Servicios Portuarios S.A. de C.V., Dragados y Puertos S.R.L. de C.V., así como otras dos entidades portuarias refieren que el empresario no tiene ninguna relación corporativa con la empresa y que sean desincorporadas de la Lista de Personas Bloquedas (LPB)
A través de cuatro juicios de amparo promovidos en un juzgado de distrito de Baja California diversas empresas portuarias en Ensenada se deslindan de tener relaciones con el empresario Ricardo Thompson Navarro, con la finalidad de librar acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Una de las demandas de amparo fue presentada en favor de la compañía Servicios Portuarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, fundada en 1993 por Thompson Navarro, hoy procesado penalmente por los delitos de contrabando de combustible (huachicol fiscal) y delincuencia organizada.
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Servicios Portuarios reclama de la UIF la incorporación a la LPB y el bloqueo de cuentas bancarias; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “se reclama la instrucción girada a las instituciones de crédito para actualizar sus sistemas automatizados e implementar el bloqueo correspondiente”.
La referida empresa se duele de actos de la Fiscalía General de la República (FGR) como son “la posible solicitud de bloqueo de los activos de la empresa, derivados de una posible carpeta de investigación, en contra de Ricardo Thompson Navarro, quien actualmente no tiene ninguna relación corporativa con la empresa”.
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De las instituciones Banco BanBajío, S.A., y Banco Bancomer BBVA “señalamos la ejecución y bloqueo de los activos de las cuentas de mi representado”, señala el escrito presentado ante el juzgador.
Y remata “De todas las autoridades responsables se reclaman, asimismo, las consecuencias de hecho y de derecho de los actos anteriores, incluyendo los daños y perjuicios que dicho bloqueo ocasiona a la operación ordinaria de la quejosa”.
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Idéntica demanda de amparo y en los mismos términos fue presentada a nombre de Dragados y Puertos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, otra compañía creada por Ricardo Thompson Navarro y su padre Ricardo Thompson Ramírez el 7 de noviembre de 2008.
En esa moción de derechos fundamentales también se advierte que Thompson Navarro “actualmente no tiene ninguna relación corporativa con la empresa”.
Otra demanda de garantías fue promovida por Felipe Hernández Rodríguez, aunque no se conoció públicamente el nombre de la empresa que invoca los mismos actos reclamados, contra las mismas autoridades y reitera que Ricardo “actualmente no tiene ninguna relación corporativa con la empresa”.
Un último juicio de amparo –igual que los anteriores- iniciará en cuanto quienes lo promueven acrediten tener la personalidad jurídica para representar los intereses de la empresa quejosa, que en este caso, tampoco está identificada por el momento.
En este último caso, los actos reclamados y las autoridades responsables enunciadas con las mismas, con la diferencia de que en esta firma si se reconoce al ahora procesado como parte de ella, al asegurar que los actos atribuidos a la FG son “derivados de una posible carpeta de investigación, en contra de Ricardo Thompson Navarro, quien solo es socio de la empresa”.
INGEMAR
Ricardo Thompson Navarro es uno de los nueve imputados por parte de la FGR por su supuesta pertenencia a una red de huachicol fiscal presuntamente encabezada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V. de la que son accionistas.
Ingemar, S.A. de C.V. fue fundada en el año 2018, orientada a actividades inmobiliarias, de gestoría aduanal y servicios marítimos. Después se ampliaría su objeto social a la rama de los hidrocarburos.
La FGR y la UIF señalan a la compañía de introducir ilegalmente a México millones de litros de gasolina y diésel comprados en Texas, Estados Unidos, aprovechando permisos oficiales de importación, algunos falseados con la importación de productos petrolíferos diversos a los realmente importados, o declarados en menores cantidades a las reales.
Presuntamente Ingemar y sus socios operaban mediante un entramado financiero complejo que involucraba transferencias sospechosas entre un grupo de más de 11 empresas con el fin de dispersar el dinero ilícito. De acuerdo con las investigaciones, este esquema de corrupción causó afectaciones fiscales masivas que superaron pérdidas millonarias para la hacienda pública.
La familia de Thompson Navarro señaló que, en 2021, Ruffo Appel y José Merino Valdés Cuervo, lo despojaron de sus acciones en Ingemar, del 33 por ciento a menos de uno por ciento; sin embargo, Proceso pudo verificar que en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Ricardo continúa con un 12 por ciento en la sociedad mercantil.
• CAUSA PENAL*
Ricardo Thompson Navarro fue vinculado a proceso penal el 23 de julio de 2026 por la Jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, en funciones de jueza de control, junto a Ruffo Appel y otros seis imputados.
Recientemente también se inició proceso penal por delincuencia organizada y contrabando –en la causa penal 253/2026- en contra de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar .S.A de C.V.
Los nueve implicados quedaron sometidos a proceso, pero con excepción de dos imputados, les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. A los varones en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya y a las mujeres en el Centro de Reinserción Femenil en Ciudad de Netzahualcóyotl.
Ahora sorprende por datos de las autoridades jurisdiccionales que Ricardo Thompson Navarro se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 CPS, en Ramos Arizpe, Coahuila.
Desde esas latitudes, la defensa de Thompson presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Saltillo, en contra de la medida cautelar de prisión preventiva, pero el titular se declinó la competencia para que sea un juez federal del Estado de México el que conozca del asunto.
Efectivamente, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Edomex se tramitan dos demandas de derechos fundamentales en favor del ensenadense; uno contra el auto de vinculación y el otro contra la prisión preventiva.
En el caso del amparo contra el inicio del proceso penal, el juez concedió la suspensión al quejoso “para que la autoridad jurisdiccional suspenda el procedimiento (…) una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se resuelva en definitiva este asunto”.
