La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el 25 de mayo de 2026, en conferencia mañanera en la Ciudad de México, que los citatorios girados por la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no implican imputaciones, sino entrevistas derivadas de investigaciones en curso. “Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino es sencillamente entrevistas”, sostuvo la mandataria nacional.
El 23 de mayo del mismo mes y año, durante su visita a Tabasco, la titular del Poder Ejecutivo Federal había adelantado la misma postura. “No tiene nada de político. ¿Por qué va a ser político? Es un procedimiento”, afirmó entonces. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) respaldó esa lectura mediante un comunicado en el que aclaró que los citatorios emitidos a autoridades de ambas entidades corresponden a un asunto de procedimiento y que la FGR actúa con fundamento en la ley y sin interés político.
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Sheinbaum Pardo explicó que, en el caso de Chihuahua, la Fiscalía investiga la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. en un operativo realizado los días 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses. La indagatoria busca determinar si existió autorización o conocimiento oficial sobre la presencia de personal extranjero en territorio mexicano. “Ha entrevistado a varios de la Fiscalía de Chihuahua, en fin, por lo que hemos visto pues tiene varias entrevistas y como parte de los procedimientos entiendo que llamó a la Gobernadora también a una entrevista”, detalló. El caso detonó luego de que medios de EE.UU. revelaron que los agentes fallecidos participaban en operativos contra laboratorios de metanfetamina en la entidad sin permiso del Gobierno de México.
Respecto a Sinaloa, la presidenta de la República explicó que la FGR abrió una investigación derivada de la solicitud de detención urgente con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra diez ciudadanos mexicanos. “También entre otros muchos casos del caso de Sinaloa, que debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 mexicanos, pues también abrió una investigación”, dijo. La acusación, presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, señala que funcionarios y mandos de seguridad sinaloenses habrían brindado protección, información y respaldo operativo a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia EE.UU.
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La FGR confirmó el 23 de mayo de 2026 que citó a rendir entrevistas ministeriales a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios acusados por autoridades estadounidenses. Entre los señalados figuran Marco Antonio Almanza Avilés, ex comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefe de la misma corporación; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública estatal; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex mando policial, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, identificado como ex comandante municipal.
Rocha Moya reapareció públicamente el 23 de mayo de 2026 tras 22 días de ausencia para responder al citatorio de la FGR. El gobernador con licencia afirmó que no tiene nada que temer y anunció que acudirá al llamado de la Fiscalía con la frente en alto. La aparición del exmandatario sinaloense se produjo semanas después de que autoridades de EE.UU. lo señalaran por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, acusación que lo llevó a solicitar licencia al cargo.
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El senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza, también confirmó haber recibido citatorio de la FGR el 23 de mayo de 2026 y anunció que comparecerá de forma personal sin recurrir al fuero constitucional que le corresponde como legislador en funciones. “Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución”, escribió en la red social X. Inzunza fue señalado el 30 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York junto con los otros nueve funcionarios sinaloenses.
Campos confirmó que recibió personalmente la notificación y que comparecerá ante la FGR el 27 de mayo de 2026 a las 10:00 horas. La gobernadora cuestionó el llamado pese a contar con fuero constitucional y acusó un uso político de las instituciones federales. “Bueno, pues ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, expresó tras recibir el documento. El dirigente del PAN, Jorge Romero, anunció el 24 de mayo del mismo mes y año un plan de defensa a favor de la panista y acusó al oficialismo de usar de manera facciosa a las instituciones del Estado para intimidar a gobiernos de oposición, mientras encubre a sus propios integrantes señalados por vínculos con el crimen organizado.
El ex presidente Vicente Fox también se pronunció en defensa de Campos el 24 de mayo de 2026 y la calificó como víctima de persecución política. “México se encuentra cada vez más dividido, con un miedo creciente y peligrosamente concentrado bajo una sola fuerza política. El mundo debe prestar atención”, escribió en redes sociales. Fox cuestionó la falta de avances en las investigaciones contra gobernadores morenistas señalados por presuntos nexos con el crimen organizado y demandó: “¿Dónde están las investigaciones sobre las graves acusaciones contra políticos y gobernadores de Morena?”
