Jireh debería devolver 7.2mdp

Desde el mes de septiembre, cuando un interno del centro de rehabilitación JIREH fue asesinado a manos –presuntamente– de trabajadores improvisados, la Patrulla Espiritual, grupo de acciones criminales dedicado a la privación de la libertad de personas en situación de calle, tuvo una severa crisis en la que hasta sus principales impulsores, tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Tijuana, se vieron obligados a darles la espalda. Así como Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana, el exsecretario del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, y hasta la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, se desvivían en halagos y presumían reuniones y cercanía con Jesús Ignacio Osuna Torres, alias el Chiquilín, por el simple hecho de ser viral en redes sociales, igual se alejaron del fenómeno social. La broma, que demostró la terrible ignorancia de nuestros políticos en torno a la atención de personas consumidoras, llegó al grado de que Burgueño Ruiz, le otorgó un financiamiento de 7.2 millones de pesos para que continuaran con su labor de “levantar” personas y –mediante mecanismos dudosos y altamente cuestionables– sacarlos de las adicciones. Es decir, Burgueño pagó mercenarios del “trabajo social”, con dinero público. Lo interesante es que, a pesar de que el dinero otorgado proviene del programa “Fondos Tijuana”, cuyo objetivo no es atender temas de promoción e impulso en materia económica, el grupo JIREH está obligado a entregar informes sobre los gastos de cada servicio. Es decir, cada peso de los poco más de siete millones otorgados de recurso público, deben estar justificados mediante un informe. Según el contrato en poder de DICHOZ Y HECHOZ, con registro ST001/2026 (el cual fue firmado el 8 de abril), la clínica JIREH, representadas por Gerardo Alexis Molina Lugo, y por Pedro Alejandro Moreno Peterson, titular de Desarrollo Económico de Tijuana, refiere que se entregará el dinero en una sola emisión, pero que la organización de corte religioso se ve obligada a entregar un informe, pues “a partir de la fecha de entrega de los recursos del subsidio autorizado se otorgará al organismo 30 días naturales para empezar a ejercer los recursos, salvo prórroga que a solicitud del beneficiario sea autorizada por el Comité Técnico. En caso de que el recurso no haya sido ejercido parcial o totalmente durante dicha prórroga, el fideicomiso a través del Presidente Suplente, podrá exigir la devolución del Recurso otorgado a través de la suscripción de un pagaré”. Además de facturas y documentación, se tendrá que demostrar con evidencia fotográfica lo adquirido o la forma en que se atendió a las personas mediante el uso del recurso público. La última información otorgada por la síndica Teresita Balderas, estableció que al mes de septiembre no habían entregado los informes correspondientes. A seis meses de firmado el contrato, la agrupación no había entregado nada, por lo que el Ayuntamiento estaría obligado a ejercer un pagaré para exigir la devolución del dinero. ¿Se atreverá Burgueño a pedirle cuentas o el dinero de vuelta a “su amigo” el Chiquilín?