Desde el mes de septiembre, cuando un interno del centro de rehabilitación JIREH fue asesinado a manos –presuntamente– de trabajadores improvisados, la Patrulla Espiritual, grupo de acciones criminales dedicado a la privación de la libertad de personas en situación de calle, tuvo una severa crisis en la que hasta sus principales impulsores, tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Tijuana, se vieron obligados a darles la espalda.
No lo consideran como "amenaza", pero el tema sí fue abordado en la Mesa de Seguridad en Playas de Rosarito, luego de que fue sitiada la comandancia rosaritense por más de 50 personas de la agrupación dedicada a la rehabilitación involuntaria de indigentes.
Mario Antonio “N” y Anthony “N” son señalados por su probable participación en un homicidio ocurrido en un centro de rehabilitación Jireh, propiedad de Jesús Ignacio Osuna “El Chikilin”.