La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó de manera oficial que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) decidió levantar las notificaciones rojas que pesaban sobre la conductora de televisión Inés Gómez Mont y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.
Ante este escenario, la administración federal ha instruido a las dependencias correspondientes para exigir una aclaración formal sobre los motivos que sustentaron esta medida, además de gestionar la reactivación inmediata de las órdenes de captura internacional, al recalcar que ambos personajes cuentan con mandamientos judiciales vigentes en territorio nacional por delitos graves de índole fiscal y financiera.
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DECLARACIONES Y POSTURA DEL GOBIERNO FEDERAL
La jefa del Ejecutivo federal detalló que la noticia le fue notificada durante las primeras horas del día, lo que motivó una respuesta inmediata del gabinete de seguridad y procuración de justicia.
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En su encuentro con los medios de comunicación, la mandataria enfatizó que el estatus legal de la pareja en México no ha cambiado, ya que continúan acumulando acusaciones formales por esquemas de evasión de impuestos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, catalogándolos públicamente como operadores recurrentes de esquemas de facturación falsa para defraudar al erario. Al respecto, la mandataria señaló:
“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México, pero con todas las pruebas habidas y por haber. Se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”.
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Asimismo, la administración federal dejó en claro que la solicitud para que las alertas internacionales vuelvan a surtir efecto se fundamenta en los convenios de colaboración bilateral y multilateral, añadiendo sobre la urgencia de su reapertura:
“Hoy me dijeron que Interpol les quitó la ficha roja y vamos a preguntar cuáles son las razones. Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja porque, si van a otro país, pues tiene que ser bajo orden de aprehensión porque son delincuentes”.
EL HISTORIAL DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESFALCO MILLONARIO
El origen de esta batalla jurídica se remonta a finales de 2019, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación formal tras detectar una compleja red de empresas fantasma diseñadas para camuflar transferencias millonarias. El núcleo de la indagatoria apunta a dos convenios adjudicados por los Centros Federales de Readaptación Social que en conjunto sumaron la cifra de 2,950 millones de pesos, los cuales habrían sido triangulados mediante múltiples razones sociales para desviar fondos públicos hacia cuentas vinculadas directa o indirectamente con los implicados.
Con el paso de los meses, las pesquisas ministeriales ampliaron el cerco judicial al documentar que el entramado corporativo no solo sirvió para desviar recursos penitenciarios, sino también para amparar transacciones comerciales inexistentes. A raíz de estos hallazgos, un juez federal concedió las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, a las que posteriormente se sumaron cargos específicos por defraudación fiscal en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, consolidando un expediente robusto que motivó la emisión inicial de las fichas rojas en octubre de 2021.
LA RUTA CRÍTICA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y EL CASO MIAMI
Tras la emisión de las circulares internacionales por parte de la Interpol, tanto la conductora como el empresario abandonaron el país para eludir la acción de la justicia mexicana, convirtiéndose en prófugos de alta prioridad. Años más tarde, la situación de Álvarez Puga dio un giro cuando autoridades migratorias de los Estados Unidos, específicamente agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), concretaron su detención en territorio estadounidense el 24 de septiembre de 2025, internándolo de manera temporal en el centro de procesamiento Krome North, ubicado en Miami, Florida.
Pese a que dicha captura respondió inicialmente a una falta de carácter migratorio y no a un operativo directo de extradición, la FGR activó de inmediato los protocolos diplomáticos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para formalizar la petición de entrega con fines de extradición. No obstante, la reciente decisión de la Interpol de remover la ficha roja añade complejidad al proceso de localización y captura internacional, obligando a la cancillería y a la fiscalía a redoblar esfuerzos diplomáticos para asegurar que el empresario enfrente a los tribunales mexicanos.
Ante este panorama, la postura de la presidencia de la República también estableció la importancia de la reciprocidad institucional entre el gobierno de México y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sheinbaum Pardo reiteró el interés de mantener una relación bilateral sólida y de franca cooperación, pero advirtió que es fundamental garantizar que los mecanismos internacionales de justicia operen con equidad, manifestando sobre este lazo diplomático:
“Nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”.
