El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, reapareció el 25 de junio de 2026 en actividades ordinarias del Senado de la República luego de 57 días consecutivos de ausencia, al incorporarse de forma virtual a una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia en la que se recabaron opiniones para la integración de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, ordenamiento con nueve años de atraso en su expedición.
La reaparición del legislador sinaloense ocurrió en un contexto de intensa presión institucional. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Inzunza Cázarez ante la jueza federal Katherine Polk Failla, en el expediente S9 23 Cr. 180, junto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. El DOJ señala al legislador como presunto enlace entre los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— y el propio Rocha Moya. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento, con penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua en el sistema judicial estadounidense.
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La última aparición oficial de Inzunza Cázarez en el Senado databa del 29 de abril de 2026, fecha en que todavía se preveía su participación en las sesiones de la Comisión Permanente. Durante la reunión del 25 de junio, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador también morenista Javier Corral Jurado, evitó mencionar el nombre del legislador sinaloense durante el pase de lista, pese a destacar que la sesión contaba con quórum suficiente para dictaminar en caso necesario.
La trayectoria parlamentaria de Inzunza Cázarez durante los dos meses previos estuvo marcada por una serie de episodios de zigzagueo y gestión de imagen. El 26 de mayo de 2026 compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán sin representación legal, actuando como defensor de sí mismo. Dos días después, el 28 de mayo, solicitó una licencia de apenas 22 horas durante el periodo extraordinario para que su suplente, Omar Alejandro López Campos —ahijado del propio Rocha Moya y secretario del Bienestar en Sinaloa— tomara protesta en su lugar; esa misma noche el legislador fue fotografiado en la ceremonia de graduación de la Prepa Tec del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Culiacán. Se reincorporó formalmente al cargo a las 2:58 horas del 29 de mayo del mismo año.
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El 22 de junio de 2026, el legislador fue cuestionado por no haber asistido a la sesión a distancia de la Comisión de Derechos Humanos. Pese a la exclusión que le impuso el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, de las sesiones de la Comisión Permanente durante el receso legislativo —con el argumento de evitar un “show mediático”—, Inzunza Cázarez continuó recibiendo íntegramente su dieta legislativa, dado que no existía una resolución judicial o administrativa que suspendiera sus derechos como senador.
El 17 de junio de 2026, el legislador sinaloense publicó en redes sociales un extenso mensaje de tono autobiográfico en el que reiteró su voluntad de honrar su mandato hasta 2030, lo que analistas interpretaron como una señal de que no buscará la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, proceso interno que Morena abrió el 22 de junio para definir coordinaciones estatales de cara a los comicios de 2027. Citlalli Hernández Mora, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reconoció ese mismo mes que Inzunza Cázarez “no atraviesa su mejor momento de reputación”, aunque precisó que de decidir registrarse como aspirante, la comisión tomaría las valoraciones correspondientes, incluyendo consultas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.
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La reaparición del senador en el Senado coincide con el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha declinado en reiteradas ocasiones pronunciarse sobre la posible candidatura de Inzunza Cázarez a la gubernatura sinaloense, delegando en Morena cualquier decisión al respecto. “No lo sé, porque no me corresponde, le corresponde al partido Morena”, declaró la mandataria nacional el 17 de junio de 2026 durante la Mañanera del Pueblo.
En el plano judicial estadounidense, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y primer acusado en entregarse voluntariamente a las autoridades de EE.UU. —al cruzar desde Hermosillo hacia Arizona el 11 de mayo de 2026—, tiene programada su próxima audiencia ante la jueza Polk Failla para el 4 de agosto de 2026. Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregó el 15 del mismo mes y año. Los ocho acusados restantes, incluido el propio Inzunza Cázarez, permanecen en México.
