Agente de la FESC entrega información de comerciante a criminales para que le cobren piso. Son 42 años de prisión para servidores públicos involucrados en extorsiones; ninguno ha sido detenido
“No tienen llenadera”, se quejaron comerciantes extorsionados por las autoridades, mientras a diario se acumulan las historias de terror protagonizadas por pseudo servidores públicos, que usan su cargo y poder para amenazar y obligar a ciudadanos comunes a entregarles dinero a cambio de permitirles seguir trabajando.
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Durante los últimos tres años, las víctimas extorsionadas no han dejado de llegar a las oficinas de ZETA para compartir sus amargas experiencias, rechazando la idea de presentar oficialmente las denuncias porque temen a las consecuencias, la mayoría de las veces con razones fundadas.
Tal fue el caso de Juan “N”, propietario de un taller en un local rentado en Villa Fontana en Tijuana y un tráiler que está pagando. Relató que un comando de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) lo intervino, lo acosó y le tomó una foto, imagen que ese mismo día le fue mostrada por un extorsionador que se presentó a su negocio a cobrarle piso.
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La primera semana del presente mes de julio, el auto del mecánico de la víctima se averió en la colonia Altiplano en Tijuana, y el jefe fue para arrastrarlo. Mientras iniciaban las maniobras de enganche, llegaron dos patrullas de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), una de las camionetas lo bloqueó y uno de los agentes se bajó y lo empezó a interrogar.
“¿Qué onda? ¿a qué te dedicas?”. Les respondió con sus datos, y continuaron: “…bájate del carro, préstame el celular, desbloquéalo”, lo cual aceptó argumentando “no traigo problemas”. El uniformado insistió: “¿Traes alucinaciones, armas, fotos de droga, de dinero?, ¿para quién chambea?, ¿dónde estás ubicado? ¿cómo lo hiciste para pagar el tráiler eso si cuesta un billete?”.
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Cuando negó tener relaciones criminales, fingiendo ser Juan “N”, usaron su teléfono para escribir mensajes a su pareja y contactos frecuentes, pidiéndoles “fotos de armas y mercancía”, los cuales no fueron respondidos.
Uno de los policías le tomó una foto, revisó sus documentos y lo amenazó con preguntarles a los grupos criminales, para ver si respondían por él. Envió la imagen en dos ocasiones y preguntó: “Dice el vato que trabaja para ustedes. ¿Brincan por él o qué onda?”, al parecer no tuvo la respuesta que buscaba.
Después le preguntó a la víctima si estaba pagando piso, a lo que respondió negativamente. Al final, el acoso duró alrededor de 40 minutos hasta que vieron otra camioneta nueva y se fueron, dejándolo libre.
El mismo día por la tarde, un sujeto en una camioneta RAM llegó al taller del afectado, le habló por su nombre y lo cuestionó: “¿Por qué no estás pagando piso?”, le mostraron la foto tomada por el agente esa mañana y después de un breve intercambio de palabras le dijeron que debía pagar 600 dólares mensuales, prometiendo: “Cualquier bronca que tengas, si un cliente se pone pendej… si te llega a molestar al Ayuntamiento, la autoridad que sea, te dejamos un número de teléfono, nos llamas y nosotros lo arreglamos”.
En otro caso recibido por este Semanario, le preguntaron al dueño de una yarda: “¿Cuánto dijiste que había que pagar a Robo de Vehículos para que te dejaran chambear?”, a lo que respondió: “12 mil pesos de entre”. “¿Y mensual cuánto quieren?”, contestando, “cuatro mil pesos mensuales”.
“Más vale pagar porque son expertos en sembrar placas y series de autos robados; llegan, entran, las tiran y luego las encuentran milagrosamente. Todavía peor, ahora presentan predenuncias de robo, de carros que están en los yonkes, aseguran el local y luego nos obligan a pagar para liberar la yarda. Después no pasa nada con la supuesta investigación, y los carros presuntamente robados nos los dejan tirados afuera del negocio”.
A un yonkero que tiene varias yardas y mucho dinero, pero no pagaba piso, “…le llegó la FGR y le sembraron fentanilo; para afectar la defensa, se llevaron las cámaras de seguridad y los DVR de él y de sus vecinos. Al final salió libre y está firmando. Pero luego llegaron al negocio diciendo que tenían una denuncia por secuestro, no encontraron ninguna víctima, pero apareció una placa de auto robado y al final le sacaron 100 mil pesos para no hacer ningún reporte que lo afectaría por estar firmando”.
Con el cohecho normalizado, dueños de talleres mecánicos y de carrocería manifestaron a este Semanario: “Sinceramente sí estamos pagando, pero era poquito mil 500 mensuales; cuando llegó Burgueño – alcalde con licencia de Tijuana-, le subieron al doble, pero nos opusimos; y ahora quieren tres mil 500 pesos mensuales”.
Cuando las fuerzas del orden, que están obligadas a combatir la extorsión, se unen a la rapiña, se borra la línea entre gobiernos y criminales, los miedos crecen y la desconfianza en las autoridades se profundiza. Entonces, ciudadanos honestos terminan por sistematizar el cohecho y el abuso de poder, integrando el pago de sobornos a sus gastos fijos, convirtiéndose, a la vez, en víctimas secuestradas por la corrupción oficial y en cómplices del delito. Protagonistas de un círculo viciosos que corroe la sociedad que aumenta la violencia, la inseguridad, debilita las instituciones y la economía.
La nueva legislación antiextorsión establece penas de hasta 42 años de prisión para servidores públicos involucrados en este delito, pero esto no significa nada si las fiscalías no se aplican en las investigaciones, menos cuando permiten que su personal, sea de robo de vehículos, de narcomenudeo o de otras áreas, siga extorsionando.
Los Planes Nacional y Estatal contra la Extorsión son letra muerta si no hay resultados; la confianza ciudadana se gana capturando y procesando a los funcionarios chantajistas que cobran piso igual que los criminales, lo que no ha sucedido.
