Señalan al exgobernador de Baja California de haber recibido transferencias por 18 millones de pesos a través de la empresa Ingemar
J. Eduardo Martínez
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La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la presunta red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”, sostiene que la organización criminal era encabezada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien identifica como uno de los principales dirigentes de la estructura dedicada al ingreso ilegal, almacenamiento, traslado y comercialización de hidrocarburos en México.
De acuerdo con las indagatorias, la operación iniciaba con la compra de gasolina y diésel en refinerías ubicadas en Texas, desde donde el combustible era enviado a México por ferrocarril. Para introducirlo al país, los presuntos responsables habrían presentado documentación aduanera con información falsa, declarando únicamente una fracción de la carga real transportada en los carros tanque.
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La FGR sostiene que, mientras en los documentos oficiales se reportaban cargamentos cercanos a los 10 mil litros, cada carrotanque transportaba en realidad más de 100 mil litros de hidrocarburo. Este mecanismo habría sido utilizado en al menos 163 unidades ferroviarias, permitiendo evadir el pago de contribuciones y ocultar el volumen real del combustible ingresado al territorio nacional.
Las investigaciones establecen que, una vez cruzada la frontera, los trenes llegaban a espuelas ferroviarias, donde el combustible era descargado y posteriormente transferido a pipas y tractocamiones para su distribución. Según la autoridad ministerial, varias de estas instalaciones operaban sin contar con los permisos exigidos por la regulación energética.
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La distribución del hidrocarburo se concentraba principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, aunque la red tenía presencia en diversas entidades del país. Como parte de las investigaciones fueron identificadas las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, como los principales puntos de ingreso del combustible.
Entre enero y julio de 2025, la Fiscalía detectó 4 mil 238 operaciones de importación a través de esos cruces fronterizos, las cuales habrían ocasionado un daño superior a los 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.
La carpeta de investigación también refiere que la organización utilizó una estructura integrada por al menos 17 empresas dedicadas formalmente a la importación de derivados del petróleo, logística, transporte ferroviario y comercialización de combustibles. Estas compañías eran propietarias de las pipas y tractocamiones empleados para trasladar el hidrocarburo desde los puntos de descarga hasta distintos estados del país.
En el caso de Ernesto Ruffo Appel, la FGR afirma que su participación se relaciona con la creación de la empresa que dio origen a la estructura investigada y que, a través de la empresa Ingemar, habría recibido transferencias por aproximadamente 18 millones de pesos, recursos que presuntamente provenían de las ganancias obtenidas mediante el esquema de contrabando de combustibles. La acusación también lo ubica como uno de los dirigentes de una organización integrada por 24 personas, imputadas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
