La Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Iñiguez, negó el amparo a Luis Antonio Barrientos Juárez, coimputado del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, en la causa penal 253/2026 por contrabando de combustible y delincuencia organizada.
La resolución del juicio de amparo 911/2026 confirmó la legalidad de la prisión preventiva oficiosa impuesta al operador aduanal, por lo que deberá permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez.
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Barrientos Juárez, identificado por la Fiscalía General de la República como dependiente autorizado del agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez, promovió el juicio para combatir la determinación emitida el 17 de julio de 2026 y ratificada el 23 de julio de 2026 por la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
En esa audiencia, la autoridad judicial lo vinculó a proceso y le ordenó la prisión preventiva por su presunta participación en la tramitación aduanera de ferrotanques para el ingreso ilegal de petrolíferos por Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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En su demanda, la defensa alegó que la medida cautelar vulneraba derechos humanos y tratados internacionales, citando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, reclamó supuestos actos de tortura psicológica, riesgo de desaparición forzada e inminente traslado, los cuales fueron declarados inexistentes por la juzgadora federal al no presentarse pruebas que desvirtuaran los informes oficiales.
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Al analizar el fondo, la jueza Lazalde Iñiguez determinó que la prisión preventiva oficiosa se apega al parámetro de regularidad constitucional.
El fallo estableció que el artículo 19 constitucional prevé expresamente la aplicación obligatoria de dicha medida para los delitos de delincuencia organizada e hidrocarburos, prohibiendo realizar interpretaciones que pretendan inaplicar sus términos.
La sentencia concluyó que, ante una restricción constitucional expresa, los jueces están impedidos para ejercer un control de convencionalidad, conforme a los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con la negativa del amparo, el operador aduanal continuará encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano durante el desarrollo del proceso penal que enfrenta junto con los demás vinculados a la empresa Ingemar S.A. de C.V.
