La Marina aprehendió al exmando naval imputado por delincuencia organizada y contrabando. Miguel Solano Ruiz coordinaba el pago de sobornos y cambios de personal e aduanas. Investigaciones de la FGR vinculan al detenido con la estructura de Los Primos
La Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ejecutó la detención de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido bajo los alias de “el Capitán Sol”, “NK” o “Mike”, durante un operativo de inteligencia realizado el 2 de octubre de 2026 en el municipio de Zapopan, Jalisco.
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El capitán de corbeta en situación de retiro contaba con una orden de aprehensión librada por un juez federal a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Tras su localización en territorio jalisciense, fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales federales.
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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Solano Ruiz se desempeñaba como el operador central de la red de contrabando de combustible que ingresaba hidrocarburos desde Estados Unidos a México por vía marítima.
Las actuaciones del expediente señalan que el imputado fungía como el enlace entre los titulares de las aduanas y los líderes de la organización criminal denominada “Los Primos”, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, exmandos navales y sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
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Presuntamente, con el visto bueno de los hermanos Farías Laguna, el Capitán Sol gestionaba las adscripciones y los cambios de personal naval y aduanero involucrado en la estructura.
El expediente judicial indica que Solano Ruiz actuaba en colusión con el capitán de navío Clímaco Aldape Utrera para ubicar a servidores públicos en áreas estratégicas de la administración aduanera.
Testimonios integrados en las causas penales del caso, entre ellos las declaraciones del testigo protegido con clave “Santos” —exdirector de la aduana de Tampico—, señalan que Solano Ruiz coordinaba la entrega de los sobornos cobrados a las empresas importadoras de contrabando.
La red establecía una cuota de un millón 750 mil pesos por cada buque-tanque que desembarcaba hidrocarburos en los muelles mexicanos.
La entrega del dinero en efectivo al personal de la aduana se realizaba a través de un intermediario identificado en las indagatorias como “Osvaldo” u “O”.
El esquema de huachicol fiscal operaba mediante el arribo de embarcaciones procedentes de puertos de Estados Unidos, las cuales transportaban diésel y gasolina declarados fiscalmente como aditivos para aceite lubricante.
La presentación de pedimentos aduanales falsos permitía omitir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y aranceles de importación.
Las pesquisas documentaron la llegada de catorce buques con combustible ilegal al puerto de Tampico entre abril de 2024 y enero de 2025, además de operaciones en la aduana de Ensenada, donde se aseguraron ocho millones de litros de hidrocarburo y autotanques de las empresas Mefra Fletes y Autolíneas Roca.
El daño al erario por la evasión tributaria se calcula en 177 mil millones de pesos.
A nivel patrimonial, las investigaciones de la Fiscalía General de la República respaldadas por la Unidad de Inteligencia Financiera documentaron irregularidades en los ingresos de Solano Ruiz.
Como capitán de corbeta en retiro, el imputado adquirió cuatro inmuebles con valores individuales que oscilaron entre un millón y tres millones de pesos, sumando un valor total de nueve millones de pesos en propiedades.
Estos bienes fueron incorporados por el Ministerio Público Federal como datos de prueba en la causa penal para sustentar las imputaciones por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura de Solano Ruiz se suma a la detención previa de catorce integrantes de la organización delictiva, entre quienes figuran marinos en activo, exfuncionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México y operadores corporativos.
Las investigaciones señalan la participación de 555 empresas factureras para el blanqueo de capitales, así como la colaboración de agrupaciones como el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación en las labores de seguridad y logística terrestre del combustible contrabandeado.
Tras su arribo a la capital del país, el imputado quedó a disposición de la representación social federal para definir su situación jurídica ante un juez de control.
