y el 30 septiembre de 2026 se presentaron un total de 607 quejas contra la Secretaría de Educación de Baja California ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), que a la fecha ha emitido tres recomendaciones a la dependencia por vulneraciones a derechos humanos en el mismo periodo; sin embargo, pocos expedientes han concluido y de las recomendaciones ninguna ha sido cumplimentada en su totalidad.
En 2022 la Secretaría de Educación acumuló 83 quejas: nueve de San Quintín, nueve de Ensenada, 20 de Mexicali y 45 de Tijuana. De ellas solo 68 han concluido.
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En 2023 la cifra aumentó a 145: dos de Tecate, tres de San Quintín, 14 de Mexicali, 23 de Ensenada y 103 de Tijuana. Apenas 76 expedientes han finalizado.
Para 2024 el número de quejas volvió a subir, se documentaron 148: tres de Tecate, cuatro de San Quintín, ocho de Mexicali, 28 de Ensenada y 105 de Tijuana; 59 han sido concluidas.
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En 2025 el número fue menor, se registraron 115 quejas: tres de San Quintín, siete de Tecate, nueve de Mexicali, 31 de Ensenada y 65 de Tijuana, solo 29 expedientes han sido concluidos.
Entre enero y septiembre de 2026, se presentaron 116 quejas: dos en San Quintín, tres en Rosarito, tres en Tecate, 19 en Mexicali, 19 en Ensenada y 70 en Tijuana, van 24 finalizadas.
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Los principales derechos vulnerados son: prestar indebidamente el servicio a la educación, transgredir el derecho a una educación libre de violencia, acciones y omisiones que transgreden los derechos de los menores de edad, acciones y omisiones contrarias al derecho a la educación, impedir el acceso a servicios de educación, prestar indebidamente el servicio público; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargos o comisiones; coartar el adecuado desarrollo físico y mental del niño; y derecho a no ser sometido a violencia institucional.
En cuanto a recomendaciones, la CEDHBC ha emitido la 7/2022, la 3/2023 y la 4/2023. La primera se refiere al caso de abuso sexual cometido por un conserje contra seis niñas de entre cuatro y seis años del “Jardín de Niños María Lavalle Urbina” en Playas de Rosarito, caso dado a conocer en mayo de 2018. Esta estaba dirigida al entonces secretario de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides y al ex Fiscal General, Ricardo Iván Carpio Sánchez.
Entre las recomendaciones emitidas a la Secretaría de Educación, estuvieron que se realizarán las gestiones para la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas directas; que se giraran las instrucciones para que personal distinto al que conoció el procedimiento administrativo llevara a cabo una revisión de la actuación de los servidores públicos que tuvieron a cargo el trámite de la investigación administrativa, para determinar si incurrieron en una falta, entre otras.
La Recomendación 3/2023 es sobre cuatro casos de violaciones al derecho a la educación y acceso a la justicia (expedientes CEDHBC/TIJ/Q/111/17/3VG, CEDHBC/TIJ/Q/867/17/3VG, CEDHBC/TIJ/Q/1218/2018/3VG y el CEDHBC/TIJ/1268/2018/RVG) cometidos en agravio de estudiantes y personal.
El primer expediente plantea la agresión contra un estudiante de 14 años, registrado en enero de 2017; el segundo corresponde a malos tratos contra personal docente y administrativo por parte del director de la Secundaria Técnica No.21 de Tijuana, en marzo de 2017; el tercer caso se refiere a expresiones inapropiadas por parte de un profesor hacia sus alumnas a través de una red social, caso acontecido en 2018; mientras que el último se trata de señalamientos contra un maestro por burlarse de una alumna y enviarle contenido multimedia sexual a otra, sucesos también ocurridos en 2018.
Dicha recomendación también fue dirigida a Solís Benavides, en ella se instruye a la dependencia a realizar las gestiones para localizar a las víctimas y que les fuera otorgada la atención psicológica; se convocara a una mesa de trabajo multidisciplinario para la propuesta y construcción de un manual de procedimiento para resolver conflictos a través de la mediación escolar, entre otras instrucciones.
La Recomendación 4/2023, dirigida también a Gerardo Solís, derivó del análisis de 27 expedientes de queja relacionados a la conflictividad escolar. En ella se indicaron como medidas implementar una mesa de trabajo para armonizar los protocolos de protección integral escolar y los lineamientos para la revisión de pertenencias en los centros escolares del estado; elaborar un modelo de reglamento interno para las escuelas; y que en coordinación con Protección Civil se elaborará un manejo de riesgos y recursos para cada plantel educativo, entre otras.
De dichas recomendaciones, hasta finales de septiembre del presente año, ninguna había sido cumplimentada en su totalidad. La 7/2022 tenía 80 por ciento de avance, mientras que la 3/2023 y la 4/2023 tenían un 60 por ciento.
Cuestionada sobre las acciones que realiza la CEDHBC para dar seguimiento a las quejas y recomendaciones, se informó que se instaló una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación y se han llevado a cabo reuniones de seguimiento para revisar los avances y, en su caso, identificar aspectos que requieran atención adicional.
Otras acciones realizadas por la comisión son la impartición de capacitaciones en materia de derechos humanos a personas servidoras públicas. De 2022 a agosto de 2026 la CEDHBC dio 700 capacitaciones a las que acudieron 20 mil 652 personas, en ellas se trataron temas como los derechos de niños, niñas y adolescentes, enfoque basado en derechos de niños, niñas y adolescentes e interés superior de la niñez; protocolos de Protección Integral Escolar, prevención de la violencia escolar y del abuso sexual infantil; diversidad sexo genérica y derechos humanos; inclusión escolar de las personas con discapacidad; y derechos humanos de las personas con discapacidad y neurodivergencias.
En respuesta a las quejas y recomendaciones emitidas, la Secretaría de Educación afirmó que ningún caso de vulneración a derechos humanos es menor y aclaró que, de acuerdo a los protocolos de prevención, se ha registrado una tendencia a la baja en los últimos años, a fin de lograr la meta de tasa cero. A su vez, la dependencia aseguró que mantiene un trabajo permanente para desahogar completamente las recomendaciones emitidas y reiteró su política de cero tolerancia ante la vulneración de derechos en el entorno escolar, informando que mantendrá la colaboración con los organismos garantes para alcanzar la totalidad del cumplimiento en cada compromiso instituido.
