La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si México puede reclamar parte de los 15 mil millones de dólares cuyo decomiso fue ordenado en Estados Unidos contra Ismael “El Mayo” Zambada, sus familiares, herederos y administradores. La instrucción fue anunciada el 21 de julio de 2026 desde Palacio Nacional.
La mandataria nacional aclaró que la sentencia dictada en Nueva York establece el decomiso de bienes hasta por ese monto, aunque ello no implica que las autoridades estadounidenses hayan localizado o asegurado la totalidad de los recursos.
“Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de que México solicite parte de la fortuna para la reparación del daño. Añadió que la FGR suele participar en estos casos: “Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, fue una parte de la resolución que se está planteando”.
Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por una Corte federal de Brooklyn, que también ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, equivalentes a unos 270 mil millones de pesos. La resolución alcanza al capo mexicano y a sus sucesores, administradores, herederos, asignatarios o beneficiarios, y faculta al Gobierno estadounidense a ejecutar el cobro sobre propiedades o recursos bajo su control. El monto corresponde a la estimación de las ganancias obtenidas por el narcotraficante durante décadas al frente de una de las principales facciones del cártel de Sinaloa.
Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la cadena perpetua impuesta al capo. “No hay una opinión personal”, respondió.
Durante la audiencia previa, Zambada reconoció el daño causado por sus actividades criminales y dirigió un mensaje a los jóvenes para pedirles que no ingresen al crimen organizado y para demandar el fin de la violencia en México. La titular del Poder Ejecutivo Federal consideró difícil reivindicar un llamado proveniente de un narcotraficante, aunque sostuvo que el mensaje coincide con la política de prevención que impulsa su Administración.
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“Obviamente, viniendo de él es difícil citarlo, ¿verdad?, pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio, de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia”, expresó. Agregó que incorporarse a una organización criminal no representa una alternativa de desarrollo: “Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte, a la penuria, en donde lo único que van a recibir es maltrato y desesperanza”.
La presidenta de la República insistió en que existe una contradicción entre la versión oficial de Washington, que negó haber participado en el traslado de Zambada a territorio estadounidense, y la posterior exhibición del avión utilizado en la operación como parte de una presentación del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Señaló que EE.UU. todavía no ha respondido a la solicitud de información formulada por México para esclarecer una eventual participación de autoridades de ese país.
“Es obvio, ¿no?, porque muestran un avión como si fuera en una feria, como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron”, cuestionó. “Es una contradicción que llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial”.
Zambada fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en circunstancias que el Gobierno de México ha exigido esclarecer y que derivaron posteriormente en una confrontación entre facciones del cártel de Sinaloa.





