“Investiguen también a los funcionarios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) que están participando con los cárteles inmobiliarios para facilitar los despojos”, fue la disposición que llegó de parte de la fiscal Ma. Elena Andrade a las fiscalías regionales y las unidades de investigación especializadas en delitos patrimoniales de Baja California. En agosto pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) empezó a judicializarlos, pero el Poder Judicial se está negando a vincularlos.
El 4 de agosto de 2026, se reportó la detención de los exsubregistradores del Tijuana, José Antonio Morán Rangel y Alberto Zamarrón Niño, así como la captura del analista del RPPC, Diego Isaac García López y algunos civiles (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), con cargos por fraude, fraude procesal, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.
Publicidad
Los acusados solicitaron un plazo de 144 horas para la audiencia, y al final, el analista Isaac García fue el único vinculado, incluso con prisión preventiva como medida cautelar. A los demás los dejaron en libertad y sin cargos.
Los jueces encargados, Jorge Alberto Aranda Diaz, Verónica Carolina Cataño González y Edith Castro Ramírez, consideraron que no había elementos suficientes para acreditar que los exsubregistradores Morán y Zamarrón hubieran tenido participación o conocimiento de que se estuviera llevando a cabo el fraude. Y cuando se desempeñaron en el cargo eran funcionarios de buena fe, no investigadores, sentencias que respaldan las versiones dadas ante la autoridad por los exfuncionarios.
Publicidad
“¿Cómo te explicas que sí vinculan al analista, cuando él que da el palomazo es el jefe, y al registrador no lo vinculas? Además, en uno de los casos, tampoco vinculas a los que organizan y se benefician económicamente del fraude”, expuso uno de los investigadores.
“Son las mismas operaciones, los mismos asuntos, los mismos delitos, los mismos actos registrales y documentos falsos validados, y los juzgadores deciden que no es vinculante; es ilógico”, reclamó.
Oficialmente, la fiscalía interpuso apelaciones en todas las vinculaciones que les negaron y aún esperan respuestas.
Publicidad
Tratándose de fraudes inmobiliarios, actualmente, también hay jueces de Tijuana investigados, pero las indagatorias son administrativas. En junio 2026, el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado inicio una investigación en torno a Pedro Galaf Hernández García, Juan Carlos Constantino Ortega Veiga y Juan Hurtado Díaz (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Artículo 13, CNPP), cuatro de sus jueces civiles señalados de favorecer “trámites de fraude inmobiliario”.
Estas acciones fueron iniciadas después del análisis de un caso con despojos y desalojo con decenas de propietarios afectados en los condominios San Luis, de las 12 torres del complejo departamental Campestre Murua, quienes empezaron a pelear con los delincuentes, entre enero y febrero del 2026.
En la fiscalía informaron que a la fecha ningún juez ha sido denunciado penalmente en Baja California por temas de fraudes inmobiliarios.
CÁRTEL INMOBILIARIO: 11 ÓRDENES DE APREHENSIÓN GIRADAS
Las instrucciones de combatir los despojos en el Registro Público, se dieron después de la presión social surgida tras la aprehensión del abogado Christian Pablo López Ortiz (el 26 de marzo del 2026), por delitos de despojo, fraude y amenazas, cometidos en contra de propietarios del fraccionamiento Laderas del Mar en Tijuana. “En este caso empezaron a salir muchos datos que apuntaban al Registro Público y lo informamos a los jefes”, comentaron los investigadores.
Tras recibir la orden de investigar a los funcionarios, los agentes decidieron confirmar: “…el registro y los catastros son parte de los gobiernos morenistas en funciones ¿seguros?”, y la respuesta fue: “Adelante”.
En Tijuana empezaron por rastrear a los empleados de gobierno que se repetían en las denuncias y trabajaron sobre ellos. Resaltó el nombre del exsubregistrador José Antonio Morán Rangel, a quien en fechas recientes habían intentado procesar en un caso de fraude “por infidelidad en la custodia de documentos”, después que firmó una partida que no tenía soporte documental. Pero el juez se había negado a judicializarlo, argumentando que el RPPC es un organismo de buena fe, dedicado a publicar no ha investigar la autenticidad de los documentos. Lo que significaría que los propietarios están en total indefensión y el acto de inscribir la propiedad no tiene ningún valor.
Posterior a la revisión inicial de carpetas, el nombre del exsubregistrador Morán surgió nuevamente en otras dos denuncias, con su firma validando acciones presuntamente fraudulentas, y esos mismos documentos también estaban signados por el analista activo del Registro Público, Diego Isaac García López.
Bajo la NUC 0204-2024-12315, la señora Maricela Lau denunció a ambos funcionarios y a los civiles Celene Cárdenas, Alejandro Becerra y Marco Chávez. La información de la carpeta, indica que los cinco presunto responsables simularon un contrato de compraventa de la vivienda identificada como Unidad 12, en la Privada Crisantemos, en Jardines de Agua Caliente, que es propiedad previamente registrada a nombre de Lau.
Sin embargo, esta venta jamás fue enterada a la propietaria, “la documentación entregada presentó irregularidades, fechas contradictorias, antecedentes registrales alterados, avalúos distintos, una CURP inexistente, e identificación INE presuntamente apócrifa”, entre otras irregularidades.
La investigación reporta que, para concretar el delito, Cárdenas y Chávez sirvieron de testigo del contrato que entregaba la propiedad a Jair Alejandro Barrera Mayorga, presentando documentación falsa, mientras los funcionarios Morán y García ratificaron en contubernio”, y “se atribuye a los cinco intervenientes, haber actuado de manera organizada”.
Al final apresaron a García (el analista), a Morán no lo vincularon y Blanca Selene Cárdenas Quintero se amparó. Por este caso, Barrera y Chávez están prófugos con orden de aprehensión.
La dupla Antonio Morán e Isaac García fue denunciada nuevamente en la NUC 0204-2020-41902, la ofendida es la señora Gabriela Aguilar y la acusación incluye también a los particulares Otilia Rivera y Humberto Pacas; la lista de delito incluye la “asociación delictuosa”.
La víctima, Martha Aguilar, acusó la simulación y ratificación de un contrato de compra venta; el inmueble afectado está ubicado en el lote 1, manzana 78 de Urbiquinta del Cedro.
Conforme a la mecánica de hechos expuesta por la fiscalía, Otilia Rivera quien se ostenta como apoderada legal de Deutsche Bank, fingió con el comprador Humberto Pacas la compra del inmueble.
De acuerdo a la documentación usada en los trámites, las fraudeadores se confundieron, e inscribieron la compraventa el 4 de diciembre del 2018, a pesar de que la había ratificado con fecha del 11 de diciembre del mismo 2018, “entonces se inscribió un acto que no existía en la fecha en que se registró la partida”.
Después, el 4 de abril del 2019 usaron una escritura apócrifa para cancelar un gravamen que existía con la Hipotecaria Su Casita; el documento falso provenía de la “Notaría Pública 22 en Palizada, Campeche, la cual no existe, porque nos comunicamos a la localidad y nos informaron que ahí solo tiene la Notaría 1”, explicó un investigador.
Sin haber tenido consecuencias, el 2 de julio del 2019, Humberto Pacas trasmitió la propiedad a Inmobiliaria M.L.V.A. S de R.L de C.V., y de nuevo, el analista Diego Isaac García López respaldó este registro.
Por lo que se dictó nuevamente prisión para el analista, y libertad para el exsubrecaudador Morán; en cuanto Rivera, la vendedora se amparó y no fue vinculada. Humberto Pecas tiene orden de aprehensión activa.
En el caso de Morán, en 2019 ya habia sido acusado por el señor Carlos Delgadillo Vitela y su supuesta vinculación en el despojo de su propiedad, un predio de 600 metros cuadrados ubicado en la colonia Buenos Aires Norte, que se registró mediante documentación falsa a nombre de Alicia Ramírez.
OTRO SUBREGISTRADOR
Al subregistrador Alberto Zamarrón Niño, la FGEBC lo investigó e intentó procesarlo por fraude, pero falló.
La carpeta con la NUC 0204-2024-46279 refiere que el 21 de marzo del 2024, María de Jesús Rivera y Francisco Manríquez engañaron a Marisol M. y Elena C., haciéndoles creer que les podían vender un inmueble en el fraccionamiento Kino en Tijuana, y en diversos pagos les entregaron un millón 815 mil 300 pesos entre el 4 de abril y el 23 de mayo del 2024.
“…acudieron al Registro Público de la Propiedad, donde Alberto Lira Sotelo y el subregistrador Alberto Zamarrón Niño les hicieron creer que la compraventa era valida y el contrato habia sido legítimamente ratificado, pese a que Lira Sotelo ya no contaba con facultades para representar a la propietaria y el trámite nunca fue inscrito”, se indica en la investigación.
En este proceso, Zamarro quedó libre de culpa, María Rivera tiene orden de aprehensión activa, Javier Manríquez se presentó por voluntad y fue vinculado en libertad; también Lira Sotelo se presentó voluntariamente y quedó sujeto a proceso en libertad.
En junio del 2014, las autoridades en la Mesa de Coordinación informaron que el de nombre Alberto Lira Sotelo utilizaba el alias del Carnicero, y formaba parte de la célula encabezada por su hermano Alfonso Lira Sotelo, alias el Atlante, dedicada al lavado de dinero para el crimen organizado, a través de casas de cambio. Sin embargo, a la fecha, las fiscalías no habían fincado cargos en contra de Alberto Lira. En el caso del Atlante, fue detenido en septiembre del 2014, liberado en enero del 2018 y asesinado en septiembre de ese mismo año.
MEXICALI, EL CASO SILVER BREEZE
A partir del 2023 y hasta la fecha, más de 100 propietarios de predios en la colonia Centenario Azteca, se han enfrentado a la empresa Silver Breeze, propiedad de Agustín Quintana Soto y Ivette Luthgarda Carrillo Díaz (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), quienes intentaron prescribir —promovió 150 juicios— en su beneficio los mencionados terrenos, e inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Las víctimas denunciaron ante la fiscalía y promovieron juicios civiles.
Respecto a las carpetas de investigación contra Agustín Quintana Soto, actualmente la fiscalía tiene seis judicializadas por despojo, en las cuales el señalado está vinculado a proceso en libertad, con la sola prohibición de acercarse a la víctima. Además, existen otras tres carpetas abiertas por despojo en investigación.
Hay otras dos carpetas de despojo, determinadas por prescripción porque a la fecha de la presentación de la denuncia ya había transcurrido el término; pero en esos mismos casos las víctimas denunciaron por fraude procesal, uso de documentos falsos y se está indagando por ese delito.
También pesan en contra de Quintana cuatro procesos por daño en propiedad ajena, dueños que se percataron que el señalado tumbó sus cercos y ocupó los inmuebles.
Ninguno de los procesos ha llegado a sentencia.
OTROS DESPOJOS
En el caso del abogado Christian Pablo López Ortiz (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), detenido el 26 de marzo del 2026 por delitos extorsión agravada, asociación delictuosa y despojo en el fraccionamiento Laderas de Mar, la fiscalía informó que continua las investigaciones, y la próxima audiencia se programará para febrero del 2027.
En cuanto a la carpeta en contra de Eduardo Alejandro Delgado Peralta, compañero de oficina de López Ortiz, quien fue denunciados por 70 personas afectadas, quienes le entregaron dinero y recibieron a cambio “promesas de venta” de predios en Brisas de Santa Fe, a pesar de no ser el propietario ni representar a los dueños, en la FGE informaron que fue vinculado a proceso en libertad y están en etapa de investigación.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, en el periodo de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, del 1 de noviembre del 2019, al 15 de septiembre del 2021, se han presentado seis mil 665 denuncias por despojo; y en el mismo período, el Poder Judicial reporta que ha iniciado 31 juicios por ese delito, no todos concluidos, con sólo 32 personas sentenciadas en 20 carpetas.
