Un grupo de ex gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) dará a conocer el 24 de julio de 2026, en Guadalajara, Jalisco, una declaración en la que exigirá la liberación de Ernesto Ruffo Appel, imputado y vinculado a proceso por presuntamente formar parte de una red dedicada al contrabando de hidrocarburo.
La iniciativa será acompañada por el ex presidente Vicente Fox Quesada, junto con los ex mandatarios estatales que reclamarán un juicio justo y transparente para Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026.
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El senador y ex gobernador de Jalisco Francisco Javier Ramírez Acuña deploró que el PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, no haya articulado una defensa contundente para respaldar a Ruffo Appel, como sí ocurrió en el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras la muerte de un agente estadounidense que habría participado en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en esa entidad.
“Queremos hacer una declaración contundente respecto a Ruffo”, adelantó Ramírez Acuña en entrevista telefónica. “Estaremos pidiendo su liberación y la valoración justa de todas las probanzas, no solo como un acto de reproche político sino contundente con todas las pruebas que ha aportado Ernesto en lo que va del proceso”.
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El legislador añadió que solicitarán al Gobierno Federal que aplique la ley de manera correcta y transparente. “Pero también queremos manifestar nuestra molestia porque todo lo están haciendo en secreto, manifestar una gran molestia porque no han visto a detenimiento todas las pruebas que ha presentado Ernesto”, expuso.
En calidad de anfitriones y promotores de la iniciativa, Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez recibirán a los guanajuatenses Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Ramírez Hicks y Miguel Márquez Márquez, así como al yucateco Patricio Patrón Laviada y al regiomontano Fernando Canales Clariond, todos integrantes del grupo Unidos por México.
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El ex gobernador jalisciense anticipó que el pronunciamiento incluirá un señalamiento respecto al origen del caso. “Habrá un señalamiento importante porque el tema del huachicol nace con una declaración de la Secretaría de Marina en la que reconocieron que son ellos los que ubican a los responsables de este asunto del huachicol y no ha habido mayor trabajo de investigación a los demás responsables de la propia Secretaría”, detalló.
El grupo de ex gobernadores considera a Ruffo Appel un preso político, tras valorar las condiciones en que ha sido tratado, el hecho de que lo han mantenido a escondidas y que cerraron las diligencias correspondientes. “Si no había intenciones de que fuera un preso político, si no es un preso político, debieron haber dejado abierto el proceso para que todos los ciudadanos observáramos de qué manera se estaban dando las cosas, cómo valoraban las propias pruebas”, advirtió.
En la iniciativa no figura el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, partido que ha visto con recelo la incorporación de Ruffo Appel al órgano consultivo de Somos México, agrupación de reciente incursión en el tablero político.
“El PAN no tiene nada que ver, es una decisión que tomamos nosotros los ex gobernadores, creemos que no ha sido contundente la defensa que ha salido del partido hacia un compañero ex gobernador, hacia un compañero panista, pero sobre todo, a un hombre que le ha dado tanto a la democracia de este país”, argumentó Ramírez Acuña.
El senador recordó la trayectoria política del ex mandatario de Baja California. “Recordemos que Ernesto Ruffo fue el primero que defendió los presupuestos municipales frente a un Gobierno dictatorial, y además fue el primer Gobernador que hizo una lucha directa contra la Federación para que existiera lo que hoy es la credencial de elector con fotografía”.
Desde la perspectiva de los ex gobernadores, la respuesta del PAN debió situarse cuando menos al mismo nivel que la defensa desplegada en el caso de Chihuahua.
El pronunciamiento de los ex mandatarios panistas ocurrirá en un contexto de posturas encontradas en el Senado. El 22 de julio de 2026, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que las investigaciones por el presunto esquema de huachicol fiscal vinculado a Ruffo Appel deben alcanzar a todos los involucrados en la cadena de responsabilidades y advirtió que el caso no debe reducirse a un debate político.
Mier Velazco afirmó que el asunto no se limita al robo de combustible. “Estamos ante un tema que es contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales en la tramitación de permisos, fraude, además de elusión y evasión fiscal. Son delitos que deben investigarse con todos los que estén involucrados en la cadena, incluido el corporativo, sin importar su función”, declaró.
El legislador morenista señaló que corresponderá primero a la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente a un juez determinar si se configuran otros ilícitos, incluso relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. “Puede configurarse un delito que tiene que ver con dinero. Es un tema que no es sencillo. Hay que esperar a que concluya la investigación”, expresó.
Mier Velazco describió el presunto esquema como una estructura de gran escala con afectaciones económicas para el país y advirtió que este tipo de operaciones generan discrepancias financieras y pueden vulnerar compromisos internacionales de México en materia de hidrocarburos. Como referencia de la magnitud del caso, indicó que las investigaciones hablan de más de 144 millones de litros de combustible involucrados. “Es una cantidad impresionante que se convierte en fraude y finalmente afecta a los consumidores y genera discrepancias brutales para la economía del país”, afirmó.
Cuestionado respecto a si también deberían investigarse autoridades federales, el coordinador de Morena respondió que las indagatorias deben abarcar a toda la red de participantes, aunque insistió en actuar con prudencia y esperar los resultados de la FGR. Rechazó que el asunto deba interpretarse como una persecución política y aseguró que, de llevar la discusión a ese terreno, tendrían que revisarse otros episodios del financiamiento de fuerzas políticas. “Hay que ser cautelosos. No meterle una vista política”, sostuvo.
