La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo el 20 de julio de 2026 que la empresa Ingemar, S.A. de C.V., ligada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, incurrió en una doble violación de las disposiciones legales de importación de combustible, ya sea porque no reportaba la totalidad del cargamento que introducía al país o porque declaraba un tipo de producto cuando en realidad transportaba otro. La mandataria nacional aseguró, además, que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con “muchísimas pruebas” en la indagatoria contra el exmandatario estatal.
Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Poder Ejecutivo Federal recordó que durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se canceló el permiso de importación a Ingemar, pero que fue el anterior Poder Judicial el que restituyó a la empresa la autorización para importar combustible. Sheinbaum Pardo enmarcó el caso en la apertura del sector energético derivada de la reforma de 2013, promovida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se otorgaron numerosos permisos a empresas privadas para la importación de hidrocarburos, permisos que se redujeron de manera considerable bajo la Administración de López Obrador.
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La mandataria nacional precisó que la FGR investiga a Ruffo Appel desde hace aproximadamente un año, periodo en el que se detectó la importación ilegal atribuida a la empresa. Señaló que los presuntos responsables abandonaron los ferrotanques con hidrocarburo cuando conocieron que se ejecutaría un operativo por la ilegalidad de la importación.
La presidenta de la República ubicó el señalamiento dentro del esquema conocido como huachicol fiscal, mecanismo mediante el cual se introduce combustible al país con declaraciones aduanales falsas o incompletas, reportando volúmenes menores o productos distintos a los efectivamente transportados, con el fin de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos. El 19 de julio de 2026 fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México, luego de que una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez le dictara prisión preventiva junto con otros siete presuntos implicados.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, ha señalado que la red encabezada presuntamente por Ruffo Appel constituye el mayor esquema de contrabando de combustible detectado en el país, con operaciones que declaraban apenas el 10 por ciento de la capacidad real de cada ferrotanque. La investigación se detonó tras el aseguramiento, en julio de 2025, de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila.
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La detención del exgobernador ha generado un intenso debate político. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa acusó al Gobierno de ejercer una “justicia selectiva”, señalamiento que Sheinbaum Pardo rechazó al insistir en que la investigación tiene fundamento jurídico y se sustenta en pruebas recabadas por la Fiscalía. El proceso definirá la situación jurídica de quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.
