En el tablero de la política mexicana, donde las lealtades se confunden con las carpetas de investigación y los expedientes judiciales, y la justicia suele caminar al ritmo de los calendarios electorales, Palacio Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) se han convertido en los escenarios de una puesta en escena diseñada para equilibrar el peso de dos crisis que amenazan con hundir la narrativa de seguridad de la autollamada Cuarta Transformación (4T).
La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un momento de vulnerabilidad inédito, marcado por la caída de sus bonos de aprobación ciudadana, que en apenas dos meses descendieron del 75 al 68 por ciento, registrando su nivel más bajo desde que inició su mandato en diciembre de 2024, de acuerdo con una encuesta de la firma Enkoll realizada para W Radio y el diario El País, publicada el 27 de mayo de 2026. La desaprobación aumentó en el mismo periodo de 20 a 27 por ciento.
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Este desplome, alimentado por un desencanto generacional entre los jóvenes de 18 a 24 años, y un retroceso significativo en la percepción del combate a la corrupción, tiene como epicentros dos estados con realidades criminales distintas, pero unidos por la urgencia del oficialismo de aplicar un “doble rasero”: Sinaloa y Chihuahua. Mientras en el Noroeste la sombra de Los Chapitos y las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos cercan al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; en el Norte, el Gobierno Federal ha lanzado una embestida de soberanía nacional contra María Eugenia Campos Galván, Maru, tras el operativo contra narcolaboratorios que terminó exponiendo la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense en abril pasado.
La estrategia desde el centro del país ha sido clara: emitir citatorios simultáneos para entrevistas ministeriales que, bajo la apariencia de un procedimiento legal parejo, pretenden diluir el escándalo de la narcopolítica sinaloense con la supuesta traición a la patria de la gobernadora panista. La Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia han insistido en que estas diligencias carecen de interés político y que no hay imputaciones formales, sino sencillamente entrevistas derivadas de investigaciones en curso; un discurso que busca calmar las aguas mientras el sistema de justicia estadounidense desclasifica pruebas que vinculan a la élite política mexicana con el tráfico de fentanilo.
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Sin embargo, la realidad de los hechos en las delegaciones de la FGR cuenta una historia de blindajes selectivos y persecuciones orquestadas, donde la soberanía se invoca con furia cuando se trata de expulsar agentes extranjeros que combatían laboratorios de metanfetamina, pero se guarda silencio sepulcral cuando se trata de explicar cómo es que la cúpula policial y electoral de Sinaloa terminó en las listas de los más buscados por Washington. En este entorno de desconfianza, las comparecencias de los gobernadores ante la justicia federal no sólo son actos procesales, sino síntomas de un pacto federal agrietado donde la impunidad parece ser la moneda de cambio y la popularidad presidencial el costo a pagar por la defensa de aliados incómodos.
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“FANTASMA” DE ROCHA
La jornada en Culiacán, el pasado 26 de mayo, transcurrió bajo una atmósfera de misterio y privilegios que subraya la naturaleza del blindaje oficial hacia Rubén Rocha Moya. En las instalaciones de la delegación de la FGR en Sinaloa, el gobernador con licencia protagonizó una comparecencia “fantasma”, ya que a diferencia de cualquier ciudadano bajo investigación, nadie lo vio ingresar ni salir del recinto oficial; su asistencia sólo fue confirmada por él mismo a través de un mensaje en la red social X, donde afirmó haber respondido a las preguntas de la agente del Ministerio Público Federal con la “firme determinación” de que la verdad prevalezca.
Esta falta de evidencia pública de su presencia en la fiscalía ha alimentado las sospechas de un trato preferencial, especialmente cuando se le compara con el asedio mediático que enfrentan otros actores políticos. Junto a Rocha, acudieron a la sede federal en su propia tierra funcionarios clave, señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de ser piezas fundamentales en la red de protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Entre los comparecientes destacaron el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Saavedra; y el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés.
Las acusaciones que pesan sobre ellos desde Estados Unidos no son menores: conspiración para importar fentanilo, posesión de armamento de grado militar y una corrupción institucional que, según el fiscal Jay Clayton y el director de la DEA, Terrance C. Cole, permitió que el grupo criminal financiara y protegiera la llegada de Rocha Moya al poder en 2021. A pesar de la gravedad de estos cargos, que podrían derivar en cadenas perpetuas en cortes neoyorquinas, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se apresuró a declarar que, si bien existe una orden de detención emitida por el Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense, no cuenta con una notificación de Ficha Roja de Interpol, un tecnicismo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal utilizó para tranquilizar los ánimos y reafirmar que no hay una búsqueda global por el momento.
Otros dos de los exfuncionarios comparecieron también en el sigilo, pues no se reveló su identidad, para completar los siete comparecientes, y que bien pudieron ser alguno de los siguientes: el también exdirector de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, sucesor de Almanza; el exdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado; y del excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito. Uno de ellos haría falta de presentarse ante la instancia federal.
No obstante, el pánico interno en el gabinete sinaloense es palpable, pues mientras algunos cumplen con el trámite de la entrevista ministerial en Culiacán asegurando sentirse tranquilos y con “confianza en las instituciones”, otros, como el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, General Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, han optado por saltarse el marco legal mexicano y entregarse directamente a las autoridades de Estados Unidos, posiblemente para negociar delaciones que terminen de hundir a la estructura política que hoy intenta defenderse mediante publicaciones en redes sociales. Estas entregan sugiere la fragmentación de un grupo que hasta hace poco se sentía intocable bajo el manto de la autollamada transformación.
MARU… ¿EN CAMPAÑA?
El contraste fue absoluto en la Ciudad de México, donde la comparecencia de María Eugenia Campos Galván ante las oficinas centrales de la FGR -el miércoles 27 de mayo- se transformó en un despliegue de fuerza política que desdibujó los límites entre la defensa jurídica y el acto de campaña. La gobernadora de Chihuahua no llegó al recinto federal como una sospechosa acorralada, sino arropada por toda la élite del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por su dirigente nacional Jorge Romero Herrera y el estratega legal Roberto Gil Zuarth, en lo que pareció ser un destape de resistencia frente a lo que el panismo califica unánimemente como una persecución política.
Campos Galván denunció con vehemencia que su citación, formalmente en calidad de testigo, era una simulación burda para fabricarle un caso y convertirla en inculpada, acusando al régimen morenista de utilizar un “doble rasero” que castiga a quienes combaten el narcotráfico mientras protege a gobernadores señalados por vínculos criminales. La mandataria estatal defendió el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril, donde se desmantelaron seis narcolaboratorios masivos, minimizando la falta de notificación al Gobierno Federal que la Presidenta Sheinbaum ha utilizado para acusarla de vulnerar la soberanía nacional.
La ofensiva contra la chihuahuense se había intensificado apenas un día antes en la Cámara de Diputados, donde 11 legisladores locales presentaron una solicitud de juicio político que busca su desafuero, un proceso que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó que deberá ser ratificado el 29 de mayo para avanzar a la Subcomisión de Examen Previo. En este escenario de confrontación, el Gobierno Federal utilizó la expulsión de agentes extranjeros como prueba de su rigor nacionalista: la Presidenta Sheinbaum confirmó que se solicitó y obtuvo la salida del país de los dos agentes de la CIA sobrevivientes del accidente en la Sierra Tarahumara, argumentando que, si bien entraron con pasaportes legales, no contaban con la acreditación ni el protocolo del gabinete de Seguridad para realizar labores de inteligencia en suelo mexicano.
Esta expulsión, tramitada mediante una nota diplomática a la embajada estadounidense, sirve como el argumento central del oficialismo para justificar el asedio judicial contra una gobernadora que, según Jorge Romero Herrera, es víctima de un autoritarismo que permite violar la Constitución para silenciar a la oposición. Para el PAN, el acto en la FGR fue la oportunidad de denunciar la existencia de un supuesto “narcopacto” federal, señalando que, en el México actual, denunciar lo que se hace mal equivale a convertirse en enemigo del Estado, mientras que la gobernadora reiteraba su disposición de dar la cara porque, según sus palabras, tiene la dignidad para hacerlo frente a instituciones que percibe como facciosas.
LA “ACORRALAN”
Pero el calvario judicial para Maru Campos no termina en los pasillos de la fiscalía federal; la gobernadora enfrenta un segundo frente legal en la capital del país que amenaza con paralizar su gestión mediante un goteo constante de audiencias y citatorios. Apenas dos días después de su paso por la FGR, la mandataria chihuahuense deberá comparecer de nuevo, pero esta vez ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para atender una audiencia derivada de una denuncia interpuesta por su antecesor y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado.
Corral la acusa de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, en relación con el operativo que agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar en un restaurante de la colonia Roma Norte en agosto de 2024 para detenerlo. Aunque la fiscalía capitalina, bajo el mando de Ernestina Godoy en su momento, determinó el no ejercicio de la acción penal al no encontrar delitos que perseguir, la comparecencia actual responde a una impugnación que el propio Corral Jurado interpuso contra esa resolución, un trámite que el senador califica como jurisdiccional, pero que Campos Galván denuncia como una herramienta más del aparato federal levantado en su contra.
La audiencia, programada para el 29 de mayo en las salas de oralidad de Xochimilco, obliga a la gobernadora a mantenerse en el epicentro de la política nacional, lejos de su estado, mientras el oficialismo acelera el proceso de juicio político en San Lázaro. Javier Corral ha rechazado las acusaciones de persecución política, señalando que la mandataria distorsiona un procedimiento que técnicamente le favorece para victimizarse, aunque la coincidencia de fechas con los casos de Sinaloa sugiere que la maquinaria de Morena está operando a máxima capacidad para mantener el equilibrio de las crisis.
Esta acumulación de expedientes, que incluye desde la supuesta entrega de la soberanía a la CIA hasta viejas rencillas con su predecesor, coloca a la gobernadora de Chihuahua en una situación de asedio permanente, convirtiéndola en el contrapeso perfecto que el gobierno de Sheinbaum necesita para desviar la atención de un gobernador de Sinaloa que, a diferencia de ella, ha preferido la invisibilidad de las redes sociales para enfrentar acusaciones de haber convertido su estado en un feudo de Los Chapitos.
