Desde el mes de septiembre, cuando un interno del centro de rehabilitación JIREH fue asesinado a manos –presuntamente– de trabajadores improvisados, la Patrulla Espiritual, grupo de acciones criminales dedicado a la privación de la libertad de personas en situación de calle, tuvo una severa crisis en la que hasta sus principales impulsores, tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Tijuana, se vieron obligados a darles la espalda.
