El periódico The New York Times reveló el 27 de junio de 2026 que el Gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, por corrupción, y que al menos 12 funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y legisladores, muchos del partido gobernante— se han ofrecido discretamente a las autoridades estadounidenses como informantes del Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump.
Según cinco personas familiarizadas con las investigaciones, citadas por el diario neoyorquino bajo condición de anonimato, Durazo Montaño y Villarreal Anaya figuran como “objetivos” de indagatorias estadounidenses por corrupción. El Times precisó que varios de esos funcionarios buscan adelantarse a investigaciones que temen que pronto se centren en ellos.
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Las revelaciones del Times se producen en el contexto de una escalada sostenida de presión diplomática que la Administración de Trump ejerce desde 2025 contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Según reportó la agencia Reuters el 14 de octubre de 2025, el Gobierno de EE.UU. había revocado visas a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría militantes o ligados a Morena. Fuentes del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) confirmaron al semanario ZETA de Tijuana, el 3 de junio de 2026, que las visas de Durazo Montaño y Villarreal Anaya se encuentran efectivamente revocadas en el sistema —pese a las negativas públicas de ambos mandatarios—, sumándose al precedente de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya visa fue cancelada en mayo de 2025.
La ola de cooperación con Washington habría sido originada por una iniciativa de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que busca contactar en privado a funcionarios mexicanos para que colaboren con las autoridades estadounidenses, luego de acusaciones formales contra servidores y exservidores públicos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La ofensiva ya alcanzó su expresión más grave en mayo de 2026, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el Distrito Sur de Nueva York.
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Marco Antonio Rubio García, titular del DOS, ha reiterado en distintas ocasiones que contar con una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que cualquier proceso anticorrupción estadounidense contra funcionarios mexicanos debe estar respaldado por evidencias verificables y comunicado a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de los canales institucionales correspondientes.
