El Paquete Económico 2027 es “inercial” y “recaudatorio”; representa “más deuda” y menor inversión en áreas estratégicas, por lo que no responde a las necesidades de este país, criticó la diputada federal del Partido Acción Nacional, Eva María Vásquez Hernández.
La legisladora bajacaliforniana, integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, señaló que la proyección de crecimiento económico, de 1.5 a 2.5%, para 2027, es similar a la que no se ha cumplido este año y no corresponde al débil desempeño que ha mostrado la economía nacional.
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Obtener los 10.6 billones que pretende ejercer de gasto neto el Gobierno Federal durante el próximo año, implica que habrá “una mayor presión recaudatoria sobre los contribuyentes que ya cumplimos con las obligaciones fiscales” mientras el gobierno mantiene prioridades de gasto que deben ser revisadas y justificadas.
Se propone un recorte real de 8.5% en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de 69% en la Secretaría de Energía, “pese a que hemos visto en Tijuana, Mexicali y en el resto del país apagones y rezagos importantes en la red”.
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En vez de que se priorice fortalecer la transmisión, distribución y generación de electricidad para enfrentar la crisis energética, el Paquete Económico propone darle más recursos a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ejemplificó.
Vásquez Hernández también criticó programas con visos electorales, como el de Salud casa por casa, “que no ha sido exitoso como se planteaba”, mientras el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los combustibles sigue presionando la economía familiar y se espera una recaudación mayor en 16% para el próximo año.
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Por otro lado, la legisladora blanquiazul observó que la SHCP propone contratar deuda por 1.7 billones en 2027. De concretarse, el endeudamiento del país llegaría a 21 billones, equivalentes al 55% del Producto Interno Bruto (PIB).
CAMBIOS EN ISR AFECTARÁN A EMPRESAS; PREVÉN ALZA EN DERECHOS
De aprobarse la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) -que propone el Gobierno Federal- se estaría cambiando un paradigma en el cobro del impuesto en México, ya que aun cuando las empresas tengan pérdidas o más gastos que sus ingresos, pagarán el gravamen.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea que las empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, siempre que determinen utilidad fiscal, podrán deducir como máximo 96.67% de sus ingresos cuando sus deducciones sean mayores a ese porcentaje y 99% cuando sus deducciones sean menores o igual a ese 96.67%.
El cambio pretende atacar las operaciones de empresas factureras y deducciones que “son generadas artificialmente”. En el caso de las pérdidas fiscales se topa la deducción de éstas al 50% de la utilidad del ejercicio y las pérdidas que no puedan aplicarse en un ejercicio podrán aplicarse en los próximos 20 años.
Según los datos de Hacienda, 737 mil empresas presentaron su declaración anual en 2026, de las cuales 318 mil declararon ingresos positivos, pero no pagaron ISR; la mayoría por tener deducciones iguales o mayores a sus ingresos. Mientras 213 mil no pagaron el ISR, principalmente por aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Juan Carlos Loaiza Hernández, acusó que los cambios en la Ley del ISR “asfixiarán” a las empresas, que podrían verse obligadas a reducir su plantilla laboral para pagar impuestos que actualmente no tienen contemplados.
“Esto va a representar un costo importante para las empresas, que muy probablemente no lo tienen presupuestado”, y si no pueden incrementar sus ingresos deberán recortar sus gastos, y es donde podrían reducir su plantilla laboral o los estímulos que dan a sus colaboradores.
El Gobierno Federal no visualizó los “efectos colaterales” que tendrá la medida en las empresas. En la propia iniciativa de Ley se analiza que “hay que quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen; pero no entienden, no hay un discernimiento que ese quitarle a los que tienen no puede ser de manera pareja y van a quitar las fuentes de generación de los empleos”, declaró.
En entrevista con ZETA, Roberto Iván Colín Mosquera, vocero de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que la propuesta de Hacienda aplica también a los pagos provisionales, y coincidió en que, si bien la medida generará una mayor recaudación para el gobierno, impactará en el flujo económico de las empresas.
Ante estos flujos que tendrán que pagar, y como consecuencia de la reforma laboral que redujo la jornada laboral y aumentó las vacaciones, las empresas tienen que buscar mayor eficiencia, reducir algunos costos internos para no perder competitividad, e incluso podrían subir sus precios provocando mayor inflación.
Colín Mosquera advirtió que si el Congreso de la Unión aprueba sin cambios la modificación a la Ley de ISR, las empresas podrían presentar una “serie de amparos”, debido a que las personas morales ya tenían derechos adquiridos en esa Ley. Esto abriría un debate sobre la constitucionalidad de la medida que pretende Hacienda.
En el Paquete Económico 2027 también se proponen cambios en la Ley Aduanera, con la intención de fortalecer el control de operaciones de comercio exterior, combatir la subvaluación de mercancías, así como el contrabando de mercancías y combustibles. La autoridad busca que en el caso de los combustibles se establezcan mecanismos de trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de los inventarios en la cadena de hidrocarburos.
Se precisan facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la implementación de sistemas más robustos informática y tecnología, para generar cambios. Algunos de los cuales, relacionados con importaciones temporales y de certificación “pegarán” al programa IMMEX, refirió el especialista.
La autoridad pretende que una vez que se cancele el registro del contribuyente, éste quede imposibilitado para obtener uno nuevo en cinco años. Además, plantea reforzar el expediente electrónico y de trazabilidad entre el comprobante fiscal (CFDI) para transporte y traslado de mercancías, el pedimento, la cuenta aduanera de garantía, rectificaciones de pedimentos y revisiones de origen.
Si bien no hay un aumento generalizado del IEPS, sí están contempladas algunas actualizaciones de cuotas aplicables, como en los cigarros y bebidas saborizadas, puntualizó Colín Mosquera.
En la Ley Federal de Derechos se propone que la expedición de visas ordinarias en pasaportes extranjeros y visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración tenga una cuota de 1,639.80 pesos; es decir, un alza anual de 66% y 153%, respectivamente. Parte de los recursos recabados (26%) se destinará a proyectos de infraestructura tecnológica de las aduanas, según la iniciativa.
También se propone subir 30% las cuotas de derechos por servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en materia de vida silvestre, forestal, sanidad forestal, así como prevención y control de la contaminación, entre diversos incrementos por trámites de la Conagua, el IMPI, el IFT y la CNBV, entre otros.
GASTO SOCIAL EN MÁS DE 1 BILLÓN DE PESOS
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo prevé destinar más de un billón de pesos a cerca de 20 programas sociales, luego de que en el sexenio pasado fuesen incorporados a la Constitución.
Aunque algunos especialistas han señalado que es “responsable” que el gasto social sólo esté incrementando con base en la inflación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, otros han advertido sobre la cada vez mayor presión fiscal que representan.
Según las proyecciones de Hacienda, los programas que más recursos concentran son: la Pensión para Adultos Mayores tendrá un presupuesto de 543 mil 498.4 mdp; las becas a estudiantes Benito Juárez, de 190 mil 551.9 mdp (Beca Retina Cetina 133 mil 561 mdp, beca nivel medio superior 43 mil 932 mdp y Jóvenes Escribiendo el Futuro 13 mil 058 mdp); y la Pensión Mujer Bienestar, de 59 mil 356 mdp.
“De ninguna manera nosotros estamos en contra de los programas sociales. Estamos a favor de que las familias que necesitan apoyo lo reciban y de garantizar que esos programas sean sostenibles y no utilizables con fines electorales”, aseguró la diputada Eva María Vásquez Hernández, y se pronunció porque el Presupuesto esté de lado de las familias, pero también impulse el crecimiento, promueva la inversión y no se convierta en una carga adicional para quienes producen y trabajan.
La SHCP prevé destinar 560 mil 172 millones de pesos a proyectos de inversión prioritaria, esto es prácticamente la mitad de lo que se asignará a programas sociales. Los proyectos ferroviarios concentran el mayor recurso, con 150 mil 875 millones de pesos; Pemex tendrá una inversión de 255 mil 529 millones; la CFE, 60 mil 991 millones; Carreteras y Caminos, 22 mil 121.2 millones; y obras hidráulicas de Conagua, 22 mil 761 millones.
Las dependencias cuyo presupuesto más incrementarían, según el PPEF 2027, son: la Secretaría de la Marina, con más de 15 mil millones, equivalentes a un alza de 19.4% en términos reales respecto a lo aprobado en 2026; seguida de la Secretaría de Agricultura (+13.4%), la Secretaría de Ciencia y Humanidades (+9.5%), IMSS Bienestar (+8.9%) y la Agencia de Transformación Digital (+8.8%).
El Instituto Nacional Electoral (INE) pretende un presupuesto de 42 mil 274.5 mdp, un alza de 87.5% Para la Fiscalía General de la República se prevén 653.2 mdp más, aunque en términos reales no incrementaría su presupuesto. Mismo caso serían el Poder Judicial, que tendría dos mil 259 mdp más, y el Poder Legislativo, con 401.9 mdp
Las mayores contracciones presupuestales están en la Secretaría de Energía (-69%), la oficina de la Presidencia (-3.0%) y la SHCP (-2.0%). En los organismos autónomos destaca el recorte del 12.1% a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de -3.1% al INEGI.
HOSPITAL DEL IMSS EN ENSENADA, UNO DE LOS PROYECTOS PARA BC
Se estima que en 2027 el gasto federalizado será de tres billones 048 mil 223.2 millones de pesos, lo que significa que el recurso que tendrán los gobiernos locales incrementará en 4.6% en términos reales respecto al presupuesto aprobado en 2026. No obstante, aún se desconoce cuánto recurso podría transferírsele a Baja California.
Lo que sí se encuentra en el PPEF 2027 son los proyectos de infraestructura en Baja California, a los que se prevé destinar más de tres mil 475 millones de pesos.
Entre ellos, destacan: la construcción del Hospital General Regional del IMSS de 216 camas en Ensenada, de 149.7 millones de pesos. Así como la conclusión de la ampliación y remodelación del Hospital de San Quintín, con 80 camas y 11 consultorios, por 4.2 millones de pesos.
La Conagua prevé rehabilitar el emisor antiguo en Tijuana (543 mdp) y el colector Insurgentes (307 mdp); la construcción de la planta desaladora de Rosarito (dos mil mdp) y la modernización de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en San Quintín (565.4 mdp).
Pemex prevé proyectos de mantenimiento integral de terminales de distribución de gas LP y la rehabilitación de embarcaciones de flota menor en varios estados, incluido Baja California.
La CFE presupuestó para 2027 diversos proyectos de más de 800 millones de pesos, entre ellos la construcción de cuatro subestaciones, la instalación de capacitores, la ampliación de la red de transmisión, así como el mantenimiento de C.T.G. de Tijuana, de la C.C.I Mexicali Oriente y C.T.G. Mexicali.
