En Tijuana se padece una flagrantes muestra de narcogobierno: funcionarios corruptos del Ayuntamiento y cárteles de la droga, tienen el mismo cobrador de extorsiones.
Entre octubre del 2025 y febrero del 2026, para poder trabajar, comerciantes de Tijuana pagaban por separado “piso” a integrantes de cárteles de la droga y “mordidas”, cuotas fuera de la Ley, a empleados del gobierno municipal. Pero a partir de marzo del 2026, las víctimas fueron informadas que los dos grupos de criminales tendrían el mismo recolector.
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En ese contexto, las extorsiones en Tijuana continúan, pero las víctimas aprendieron a la mala que la denuncia y las aprehensiones de extorsionadores materiales en flagrancia, no significan que obtendrán justicia, y menos que dejarán de pagar piso a los grupos delictivos.
La crisis en el tema de extorsiones en la ciudad lleva un año, y el proceso de alianza de los funcionarios corruptos con los criminales se concretó en seis meses.
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Entre mayo y junio del 2025, tras una jornada extorsiva que incluyó el incendio de locales y autos, promovida por integrantes del Cártel Jalisco aliados con el Cártel Arellano y otros delincuentes de oportunidad, algunos empresarios denunciaron y hubo detenidos.
En total, la fiscalía ha publicitado la captura de 80 generadores de violencia y la desarticulación de 40 bandas -como si fueran dos sujetos por mafia- de extorsionadores en el estado.
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En cuanto a los dos casos con homicidios ligados públicamente con temas de extorsión, después de un año, esas carpetas no han registrado avances. Lo que tampoco motiva la denuncia.
Ni en el doble homicidio de Leonel Almazán Clemente – ex policía federal- y su esposa María del Rosario Arredondo, asesinados el 28 de abril del 2025 cuando circulaban sobre la avenida Aeropuerto de Tijuana. Su propiedad, el “Yonque Federal de Grúas Arredondo”, localizado sobre la carretera libre Tecate – Tijuana, fue incendiado dos veces: una antes de su muerte, el 24 de enero, y la segunda después del asesinato, el 9 de mayo del año pasado.
Tampoco hay detenidos por el homicidio de Julio César Castillo Sáinz, propietario del “Yonke Taller 3 Castillos” en Tijuana, cometido el 29 de junio del 2025; desde julio del mismo año existen tres órdenes de aprehensión en contra de los presuntos sicarios, que no ha sido ejecutadas.
Frente a ese marco de impunidad las extorsiones continuaron, con la quema de restaurantes, taxis, locales de saldos, yonkeros, mercados de conveniencia y tiendas de curiosidades y espacios con venta de bebidas con graduación alcohólica.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2024) informó que en 2023 se registraron 2.9 millones de delitos contra empresas; de ellos, 25.5 por ciento fueron extorsiones y el 88 por ciento de esos cobros fueron a negocios pequeños en colonias.
LA NARCOALIANZA
En octubre del 2025, a la llegada del gobierno municipal de Ismael Burgueño, a las amenazas de los delincuentes se sumó la coacción de parte de empleados de reglamentos, y otras áreas del gobierno municipal; en este caso, los cobros por cuotas ilegales rondaban los tres mil pesos y 200 dólares mensuales.
Para los yonkeros este proceso no fue novedad, porque desde septiembre y octubre del 2024 ya habían denunciado junto con carroceros y dueños de talleres de autos que elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado (FGE) los estaban extorsionando; que después de cateos y allanamientos les robaban los videos de las cámaras de vigilancia, les inventaban delitos, aseguraban los locales y después les informaban que debían pagar una cantidad mensual (desde mil a dos mil, cinco mil y ocho mil pesos) para reabrir y mantenerse funcionando.
A pesar de los antecedentes, algunos sectores con víctimas continuaron denunciando las extorsiones en diciembre del 2025 y enero del 2026.
Cuando los pagos se duplicaron, las víctimas que ya estaban entregando una cuota a los cárteles “para no ser molestados” les informaron a los delincuentes que funcionarios de gobierno también los estaban extorsionando, a pesar de que pagaban por protección. Primero, estos criminales les respondieron que investigarían; posteriormente sólo les dijeron que no eran los mismos y que pagaran.
Lo peor llegó después de cinco meses, entre febrero y marzo del 2026, cuando el crimen y la corrupción superó los límites de la imaginación de las víctimas, porque fueron informados que estos dos pagos que se hacían por separado se unificarían y tendrían un solo cobrador.
Desde entonces, un hombre bien vestido, que en ocasiones usa portafolio, llegar cada mes a bordo de un taxi de plataforma y hace los cobros, sin mayores contratiempos.
Aunque esto no sucede con todos los comerciantes que están pagando piso, sí hay varios sectores afectados.
CONTINUIDAD DEL DELITO
“Todos los cárteles están metidos en la extorsión” expuso un representante del sector empresarial en Tijuana que solicitó anonimato y que ha sido informado de los mapas de calor de la inseguridad local.
“El Cártel Jalisco controla de la zona este de la delegación La Mesa hacia Tecate; de la Zona Centro hacia la delegación Playas está el Cártel Arellano; el Cártel de Sinaloa de la Ruiz Cortinez a la Otay. De repente lo pierden y luego recuperan, (pero) a la gente igual la siguen extorsionando sin importar las siglas del cártel en turno”.
“Está pasando lo mismo en Tecate, Rosarito, Mexicali y Ensenada: las mafias están metidas en las políticas tributarias a través del cobro de piso, la extorsión presencial, la extorsión telefónica y el derecho de paso para los transportistas, pero la gente tiene miedo a denunciar”, recalcó el tijuanense.
En Ensenada, durante el mes de junio “tuvimos un alza descomunal en extorsiones telefónicas sólo los fines de semana: de tener dos o tres llamadas por día pasó a 80 llamadas por día; fue realmente una locura y los negociantes muy asustados porque traían información las empresas, aunque algunos datos se pueden tener de las redes sociales” Edgar Alejandro Hernández González, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Municipio.
“De la extorsión en sitio se dice que sigue siendo alta; hablan de casos, pero a la hora de que buscamos a las víctimas nadie quiere hablar, porque se ha generado una psicosis por los homicidios de empresarios pesqueros de alto perfil con impunidad del 100 por ciento, y entonces parece como que estamos en manos de la delincuencia organizada, aunque ya que lo ves un poco objetivo, pues no parecen tan organizado”, agregó Hernández.
“Ahorita, la extorsión en el sector pesquero está más en los que hacen transacciones con pagos en efectivo, como el pescador ribereño o la langosta en Puerto Nuevo, porque saben –los delincuentes- cuánto está entregando y cuánto está recibiendo. En la langosta hay una cuota por pieza, en el camarón parece que hay un cobro por kilo. Igual que en el pescado y la almeja generosa”, explicó otro representante ciudadano de los comerciantes en el puerto.
“Sin embargo, existen otros casos del sector pesquero que ya no denunciaron, o porque se resolvió el problema o porque no se resolvió y ya no quieren broncas – prefirieron pagar-, o como un empresario que estaba en el en el tema del erizo (que) abandonó su planta. U otro empresario al que intentaron quemarle su planta, hubo un detenido y la carpeta lleva seis meses sin avances”, finalizó el representante empresarial de Ensenada.
En Tecate “…hay llamadas de extorsión; por ejemplo, en el último mes fueron 15 y las zonas afectadas, las zonas más afectadas fueron Colimas del Cuchumá, El Mayab, Zona Centro y colonia Militar. De las extorsiones presenciales, a pesar de las quemas de negocios no hay denuncias; hay rumores de cobro de piso, pero ni la autoridad ni el consejo ciudadano hemos recibido denuncias”, expuso Juan Aldrete, del Consejo Ciudadanos de Seguridad tecatense.
“Pero si el Estado no puede brindar la seguridad al demandante, las víctimas no denuncian. ¿Para qué, si no van a obtener la protección del estado?”.
GANANCIAS Y AFECTACIONES
Aunque los sectores productivos afectados son varios, a la fecha, el único estimado numérico hecho por los representantes ciudadano de Baja California es el de los yonkeros de Tijuana, donde el grupo está integrado por un promedio de 370 de estos comerciantes: 250 establecidos de forma legal y 120 “piratas”, y todos pagan tributos a los criminales.
Han hablado de dos cifras, 650 dólares hasta 900 dólares mensuales, lo que han venido entregando desde mayo del 2025, que se traduce en que, “sin hacer nada”, sólo de esta actividad productiva, en los últimos 13 meses el crimen organizado ha recolectado entre tres millones y cuatro millones de dólares (entre 50 y 69 millones de pesos).
Consultado respecto a los costos de este delito en lo nacional, Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco-Servytur), retomó los números generado por un análisis hecho al sector dado a conocer el pasado mes de mayo, indicando que “la extorsión puede representar un costo potencial de entre 0.4 por ciento y 1 por ciento del PIB, equivalente a 105 mil y 350 mil millones de pesos anuales”.
“Entre el 2025 y el 2026 se estaba normalizando el fenómeno de la extorsión entre los comerciantes; ya formaba parte de los costos de los negocios y Estados Unidos designar a estos cárteles y a todos los que les entreguen recursos, como terroristas, y agárrate”, recordó de la Torre.
Esa categoría incluye a los que pagan extorsiones. Al respecto, las cámaras empresariales hicieron campañas informativas y eso contribuyó a la reducción de la denuncia, y al esfuerzo por evitar publicitar el delito.
DENUNCIAS
Conforme al reporte oficial de incidencia delictiva de Baja California en lo que va del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, del 1 de octubre del 2021 al 31 de mayo del 2025, se han presentado 568 denuncias por extorsión, el peor año ha sido el 2022 con 173 denuncias y un promedio de 14 reportes por mes; seguido del presente 2026, con 67 denuncias en cinco meses y un promedio de 11 denuncias mensuales.
El gran problema para poder conocer las dimensiones del delito en el estado, ha sido que, en la gran mayoría de los crímenes de extorsión, las carpetas no se inician por ese delito, los expedientes de abrían por “fraude”, “amenazas”, “daño en propiedad ajena agravado por incendio” y otros similares.
ZETA solicitó al Poder Judicial del Estado, estadísticas de los juicios iniciados, abiertos y con sentencia por extorsión en Baja California, y reportaron que, del 1 de noviembre a la fecha, con 568 denuncias registradas, en tribunales se han iniciado 129 juicios lo que se traduce en una efectividad del 23 por ciento: de esos 129, se han concluido 27 carpetas, el 21 por ciento; y sólo en el 41 por ciento de estos casos, 11 carpetas, han tenido sentencias condenatorias, con 16 sujetos sentenciados.
Adicionalmente, existe el tema de que la mayoría de estas detenciones se judicializaron de acuerdo al viejo código, que por concepto de “extorsión” establecía la penalidad de 7 a 12 años de prisión, con una máxima de18 años de internamiento.
Porque son previas al endurecimiento de las penas tras la aprobación el 26 de diciembre del 2025 de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece una pena base de 15 a 25 años, que con agravantes puede llegar a una máxima de 42 años de prisión, sin opción a libertad anticipada, y ya o es necesaria la denuncia el delito se persigue de oficio.
“Porque nos dimos cuenta de primera mano que al que denunciaban lo mataban”, declaró Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras de Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo al recordar los homicidios de Julio César Almanza Armas prosecretario de Concanaco, el 30 de julio de 2024 en Matamoros, Tamaulipas; y el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), el 8 de julio del mismo año en Ensenada, Baja California.
Detalló que 20 de los estados ya cuenta con una reforma antiextorsión publicada, 10 entidades federativas tienen iniciativas en proceso, sólo Sonora y Zacatecas siguen pendientes. “Antes tenías que llegar hasta pagar para que fuera delito, ya no”, indicó De la Torre.
DEL COHECHO
Respecto a las extorsiones cometidas por funcionarios de los gobiernos que solicitan dinero a los comerciantes para permitirles trabajar, aunque al interior de los consejos ciudadanos de seguridad de Baja California conocen el caso del recaudador único que recoge los tributos ilegales del Ayuntamiento de Tijuana y de los cárteles, el presidente de la Concanaco aseguró desconocer tal situación y no haber recibido denuncias de extorsiones ejecutadas por funcionarios, pero “temas de corrupción pues siempre ha habido” dijo De la Torre.
“Por eso integramos en las peticiones y propuestas presentadas a la Federación y a los gobiernos locales el tema de disminución de la sobrerregulación. Así se logró, a través del Gobierno Federal, la plataforma que logramos la ventanilla digital que empieza con ocho trámites, que para nosotros eran más importantes tanto estatales como municipales, en donde más se daba el fenómeno de corrupción con otra modalidad de extorsión”.
Así se refirió el representante empresarial a la digitalización de cuatro trámites o permisos municipales: el uso de suelo; licencias de funcionamiento; permisos de publicidad: y protección civil. Y cuatro trámites estatales: instalación de anuncios publicitarios; licencias de venta de alcohol; Catastro; y licencias sanitarias.
Sin embargo, por encima de estos cambios anunciado, en Baja California las extorsiones continúan.
