La fiscal de la Unidad Antiextorsión de la FGE estimó que las denuncias por este delito aumentaron alrededor de un 20 por ciento respecto al año pasado y señaló que el miedo continúa siendo el principal factor que inhibe a las víctimas a denunciar.
Publicidad
La ciudad de Tijuana concentra actualmente la mayor incidencia de extorsiones en Baja California, con los comerciantes entre los principales afectados y la Zona Este como el área donde se registra el mayor número de denuncias, informó Gisela Rodríguez, fiscal de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aunque indicó no contar con cifras precisas de extorsión, estimó que las denuncias por este delito han aumentado alrededor de 20 por ciento durante este año en comparación con 2025.
Publicidad
Asimismo, la funcionaria señaló que uno de los principales retos para combatir la extorsión sigue siendo la falta de denuncias, ya que muchas víctimas deciden no acudir ante las autoridades por temor a represalias.
“Tenemos que promover más la difusión para que las personas se acerquen a denunciar. Sabemos que por el miedo no lo hacen, pero es importante que tengan esa confianza con la autoridad para que nosotros podamos intervenir”, comentó.
Publicidad
Rodríguez indicó que la Fiscalía recibe reportes de distintos sectores, aunque los comerciantes continúan siendo quienes con mayor frecuencia solicitan apoyo por este delito.
Al respecto, Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), señaló que durante la actual gestión del organismo han atendido al menos 18 casos relacionados con presuntos cobros de piso y extorsiones, principalmente de pequeños comerciantes y empresarios.
Detalló que entre las víctimas que se han acercado al organismo se encuentran propietarios de refaccionarias, grúas y yonkes, quienes posteriormente han sido canalizados ante la Fiscalía para presentar las denuncias correspondientes.
Asimismo, indicó que representantes del sector médico, restaurantero y otros empresarios han reportado haber sido objeto de intentos de extorsión o cobro de piso, por lo que consideró necesario reforzar la difusión sobre los mecanismos de denuncia y atención disponibles para las víctimas.
Sobre el sector salud, Rodríguez señaló que las denuncias relacionadas con personal de salud representan alrededor del 3 por ciento de los casos que atiende la Unidad Antiextorsión.
“Hemos invitado al fiscal regional y a los responsables de la Fiscalía de delitos de extorsión y cobro de piso para que le digan a los ciudadanos qué hay que hacer, qué protocolo, modelo de actuación, a quién recurrir aparte del Consejo Ciudadano”, señaló Campbell.
En ese contexto, la fiscal indicó que las llamadas telefónicas siguen siendo la modalidad de extorsión más común, aunque también se presentan casos mediante amenazas directas o mensajes escritos. En los fraudes telefónicos, explicó, las cantidades exigidas registradas en denuncias suelen oscilar entre los 2 mil y 5 mil pesos.
Respecto a los responsables, precisó que no todos los casos están relacionados con grupos del crimen organizado, pues consideró que una parte importante de las extorsiones es cometida por personas que actúan de manera independiente y aprovechan información obtenida de las propias víctimas para dar credibilidad a las amenazas.
“Muchas veces nosotros mismos proporcionamos nuestra información. En espacios públicos, cuando contestamos una llamada o incluso en redes sociales damos datos que después utilizan para intimidarnos”, refirió.
Añadió que continúan detectándose llamadas realizadas desde centros penitenciarios del país, aunque en menor medida que en años anteriores. Así como que, en el caso de las extorsiones telefónicas, aproximadamente el 10 por ciento de las personas que reciben este tipo de llamadas terminan realizando algún pago.
En ese sentido, explicó que cuando un reporte se recibe a través del número de denuncia anónima 089, personal de investigación brinda atención a la víctima; sin embargo, en algunos casos éstas deciden no continuar con el proceso.
En relación con el incendio registrado durante el fin de semana en un negocio de Playas de Tijuana, relacionado de manera extraoficial con un presunto cobro de piso, la fiscal señaló que hasta el momento la FGE no había recibido una denuncia por esos hechos, por lo que dijo desconocer si existía una investigación por extorsión derivada del caso.
Finalmente, estimó que alrededor de la mitad de las carpetas de investigación por extorsión logran judicializarse. Aunque no precisó cuántos grupos delictivos han sido desarticulados, aseguró que las investigaciones avanzan cuando las víctimas aportan información para la integración de las carpetas.
