Aspirantes de Morena y aliados a candidatura por gubernatura de BC el próximo año, adelantan proceso por desesperada necesidad de posicionarse; mayoría abandonó cargos a los que fueron votados
La consecuencia más clara de la avaricia por el poder que se vive dentro de Morena Baja California, es que son 10 los aspirantes a la candidatura del partido oficial a la Gubernatura de la entidad a disputarse el próximo año.
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Sin una corriente política oficial identificada, sin un alfil que ofrezca continuidad a un proyecto en el que se identifique la mayoría, todos se perciben elegibles por méritos propios -aunque ninguno los tenga- como próximo (o próxima) líder político y moral para los siguientes seis años, seguros de que la marca Morena les garantiza el triunfo, al menos en 2027.
Hay candidatos que le simpatizan más a la gobernadora, pero no hay uno considerado oficial. Esto a pesar de que la carrera de una de ellas, la de la senadora Julieta Ramírez Padilla, no podría entenderse sin el empuje y respaldo político y financiero del gobierno de Ávila Olmeda a través de su secretario del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán.
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10 perfiles diferentes, 10 aspirantes que tienen enfrentamientos claros entre ellos, que tienen la brújula ideológica desviada, que sólo en Morena podrían ser considerados candidatos serios a contender por el máximo cargo en Baja California, y de los cuales la mayoría compitió por un cargo de elección popular apenas en 2024.
Ismael Burgueño Ruiz es alcalde con licencia (quien hace dos años no figuraba en ningún lugar); Julieta Ramírez Padilla es senadora de la República con licencia, al igual que Armando Ayala Robles, que dejó un boquete financiero enorme en ISSSTECALI cuando fue edil en Ensenada; Fernando Castro Trenti, diputado federal con licencia, abandonó el PRI en 2019, al “darse cuenta” que era de “izquierda”, cuando toda su vida luchó contra ello; y la “pre pre” campaña de Evangelina Moreno, diputada federal con licencia, carece de identidad y de argumentos para ser considerada una aspirante con seriedad.
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También están Jesús Alejandro Ruiz Uribe, el exdelegado del Bienestar que fue “corrido” por desobedecer a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y promoverse electoralmente desde el año 2025; Alfredo Álvarez, expriista y ex secretario general de Gobierno de Marina del Pilar; y José Anselmo Jiménez Vega, el aspirante pintoresco en el proceso electoral.
A estos nombres se les suma la representante del PT y de Jaime Bonilla Valdez, Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana, que no creó cuadros en su gobierno, sino que prefirió cargar con un gabinete de innombrables y corruptos; y Jorge Ramos Hernández, diputado local con licencia del PVEM, el cual ya aprendió a hacer negocio de las campañas electorales, pues ha competido en tres de las cuatro últimas elecciones para diversos cargos y partidos (al senado por el PAN, en 2018; a la alcaldía de Tijuana en 2021; y diputación local en 2024 por el PVEM).
Esto es lo que ofrece el partido político más poderoso de Baja California. Un total de 10 aspirantes a convertirse en el coordinador estatal de la Defensa de la 4T, un membrete inventado por el partido, cuando en realidad significa que será el candidato a un proceso electoral que aún no arranca de manera oficial, lo cual sucederá en septiembre de 2026, pero que, para evitar la Ley, llaman “coordinación estatal”.
Marina del Pilar no dejó proyecto ni sucesión concertada: no creó cuadros fuera de sus amistades para encontrar posibles morenistas que siguieran ese llamado “segundo piso”, ni construyó unidad dentro del partido; es más, no construyó un partido. Diputados y alcaldes tampoco hicieron su trabajo por su proyecto y, ahora, las consecuencias de su abandono e incapacidad son la falta de identidad y de proyecto futuro, lo que culmina con la estampida de aspirantes. Todos creen que pueden ser el o la abanderada, seguros de que obtendrán el triunfo bajo las siglas de un movimiento que se cae a pedazos por las sospechas de corrupción, de manera particular por los embates del Gobierno de los Estados Unidos, que ha sostenido una política de retirar visas e investigar a políticos mexicanos ligados a grupos de la criminalidad organizada.
En Morena, en la soberbia del partido oficialista que todo lo controla, todos aspiran a obtener la candidatura al Gobierno del Estado para competir en 2027, y disfrutar las mieles del poder… Porque tratándose de proyectos, políticas públicas, ya demostraron la mayoría que lo suyo no es construir, hacer obra o mejorar las condiciones de vida de los bajacalifornianos; y para muestra, ahí están los resultados de los cargos que abandonaron, en su avaricia de poder, para buscar suceder a Marina Ávila Olmeda.
