El gobierno de los Estados Unidos intensificó su presión contra las estructuras financieras y operativas del Cártel de Sinaloa, en una estrategia de seguridad que fue detallada públicamente por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.
A través de un posicionamiento enérgico, el diplomático enfatizó que los operativos recientes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) buscan desmantelar por completo las redes de blanqueo de capitales, empresas fachada y esquemas de protección institucional que sostienen a las organizaciones criminales transnacionales.
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LAS DECLARACIONES DEL EMBAJADOR RONALD JOHNSON Y EL ALCANCE DE LAS SANCIONES
Al confirmar las medidas punitivas emitidas este martes por el Departamento del Tesoro, el embajador Ronald Johnson subrayó que la ofensiva no se limita únicamente a la captura de las cabecillas visibles del narcotráfico, sino que apunta directamente contra todo el entramado económico y de complicidad que permite su operación. El diplomático destacó que golpear las finanzas ilícitas es la vía más efectiva para debilitar a estos grupos.
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“Las sanciones de la OFAC contra el líder del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’, y casi 50 objetivos muestran lo que significa ir contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo. Los estamos golpeando donde más les duele: su dinero”, afirmó Johnson.
Asimismo, el representante estadounidense recordó que se mantienen activas recompensas económicas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de operadores y jefes de plaza regionales como “Aquiles”, “La Rana” y “El Ruso”. Con ello, recalcó el diplomático, se envía un mensaje contundente de que quienes facilitan las actividades ilícitas o se benefician de ellas no tienen dónde esconderse de la acción de la justicia.
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EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN: NARCOCORRUPCIÓN Y EL CASO DE BAJA CALIFORNIA
En el plano contextual y de acuerdo con el informe detallado de la OFAC, la red de protección institucional señalada por Washington salpica directamente a la clase política de Baja California.
El reporte financiero colocó en el centro de las indagatorias a Carlos Torres Torres —operador político y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda— y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres, acusados de utilizar su influencia para blindar las operaciones del Cártel de Sinaloa y frenar la intervención de las fuerzas del orden. Como antecedente de esta presión bilateral, el Departamento de Estado ya había revocado la visa estadounidense a Carlos Torres en mayo de 2025.
La trama de colusión documentada también involucra al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, quien presuntamente recibía sobornos mensuales de la facción de “Los Rusos” —encabezada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”— a cambio de otorgar el control operativo de la policía municipal para facilitar el trasiego de drogas.
El informe de inteligencia añade un elemento de extrema gravedad al advertir que los niveles de narcocorrupción facilitados por el cártel han logrado permear las esferas más altas del gobierno estatal bajacaliforniano, desatando un fuerte impacto político que coincide con el distanciamiento y divorcio de la mandataria estatal a finales de 2025. Ante las acusaciones, Carlos Torres rechazó públicamente los señalamientos, retando a que se presenten las pruebas correspondientes.
